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Yohir Akerman
29 de marzo de 2020 – 12:00 a. m.

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Las audiencias que hasta ahora ha tenido el general retirado Mario Montoya Uribe ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) demuestran que este militar debería ser expulsado de ese sistema de justicia de verdad, reparación y no repetición. Me explico.

Los comparecientes ante la JEP deben dar un reconocimiento temprano de verdad plena, detallada y exhaustiva para conservar los beneficios del sistema de justicia transicional. Se trata de ofrecer justicia por medio de mayor verdad y reparación a las víctimas, con el propósito de superar el conflicto.

Ahora bien, el militar de más alto rango que ha llegado a comparecer ante esta corte lo único que ha dicho son falsedades con el fin echarles la culpa de sus actos a otros y de burlarse de las víctimas en el camino.

Vamos por partes.

Tal y como lo reveló la periodista Diana Duran de El Espectador, el general (r) Mario Montoya no ha sido capaz de justificar de dónde sacó un millón de dólares para una inversión que hizo entre 2010 y 2012 en un proyecto hotelero en Miami. (Ver Inversión).

Ante la JEP, el militar aseguró que la inversión solo fue de $390.000 dólares para un proyecto inmobiliario denominado Quarzo Bal Harbour, promovido por Juan Arcila y Carlos Mahecha Díaz en asocio con su familia. Pero la verdad es otra.

Mahecha y su familia, miembros de la alta sociedad bogotana a quienes todos consideraban empresarios de alta reputación, elaboraron varios vehículos para recibir los dineros de las inversiones en Panamá y otros paraísos fiscales, con el fin de no tener que declarar la totalidad de la inversión.

Aprovechando que esos dineros no estaban registrados ni declarados, Mahecha, su familia y su socio olímpicamente tumbaron a la mayoría de los inversionistas y el proyecto se declaró en bancarrota, desapareciendo la inmensa inversión.

Entre las víctimas de esta estafa se encontraron empresarios que invirtieron de buena fe en un proyecto hotelero que se veía como un éxito, por ser en una de las mejores zonas de Miami, y otras personas más oscuras que no tenían como justificar de dónde provenían esas sumas, como el general Montoya que, según los documentos que obran en Miami, puso un millón de dólares por medio de vehículos financieros en Panamá.

Pero no hay que sentir pesar porque tumbaron al general retirado Mario Montoya. No. Ya que lo peor de sus faltas a la verdad ante la JEP no es que mienta sobre el monto de su inversión o la justificación al decir que eso viene de la liquidación de 40 años de servicio y las comisiones de ahorros, no.

Lo peor de su indolencia fue que en la audiencia del pasado 13 de febrero el general Montoya dijo, según uno de los testigos, que los falsos positivos ocurrieron porque los soldados a su mando que prestaban el servicio militar eran de estrato 1 y 2 y “pues esos muchachos ni siquiera sabían cómo coger cubiertos ni cómo ir al baño, entonces no entendieron la diferencia entre resultados y bajas, y por eso cometieron estos hechos”. (Ver Declaraciones).

Inaudito.

Con esas lamentables declaraciones el general Montoya básicamente se quiere librar de su responsabilidad diciendo que los soldados, por ser de bajos recursos, no sabían diferenciar entre el bien y el mal. Pero nada más errado y despectivo que las declaraciones de Montoya.

Para esto es importante recordar algunos documentos. Uno de ellos es el orden del día N. 073 del miércoles 5 de abril de 2006, firmado por el comandante del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, en Bello (Antioquia). Allí se establecieron las tareas cotidianas en esta unidad castrense y estas sirven para entender la distorsión que tenía Montoya entre el bien y el mal.

La “orden de carácter permanente”, que eran las recomendaciones del general Mario Montoya, entonces comandante del Ejército, contenía 28 “políticas” que debían ser tenidas en cuenta no sólo allí, sino en las unidades militares de todo el país.

Entre ellas se destacan frases como “los comandantes se evalúan por sus resultados” y “las bajas no es lo más importante, es lo único” (sic), dos asuntos que les impusieron alta presión a las tropas y que generaron una práctica sistemática de asesinatos de civiles para hacerlos pasar como “dados de baja”, y con ello lograr beneficios personales, entre los que estaban ascensos, recompensas, permisos y viajes de placer. (Ver Documento).

Las políticas y órdenes de carácter permanente de Montoya, al igual que su millonaria inversión en Miami que no puede justificar, lo único que demuestran es un arribismo social de este militar retirado que fue lo que lo llevó a asociarse con los paramilitares y a realmente no entender la diferencia entre el bien y el mal.

Basta recordar que el general Montoya, entre otras, ha sido acusado de ser parte de la nómina de la Oficina de Envigado recibiendo casi $20 millones mensuales y ha sido incluido en declaraciones del paramilitar Don Mario, que aceptó la supuesta entrega de un apartamento como regalo a Montoya por las labores que hizo con las Auc.

Esa alianza con los paramilitares fue lo que seguramente le hizo sumar una fortuna a Montoya lo suficientemente atractiva como para invertir un millón de dólares en Estados Unidos, de nuevo, malentendiendo la diferencia entre el bien y el mal. Y por eso tiene que pagar.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

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