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Tanto el congreso de hospitales y clínicas como la Audiencia Pública convocada por la Corte Constitucional en seguimiento a la sentencia T-760, celebrados el 9 y 10 de mayo en Bogotá, concluyeron que el modelo creado por la Ley 100 “va en detrimento del derecho fundamental de la sociedad”, por cuanto la actividad de los mercaderes de la salud ha creado un estado permanente de inconstitucionalidad.
Diecinueve años después de promulgada la Ley 100, se evidencia el error del Estado al imponer un método sin elaborar previamente la ley estatutaria del derecho a la salud. La carencia del marco jurídico ha resultado en ineficaces intentos de enmiendas, viciados por conflictos de interés, como la Ley 1438, sobre la que pesa el delito de concusión, denunciado por Daniel Coronell en su columna “Un congresista a sueldo” (Semana, 23-07-2011), que alude al hallazgo de un correo del representante Holger Díaz al señor Palacino, de Saludcoop. “Te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas. Te quiero molestar porque hace dos meses no han vuelto a consignar. Nit 804010319-3”, dice el correo.
En el foro político del Congreso de Hospitales, Simón Gaviria recordó que presentó un artículo prohibitivo de la integración vertical que, aprobado en sesión plenaria, desapareció en la conciliación de la 1438. El personaje de la columna de Coronell integró dicha comisión.
No le queda bien a la ministra Londoño ufanarse de las bondades de tal ley, aprobada con ilicitudes de ese talante. El magistrado Iván Palacio expresó que “causa inmensa preocupación que los diferentes órganos estatales no comprendan aún los compromisos de un Estado social de derecho”.
En la audiencia pública, Saúl Franco, vocero de la Comisión de Seguimiento, afirmó que “la cuestión no es de engrasar la máquina, sino de cambiar de maquinaria” para concertar una reforma que anteponga la vida y el bien-vivir de todos al enriquecimiento de algunos con la complicidad del Estado.
Entusiasma que por encima del fraude, la ilegalidad y la corrupción que caracterizan al modelo colombiano de salud, la Asociación de Hospitales haya lanzado un llamado de acción para instaurar ese nuevo sistema. Juan Carlos Giraldo, director de la entidad, señaló que el nuevo régimen debe priorizar la promoción y la prevención de la salud, rectoría lógica en la racionalización de la eficacia clínica y económica de los servicios.
La convocatoria a la sociedad civil consagra la propiedad colectiva del régimen de salud. Los movimientos sociales de protesta pacífica, conocidos en los últimos años como de ‘Indignados’, son referentes para forzar a los poderes del Estado a realizar el cambio del modelo, ajustado al derecho de los colombianos a la salud. Este derecho se arraiga en la dignidad humana como valor absoluto.
*Fernando Galindo G. Doctor en cirugía dental.
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