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Si queremos que las Instituciones Democráticas y Administrativas, y en general todo el engranaje de nuestro Estado de Derecho, funcione correctamente, no nos debe dar miedo pedir una Reforma a fondo del Congreso de la República, que, es donde se cocinan todo tipo de delitos contra la Administración Pública.
Lamentablemente, es el órgano legislativo más cuestionado, y sin embargo, el encargado de dictar las Leyes, que, regulan el diario convivir de la Nación.
Es claro que una reforma de esta magnitud, no la aceptarían los Señores Congresistas, puesto que iría en contra de sus propios intereses. Para que esto ocurra, indudablemente que hay que acudir al Constituyente Primario, que sea él, quién mediante convocatoria popular de un Referendo, se pronuncie en las urnas sobre el modelo de Congreso que queremos. Si bien es cierto que la Reforma a la Justicia, es de su competencia, también lo es, que dicha Corporación Legislativa, no está exenta de una cantidad de intereses, que, lo mantienen en la mira, especialmente de quienes ostentan como Magistrados de las Altas Cortes, u otros cargos del alto Gobierno.
Considero que mientras los máximos organismos judiciales, – sobre los cuales recae la delicada misión de administrar pronta y cumplida justicia-, sean entes que estén bajo la nominación de las máximas Corporaciones Legislativas, jamás podrán actuar con independencia. Los hechos ocurridos en los últimos años, nos están dando la razón: Micos que en un abrir y cerrar de ojos se convierten en orangutanes, como el que le pretenden colgar al proyecto de Reforma a la Justicia, para la reelección del expresidente Uribe; Parapolítca, farcpolítica, Estupefacientes, con buena parte de congresistas en las cárceles y cientos en la antesala de la prisión; la salud de los Colombianos totalmente saqueada, y en fin, toda una parafernalia de delitos de toda índole, que ya nos tienen al borde del abismo.
Hemos visto cómo, en el trámite Legislativo de Reforma a la Justicia, se presentan y se seguirán presentando dificultades, debido al maridaje que existe entre los tres Poderes Públicos, que si bien, como lo señala la Carta Constitucional, tienen funciones separadas, pero “colaborarán armónicamente en el desempeño de sus funciones” no quiere decir, que se entrelacen en un intríngulis Jurídico – Administrativo, de nunca acabar. Todos hemos presenciado con horror el llamado choque de trenes entre los tres Poderes Públicos, que lamentablemente están regulados y controlados por el Congreso de la República. Es claro, que, entre una y otra Rama, existen intereses de quienes las ostentan, y muchas veces oscuras intenciones, para favorecer acciones nada santas de quienes ejercen funciones del orden Nacional, Departamental y Municipal.
Soy de los que cree que la Reforma a la Justicia, en los actuales momentos, no debe estar en manos del Congreso de la República, por la sencilla razón, que no tiene autoridad moral para señalar a los ciudadanos, el camino adecuado para crear escenarios que permitan una administración de justicia con prontitud, independencia y transparencia. Pretender que Institución Democrática tan cuestionada, venga a dictarnos cátedras de moral y la forma de administrar justicia, es pecar hasta de ingenuos, y no entender que cuando el agua viene sucia desde la cimiente, va dejando en su recorrido toda una gama de impurezas que al llegar finalmente al organismo surtidor, produce en los consumidores, toda una parálisis de funcionalidad o la muerte de quienes de muy buena fe la han utilizado.
¿Pero cómo podría ser ese modelo de Congreso que añoramos?
1º- Abogar por un Congreso Unicameral, y que se reduzca el número de congresistas a menos de la mitad, pero con representación de todas las Regiones.
2º- Que nadie pueda ser reelegido congresista, por máximo una sola vez.
3º- Que las dietas y honorarios sean únicamente por sesiones de Constitucionalidad y convocatorias extraordinarias, pero con plena justificación.
4º- Que se cree el Tribunal de ética del Congresista, – independiente del Congreso-, con el fin de vigilar el buen desempeño de sus funciones, o promover la revocatoria de su investidura, en caso de incumplimiento de sus labores.
5º- Que los partidos políticos, estén desparlamentarizados y sean responsables por el aval que otorguen a los aspirantes al Congreso, su pena de recibir fuertes sanciones, en caso que el aforado resulte con problemas de incompetencia.
6º- Que las dietas parlamentarias, sean proporcionales a su asistencia y proyectos de Ley aprobados.
7º- Que los aspirantes, antes de ser avalados, presenten al directorio o movimiento político el proyecto legislativo que pretenden desarrollar como Legisladores.
8º- Que las UTL, sean reducidas a tres asistentes por Congresista.
9º- Que las pensiones de jubilación de los Congresistas, estén reguladas por un tope máximo, si es que a su retiro reúnen los requisitos para adquirirla.
10º- Que nadie pueda aspirar a Congresista, cuando haya incurrido en sanciones disciplinarias promovidas y ejecutadas por los Organismos de Control y la Fiscalía.
Como sé que una sola golondrina no hace verano, pongo a consideración de los reformistas del Congreso de la República, estas humildes ideas, que aunque parezcan descabelladas e injenuas son el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en la máxima Corporación Legislativa de nuestro País. Para peor desgracia, gran parte de las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, también padecen de los mismos males, que sin lugar a dudas deben ser sometidos al mismo rigor de reforma.
¡Qué vergüenza! Pero, la solución está en nuestras manos.
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