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Mientras batallamos contra el enemigo invisible que nos puede acechar desde cualquier rincón, la otra epidemia, la de siempre, va caminando tranquila y se mueve a sus anchas en la calle y en la casa. Para ella no hay cuarentena ni confinamiento que valga, porque al encerrarnos se crece en esos lugares que deberían generar protección. Es la violencia que no para. Nuestra epidemia eterna, para la que no hemos encontrado cura ni vacuna que haya servido.
En los hogares se ha disparado en tiempos de confinamiento porque muchas víctimas se ven obligadas a convivir 24 horas con su victimario. Es la desgracia de dormir con el enemigo. Como ha ocurrido con todos nuestros problemas sociales, también la violencia contra las mujeres y los niños se ha desbordado en la pandemia. Las cifras son escandalosas y las autoridades y entidades sociales que intentan atenderla no dan abasto para responder ante la multiplicación de los casos.
Tampoco ha parado la violencia política en las regiones. Mientras en las grandes ciudades el homicidio ha bajado en la cuarentena y eso hay que aplaudirlo, los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados han seguido. El caso más dramático, porque involucra menores de edad, ocurrió en la vereda La Consolata, en el municipio de Piamonte en el Cauca, el fin de semana pasado. Un campesino fue asesinado y masacraron también a sus dos hijos menores de edad. La esposa logró salvarse y huir con su hijo más pequeño. Ella se llama María Josefa Arroyo y su esposo muerto, Hamilton Gasca. Las amenazas llegaron de tiempo atrás porque María Josefa forma parte de una asociación campesina en la región. Una de sus compañeras relató que ya no saben de dónde vienen las balas porque los han amenazado “los Cobras”, “los Escorpiones”, “los del Sinaloa” y las disidencias de las Farc.
Además de la tragedia de esta familia, reporta el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) que en el mes de marzo no cedió la violencia política a pesar del confinamiento. La entidad confirma 13 asesinatos y reporta que “la violencia de tipo letal estuvo dirigida principalmente contra activistas políticos regionales y dirigentes de juntas de acción comunal”.
Quiero dejar los nombres de las víctimas en estas líneas en un intento por que no se olviden en el limbo de los sin rostro porque sus muertes han pasado inadvertidas: Julio Gutiérrez Avilés, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Esmero de Campoalegre, Huila. William Ramiro Montoya, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Antioquia de Tarazá, Antioquia. Marcos Rivadeneira, integrante del movimiento político Congreso de los Pueblos y presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís, Putumayo. Ángel Ovidio Quintero, presidente del Concejo de San Francisco, Antioquia, y dirigente de la Asociación de Mineros Artesanales. Ivo Humberto Bracamonte, exconcejal de Puerto Santander, Norte de Santander. Didian Erley Agudelo, exconcejal de Campamento, Antioquia. Ómar Guasiruma Nacabera y Samper Guasiruma, dirigentes indígenas del cabildo embera-chamí en Bolívar, Valle del Cauca. Carlota Isabel Salinas, representante legal de la Organización Femenina Popular en San Pablo, Bolívar. Jorge Macana, coordinador del proceso de sustitución de cultivos ilícitos en el El Tambo, Cauca. Alexis Vergara, sindicalista de Caloto, Cauca. Astrid Conde, excombatiente de las Farc asesinada en Bogotá. Luis Soto, exconcejal de La Apartada, Córdoba.
Fueron asesinados mientras estamos encerrados batallando por la vida. Espero que cuando se abran las puertas y volvamos a la calle no se nos olvide que hay otra epidemia que nos está acabando.
Nota. Información de las víctimas tomada del reporte de marzo de 2020 del Cerac.
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