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Todo está listo para que la Corte Constitucional mueva sus primeras fichas dentro de una larga lista de pendientes que tienen que ver con asuntos de todo el interés del gobierno Petro. Hoy, durante la primera reunión de la semana, el orden del día está enfocado en resolver algunos asuntos cuyos términos están por vencerse. Pero la verdadera atención está puesta en lo que definan los magistrados sobre el futuro del decreto con el que el Ejecutivo declaró la emergencia económica en el país en diciembre del año pasado. El ponente del expediente ya propuso suspender la medida mientras la Corte toma una decisión de fondo. Una posición que, de trascender en la Sala Plena, causaría, según el gobierno, una crisis fiscal.
El magistrado Carlos Camargo Assis es el ponente que le propuso a sus colegas suspender el decreto, como medida cautelar. Lo que expuso en la ponencia que será discutida esta semana es que la suspensión prevendría “perjuicios irremediables” en el país, como por ejemplo, que si el Ejecutivo sigue recolectando impuestos bajo la emergencia económica, en un futuro sería imposible regresar ese dinero a quienes hayan pagado. Además, señaló que hay indicios de que el decreto se firmó sin cumplir con todos los requisitos legales, especialmente dos: que las firmas de todos los ministros fueran válidas y que la necesidad de declarar la emergencia haya sido debidamente sustentada.
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Para que la suspensión de la emergencia sea una realidad, la ponencia de Camargo debe ser respaldada por la mayoría de los magistrados. Fuentes cercanas al alto tribunal le contaron a este diario que el ponente tendría los votos de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Lina Marcela Escobar, quienes en otros expedientes relacionados con el gobierno Petro han votado en bloque. El problema de estas cuentas es que, en este expediente, Ibáñez podría quedar por fuera de esta discusión. La razón: el magistrado fue recusado por el propio presidente Petro y, tras conocer ese documento, el propio Ibáñez presentó su impedimento ante sus colegas.
En su petición, la Casa de Nariño explicó que el hoy presidente de la Corte expresó durante varias entrevistas su posición frente al debate sobre el decreto de la emergencia económica y por esa razón ya no puede tener voto en la Sala Plena. En una de las declaraciones mencionadas en la recusación, la Presidencia sostuvo que Ibáñez aseguró que cualquier integrante de la Corte, no solo el ponente del expediente, podría pedir la suspensión del decreto. Para Petro, esas declaraciones “configuran la causal de recusación consistente en ‘haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada’” y, en consecuencia, comprometieron su imparcialidad.
La recusación de la Presidencia se conoció el pasado 21 de enero. Dos días después, Ibáñez presentó su propio impedimento, aunque aclaró que en ninguna entrevista ha expresado ninguna opinión ni concepto sobre el proceso. Con estos recursos sobre la mesa, y antes de entrar en la profundidad de la ponencia de Camargo, la Sala Plena tiene que definir si saca a Ibáñez de la discusión. Según conoció este diario, hay algunos magistrados que sí creen que el presidente de la Corte se equivocó y dejó entrever su postura en el caso. Adicionalmente, fuentes cercanas a la discusión aseguraron que el error de Ibáñez, además de haber hablado públicamente del caso, fue haberse declarado impedido después de ser recusado.
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En caso de que sus colegas de la Sala Plena encuentren fundada la recusación, no solo tendría que apartarse del caso y dejar con un voto menos la petición de suspender el decreto, sino que el presidente de la Corte podría enfrentarse a sanciones disciplinarias. Ante la posible salida de Ibáñez de este expediente, Camargo perdería un voto clave y solo quedaría con el apoyo de las magistradas Meneses y Escobar. Sin embargo, según fuentes consultadas para este artículo, el magistrado Juan Carlos Cortés podría darle su apoyo a Camargo, pues en otro expediente que hay en su despacho y que tiene que ver con la emergencia económica, él también tiene listo todo para pedirle a la Sala Plena la suspensión de una parte del decreto.
De acuerdo con esa petición que estaría alistando Cortés, lo que busca es suspender el artículo que habla sobre los impuestos del 19 % a las bebidas alcohólicas y apuestas en línea. Esta sería una opción “media” que podría estudiar la Sala Plena, si la ponencia de Camargo es derrotada. En veremos están los votos de los magistrados Miguel Polo y Natalia Ángel y todo parece indicar que Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, dos personas cercanas al presidente Petro, votarían en contra de Camargo para dejar en firme el decreto de la emergencia económica. Por ahora, lo primero que resolverá la Corte es si Ibáñez puede participar del debate. Luego, el plato fuerte: definir si la Corte Constitucional, en una medida poco usual en sus fallos, suspende un decreto presidencial.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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