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Cuando el presidente Gustavo Petro entró al salón de la Casa de Nariño en el que se realizan los consejos de ministros, vestido con un saco cuello de tortuga negro y portando en su mano derecha el lápiz que generalmente usa cuando se presenta en público, el ambiente ya estaba algo tenso. Los funcionarios que lo aguardaban para comenzar la tradicional cita laboral de todos los lunes en la noche habían hablado entre ellos, previamente, de los resultados que arrojaron las urnas 24 horas antes en las regionales del 29 de octubre.
Querían transmitir tranquilidad, sosiego, pero las más de 23 millones de personas que salieron a votar el domingo anterior a esta reunión dejaron un mensaje claro: el proyecto progresista del primer presidente de izquierda del país no caló con fuerza en las regiones, pese a que en el último mes desplegó una fuerte campaña para promover su ideario político.
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Lo hizo con especial interés en Bogotá, pero tal vez fue la ciudad que más duro lo castigó electoralmente, pues Gustavo Bolívar, su candidato, quedó de tercero y muy lejos, en votos y tendencia política, de los 1,4 millones de sufragios que sacó Carlos Fernando Galán para imponerse como alcalde. Claro que eso mismo le pasó en otras regiones y de ahí que varios de los ministros resultaran tensionados ese primer lunes poselectoral.
¿La razón? En esas charlas previas de pasillo se habló de cierta molestia del presidente por no ver un mapa de poder regional más pintado de progresismo e izquierda. De hecho, por el contrario, en varias regiones terminaron atrincherados viejos clanes políticos que vieron frustrada su incursión en la contienda nacional cuando perdieron en las presidenciales de 2022 y decidieron, por ello, volver a lanzarse en sus regiones de origen: Federico Fico Gutiérrez, en Medellín; Alejandro Char, en Barranquilla; y, entre otros, Dilian Francisca Toro, en el Valle, son algunos ejemplos.
Ese último lunes de octubre, en la Casa de Nariño, Petro le reclamó a su gabinete por los resultados, y no debido a que no hicieran política, porque eso –por ley– lo tienen prohibido, sino por los resultados no tan satisfactorios en las zonas en las que cada ministro tenía tareas de acompañamiento a través de presupuestos, políticas públicas y asuntos de injerencia del Ejecutivo. Un ejemplo claro, aseguró una fuente que presenció la reunión, estuvo en el Tolima, donde se impuso en la Gobernación Adriana Magali Matiz, de extracción conservadora, y en la alcaldía de Ibagué, la cual ganó Johana Ximena Arana, ligada al uribismo.
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En esa región jugaba un papel fuerte el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien vio cómo el Consejo Nacional Electoral (CNE) le tumbó la candidatura a su hermano, Mauricio Jaramillo, para la Gobernación del Tolima. Eso pudo dejar sin margen de maniobra al petrismo, pero no exime de resultados al funcionario. Y así, zona a zona, Petro aprovechó parte de ese consejo de ministros para revisar los resultados electorales; algunas de las 32 gobernaciones y alcaldías capitales sí tendrán fichas suyas, como en Amazonas (Óscar Sánchez) y Nariño (Luis Escobar), y en otras más hará presencia por las coaliciones, pero no son victorias propias ni apabullantes. Por eso, pese a su relato de la última semana, no se puede hablar de un mandatario victorioso tras la cita a urnas del domingo pasado.
El Espectador también estableció que, tras el reclamo a su gabinete, se tomó la decisión de aplazar las jornadas de “Gobierno escucha” en el Pacífico, las cuales se tenían previstas entre el 13 y el 24 de noviembre por Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Si bien aún no hay nuevas fechas, y esto estaba a cargo de la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, todo depende de cómo se dé el relacionamiento con los nuevos mandatarios. Y, por supuesto, no solo con los afines al Gobierno.
Reclamos de victoria
“En el relato periodístico de la derrota, medios y oposición hacen un malabar estadístico. No cuentan las fuerzas que ganaron la primera vuelta presidencial, sino solo donde está el logo del Pacto. Como ese logo solo aparece en el 20 % de los municipios, de ahí construyen su narrativa ayudados por algunos sectarios”, dijo Petro para defender su tesis de que no perdió.
Y reclamó como suyas las gobernaciones de Cauca, Chocó, Bolívar, Magdalena, Guaviare, Guainía, Vaupés, Huila, Casanare, Boyacá y, entre otras, San Andrés y Arauca –aunque estas dos últimas las ganaron fichas del uribismo–, pero justo cuando se le frustraron sus reformas sociales en el Congreso, hace poco más de seis meses, el propio mandatario declaró rota la coalición de Gobierno, esa misma que lo ayudó a llegar a la Casa de Nariño el año pasado con 11,2 millones de votos y que venía siendo objeto de duros cuestionamientos suyos y de sus alfiles. Pero, tras las regionales, el discurso se relativizó.
Si bien en torno al Pacto Histórico se juntaron colectividades como la ASI, Colombia Humana, Fuerza de la Paz y, entre otras, Independientes, lo clave del 2022 y que se desbarató tras la negativa de introducirles cambios a proyectos como las reformas a la salud y laboral fueron los apoyos de tradicionales como los partidos Liberal, Conservador y de La U; estos dos últimos le quitaron el respaldo al Gobierno y el primero está dividido, algo similar a lo que pasa en Alianza Verde.
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“El presidente le está poniendo especial atención a los nuevos mandatarios que son más afines a su proyecto, y está dejando para después a los que se hacen llamar independientes y a los de oposición, pero hay funcionarios del Gobierno con mayor manejo político que están intentando tender puentes y así evitar que el 2024 sea otro año de confrontación”, precisó otra fuente.
Esto último no es menor. Petro, durante la campaña, tuvo duros encontrones con varios gobernadores salientes por la crisis de seguridad que rodeó la etapa previa de las votaciones; entre ellos, el del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y el de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa. Incluso, dejó de asistir a citas convocadas por la Federación de Departamentos y plantó en algunas ocasiones a alcaldes contradictores, como el de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.
Ahora, con los electos, se sabe que hay una serie de diálogos que comenzaron la consejera Ortiz y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, intentando tender puentes con quienes asumirán el poder el próximo primero de enero. Por eso, hay expectativa en torno a los mensajes que salgan de la cita de mandatarios regionales electos y salientes que está prevista desde el 7 de noviembre en Santa Marta. La razón es que, si no hay buena relación, esas organizaciones de alcaldes y gobernadores podrían volverse una especie de sindicatos contra la administración nacional.
Presupuesto y negociación
En todo caso, hay algunos que ya mostraron voluntad. Carlos Amaya, gobernador electo de Boyacá, y César Augusto Ortíz, próximo mandatario de Casanare, se reunieron personalmente con el ministro Velasco y usaron sus redes para mandarles ramos de olivo a la Casa de Nariño.
Pero hay otros, como Andrés Julián Rendón, de Antioquia y quien llegó avalado por el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y en llave con Fico Gutiérrez, que de frente ya calificó la política de “paz total” de ser una estrategia para entregarle el país a la criminalidad. Y este asunto, el de las negociaciones con ilegales urbanos y rurales con los que hay siete mesas abiertas –incluyendo la del ELN que esta semana se sacudió con el secuestro que esa guerrilla perpetró contra Luis Manuel Díaz, padre del jugador de futbol Luis Díaz–, pasa necesariamente por los mandatarios regionales, encargados de aterrizar en sus zonas de influencia lo que se acuerde en esos diálogos.
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Aunque en una primera alocución tras las votaciones Petro dijo que habría acercamientos con todos los sectores victoriosos, incluidos los de la oposición, luego usó su cuenta de X para atacar a varios de ellos y recordar, de forma tácita, que el manejo presupuestal del país pasa por su administración. Eso sí, luego matizó en un mensaje directo a sus opositores: “Con sus mandatarios locales mantendremos un diálogo institucional constructivo, siempre desde la perspectiva de nuestro plan nacional de desarrollo”.
En todo este contexto también jugará un papel clave el presidente del Congreso, el senador Iván Name, quien viene de la Alianza Verde y –pese a sus diferencias con la Casa de Nariño– mantiene un diálogo fluido con Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Ambos militan en la misma colectividad, tienen lazos con la consejera Ortíz, la de regiones, y han ayudado a algunos legisladores a acercarse a Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), la entidad que coordina gran parte de los subsidios sociales y que tiene a su cargo una entidad que maneja cerca $10 billones.
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Toda esa triangulación es importante, porque es la que permite tejer la milimetría política que se requiere en el Congreso si se quieren destrabar las reformas y, de paso, acerca –vía legisladores– a los alcaldes y gobernadores que estos ayudaron a elegir el pasado 29 de octubre.
De hecho, el propio Uribe le dio un consejo esta semana a Petro. Le aseguró que el acuerdo nacional del que tanto se habla desde la Casa de Nariño se debe comenzar a construir, precisamente, desde el Capitolio y que, para consolidarlo, se deberían ajustar los alcances de las reformas a la salud, pensional y laboral. “Esto podría empezar por partes”, le dijo.
Y como el poder empresarial no es menor, también hay delegados de Petro acercándose con los cacaos económicos, aunque él directamente ya habló recientemente con algunos. Lo que se busca es que el sector productivo tenga canales directos con el Gobierno para tramitar sus diferencias y que, de alguna manera en contraprestación, se garantice la estabilidad institucional. Antes de las elecciones del domingo pasado, se esperaba un anuncio “gordo” en torno a este propósito, pero el resultado no tan favorable de urnas trastocó los planes.
En todo caso, como dijo la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) tras ver las peleas públicas entre copartidarios suyos como Gustavo Bolívar y Daniel Quintero, los dos derrotados en las urnas, “tenemos el enorme reto de ser más progresistas y menos de izquierda sectaria”. La expectativa es qué tanto cala este mensaje en Petro, quien, contrario a lo pedido por varios sectores políticos, tiende a rodearse de fichas ideológicamente más cercanas a sus propósitos y que, por ende, terminan impulsando la radicalización de posturas.
Esta misma semana, y con los ojos puestos en el próximo consejo de ministros que se tiene previsto para este lunes festivo, se podrían ver claridades sobre la estrategia de Petro para los próximos años cuando tiene un Congreso adverso y unos mandatarios regionales electos no tan cercanos a su administración. La diplomacia política y el presupuesto pueden cambiar y subsanar esas tensiones.
“Tenemos el reto de ser más progresistas y menos de izquierda sectaria”: vea la entrevista con la senadora María José Pizarro
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