Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El editorial del domingo (“Definiendo el marco”, mayo 6/2012) me parece que comete un error conceptual serio debido a la mala interpretación que hace del contenido del llamado marco jurídico para la paz.
Lo describe como un esfuerzo de priorización de las causas más graves de derechos humanos. Si fuera así, lo aplaudiríamos y suscribiríamos de inmediato.
El problema es que el marco jurídico no es un esfuerzo por establecer criterios para priorizar ciertos casos. Por el contrario, la enmienda constitucional persigue: “…autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados” (cita textual).
Es decir, los fiscales y jueces podrían abandonar completamente el procesamiento penal de guerrilleros, paramilitares y militares responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, simplemente porque no son los “máximos responsables”, según lo defina el Congreso.
Más aún, el texto de la enmienda dispone literalmente que el Congreso “…podrá mediante ley… establecer los casos en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena”, sin ningún tipo de restricción, de tal modo que podría beneficiar nada menos que a los “máximos responsables” de las peores atrocidades —crímenes que caen bajo la jurisdicción de la CPI—.
José Miguel Vivanco. Director HRW-Américas. Washington.
Todo se sabía
Sobre el artículo “El impasse de la BMC”, publicado el día de ayer, vale preguntarse: ¿fue legal la operación de la Bolsa Mercantil de Colombia como garante de las operaciones ante el banco Colpatria? Es decir, ¿los estatutos de la Bolsa permiten que ésta se prestara a dar fe y garantía con sus activos ante una entidad bancaria por los hechos desastrosos y deshonestos de un tercero? Hasta donde entiendo, la Bolsa no podía firmar esta garantía; y de una operación siniestrada por fraude salió otra aún más peligrosa, pues termina pagando un tercero. Dado lo anterior, ¿fue negligencia de los directivos de la Bolsa hacer esta garantía? No creo, toda la operación desde el principio estuvo diseñada para un fraude: el ganado no existió los gps del ganado nunca se instalaron, hay compraventas de las acciones del dueño del ganado entre ellos mismos (su familia). Todo indica que esta operación con Colpatria se hizo por evitar un problema que estalló en su momento, y el dueño del ganado no tenía las pólizas de seguro pagadas y al día; por lo cual, Colpatria le hizo firmar un documento que exoneraba de este tema de póliza, y le presta la plata. Para esto la Bolsa, en su afán de apagar el chicharrón, acepta ser garante del crédito. Todo se sabía desde el principio, esa plata no se va a pagar.
Sergio Romero. Bogotá.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.
Conoce más