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El actual modelo de salud no sólo es inoperante, sino que está viciado por la corrupción.
Un sector que anualmente mueve más de $38 billones, lamentablemente presenta un panorama gris por las frecuentes irregularidades que ocurren en su interior.
Se ha comprobado que por parte de funcionarios del Ministerio de Protección Social, del Fosyga y de la Superintendencia de Salud, la entidad encargada de la vigilancia y el control de los dineros, se han creado empresas fantasmas para defraudar el sistema. Por la descomposición administrativa de los últimos años, más de 56 instituciones de salud han sido intervenidas. Lo controvertido es que las intervenciones han terminado en completos fracasos, porque multiplican los desangres.
Los escándalos sobre irregularidades de los carteles de la salud no cesan. Entre 2011 y lo que va corrido de este año más de 30 hospitales, secretarías de salud, IPS y EPS han sido intervenida por anomalías administrativas. La Fiscalía adelanta más de 175 investigaciones por delitos de corrupción administrativa en el sector de la salud y, de acuerdo con sus pesquisas, en los últimos años se han pagado a las EPS sobrefacturaciones por servicios médicos y suministros de drogas.
Para más señales de las marañas de los desfalcos, hace poco el presidente Juan Manuel Santos dijo que el desfalco en el sector de la salud superaba los $30 mil millones y que era sólo la punta del iceberg de una defraudación de billones de pesos.
Uno de los departamentos más golpeados por el flagelo de las defraudaciones en la salud es el Chocó, donde el narcotráfico se tomó la red hospitalaria. Sin embargo, la intervención en lugar de mejorar el sector lo ha empeorado, debido a que se pasó de una deuda de $20 mil millones a $131 mil millones.
Cinco años después el balance es desolador, porque se pasó de las garras del narcotráfico a las de una serie de carteles de contrataciones y de suministros de medicamentos del cual hacen parte empleados de la Supersalud y de Caprecom, farmaceutas, médicos y abogados que han montado todo una estructura corrupta desde Bogotá, Medellín y Manizales para desfalcar la salud chocoana.
Caprecom se ha convertido en un foco de corrupción y desgreño administrativo y por eso existen varias solicitudes en la Fiscalía y la Contraloría para que se investiguen sus operaciones en la red hospitalaria.
El gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo Urrutia, ha dicho que “la intervención ha sido un fracaso, porque la entidad es insostenible e inoperable” y ha señalado que “por la forma como los funcionarios de Caprecom prestan los servicios de salud, deben irse del Chocó”. Amanecerá y veremos.
José Mosquera. Bogotá.
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