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En este país los ciudadanos, empresarios y entidades públicas deben adelantar 68.485 trámites y procesos administrativos ante entidades del Estado. Más del 90 % de esas diligencias (61.864) tienen que realizarse de forma presencial, apenas 1.305 se pueden hacer totalmente en línea (menos del 2 %) y 5.316, parcialmente.
Estas cifras que aparecen en los considerandos del Decreto-Ley 491 del 28 de marzo de 2020 -una de las normas expedidas por el Gobierno bajo el estado de emergencia- hacen evidente que la administración pública en Colombia está muy lejos todavía del mundo digital.
En materia de trámites notariales, desde 2016 se habilitó a las notarías para prestar sus funciones por medios electrónicos; sin embargo, no se expidieron los reglamentos necesarios. De haberse hecho, muchas actividades económicas hubieran continuado funcionado sin poner en peligro la vida y salud de los colombianos, ni en riesgo los derechos, pagos, negocios, transferencias e inversiones de los usuarios.
Una de las actividades estatales más afectadas con el aislamiento de la población es la administración de justicia. La cacareada justicia digital es aún una quimera y actualmente los trámites judiciales que afectan al ciudadano del común se encuentran suspendidos, salvo en casos específicos como la tutela.
Como lo advirtieron distinguidos catedráticos en una conferencia la semana pasada, a propósito del mencionado Decreto-Ley 491 de 2020, en los estados de emergencia el Estado debe seguir funcionando como un todo. Si se suma a la casi total parálisis de la justicia, la del Congreso de la República, en esta crisis estamos en manos del Poder Ejecutivo, lo cual no es sano para la democracia y dilatará aún más la posibilidad de que algún día haya una nueva normalidad. Mientras la Corte Constitucional ejerce el control sobre las medidas adoptadas por el Gobierno, enfrentaremos hechos cumplidos.
En la misma conferencia se advirtió con razón que dicho decreto-ley extendió demasiado los plazos para atender el derecho de petición ante las autoridades. Esto va en contra de la transparencia y la participación ciudadana.
Esta plaga hará mucho más daño debido a que en muchos frentes el Estado en Colombia lleva más de 200 años en construcción.
@jcgomez_j
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