Cuando los sancionados contraatacan

Una de las noticias de esta semana fue la demanda que presentó Miguel Nule Velilla en contra del Estado. Inicialmente se habló de una pretensión de su parte de $1,5 billones, pero en los registros de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado figura que espera $6.145 millones como compensación por la persecución que, asegura, sufrió junto con su familia por parte de la justicia y de los medios. Nule, uno de los protagonistas del carrusel de la contratación de Bogotá, arguyó que varios de los negocios en los que participaba fracasaron precisamente por esa persecución. En 2017, la Corte Suprema de Justicia confirmó su responsabilidad en la red de corrupción que se tejió en Bogotá y lo sentenció a 19 años de prisión. ( En contexto: Miguel Nule, condenado por carrusel de contratos, demandó a la Nación por $1.5 billones).

Como él, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene rastreados cuando menos 20 casos de personas que, aunque han sido castigadas por jueces o por entes de control, resultaron demandando al Estado. En total, lo que piden suma aproximadamente $189.000 millones. Sin contar la demanda que presentó Jesús Amado Sarria en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual pide $200.000 millones por los 82 bienes que la Fiscalía le arrebató en un proceso de extinción de dominio que empezó en los 90.

Son varios los casos que parecen hasta inverosímiles: Alessandro Corridori, ya sancionado por la Superfinanciera, pidió una indemnización de más de $122.000 millones; Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, no sólo pide que se tumbe la decisión de la Contraloría que lo halló responsable de un desfalco de $1,4 billones al sistema de salud, sino que lo reparen con más de $32.000 millones. El Estado, desde la Agencia de Defensa Jurídica, capotea cada caso para que no resulte en una condena que se tenga que pagar con el dinero de los contribuyentes.

Carlos Gustavo Palacino Antia

El año pasado, el expresidente de la EPS Saludcoop presentó una demanda contra la Nación por más de $32.000 millones. En ella pidió que se anularan las decisiones de la Contraloría en las cuales se declaró su responsabilidad fiscal por la desviación de $1,4 billones que debían haber llegado al sistema de salud, pero nunca lo hicieron. De esa manera, señaló la Contraloría, Saludcoop usó recursos que le pertenecían al Estado para construir, ampliar o dotar sus clínicas, lo cual debía hacer la EPS con recursos propios. (Le puede interesar: Fiscalía llamó a indagatoria al expresidente de SaludCoop, Carlos Gustavo Palacino).

Palacino ha negado reiteradamente su responsabilidad en ese desfalco, al punto que en la demanda que presentó no sólo pidió que anularan los actos administrativos de la Contraloría General, sino que también pidió $32.000 millones por perjuicios materiales y mil salarios mínimos (casi $1.000 millones) por perjuicios inmateriales. Ese proceso se encuentra en etapa probatoria y en diciembre pasado la Agencia de Defensa Jurídica del Estado intervino, señalando que “efectivamente se presentó una desviación de los recursos de la salud para actividades diferentes a las que establece la ley”.

Uno de los abogados de Palacino fue Eduardo Montealegre. Cuando llegó a la Fiscalía, prometió que se apartaría del caso, y aunque lo hizo, este tampoco avanzó durante su administración.

Valor por el que demandó: $32.737 millones.

Liliana Pardo Gaona

La exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano Liliana Pardo Gaona fue destituida e inhabilitada en agosto de 2011 por la Procuraduría para ejercer funciones públicas por 11 años, debido a sus vínculos con el carrusel de la contratación en Bogotá. Específicamente, por las irregularidades que se presentaron en la fase III de Transmilenio, la malla vial y el anticipo entregado a la Unión Temporal Transvial, del grupo Nule. (Le puede interesar: Condenan a Miguel Ángel Moralesrussi y Liliana Pardo por carrusel de la contratación).

Pardo Gaona renunció a la dirección del IDU justo antes de que estallara el escándalo de corrupción. En la investigación, además, la Fiscalía logró demostrar que Pardo, como directora de la institución, se apropió en dos oportunidades de bienes del Estado durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas.

En 2012, Pardo demandó al Estado por daños y prejuicios, alegando haber padecido angustias a raíz de la decisión del Ministerio Público. En ese momento, además, pidió que la sanción en su contra fuera revocada, lo que no ocurrió.

 Pardo Gaona está prófuga de la justicia y sobre ella está vigente una orden de captura. Fue condenada el año pasado.

Valor por el que demandó: $975 millones. 

Pablo Ardila Sierra

Entre 2007 y 2010, Pablo Ardila Sierra fue gobernador de Cundinamarca. En 2007, sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, en relación con una explotación minera en Ricaurte (Cundinamarca), y a finales de ese año fue capturado por las autoridades. En 2008 fue llamado a juicio por extorsión y en 2012 quedó absuelto en segunda instancia. Inmediatamente salió del país a Estados Unidos. En 2016, Ardila Sierra demandó al Estado y solicitó $4.000 millones por haber estado privado de la libertad durante esos años. 

Según el fallo que emitió en 2016 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Rama Judicial y la Fiscalía fueron obligadas cada una a pagar el 50 % de la indemnización para el exgobernador, que se tasó en $43 millones por “perjuicios materiales” y buscaba resarcir los cuatro días que no alcanzó a completar como gobernador por su arresto. A esto se sumaron cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (en su momento un poco más de $63 millones) por perjuicios morales. 

La familia de Ardila Sierra también salió beneficiada. Tanto su esposa, Luisa Plata, como su padre, Jaime Ardila Casamitjana, recibieron una indemnización de cien salarios mínimos mensuales vigentes cada uno, por resultar “afectiva y emocionalmente ligados con el hecho de su detención”.

A pesar de que Ardila todavía tiene siete investigaciones, no se ha presentado ante las autoridades. En 2014, la Fiscalía pidió escucharlo en indagatoria por un convenio que pactó durante su mandato con la Universidad de Cartagena para diseñar y construir unos distritos de riego en Ubaque, Fómeque y Beltrán. Su respuesta fue que, a pesar de querer colaborar con la justicia, le es imposible debido a que no vive en el país.

Valor por el que demandó: $4.600 millones.

Juan Francisco Gómez Cerchar

El exgobernador de La Guajira, mejor conocido como Kiko Gómez, fue destituido e inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la celebración de millonarios contratos en ese departamento. Desde 2013 está detenido. El fallo del Ministerio Público aseguraba que, durante su mandato, Gómez habría firmado una serie de contratos para la vigilancia y seguridad privada de La Guajira. A última hora, sin embargo, habría cambiado las condiciones de la licitación para favorecer directamente a una empresa que tenía sede principal y sucursal en Riohacha.

En 2016, el exgobernador Gómez presentó una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra el Estado para anular el fallo que le impuso el Ministerio Público y solicitó $183 millones.

Contra él están en curso dos procesos penales: el primero se refiere a la presunta orden de asesinar un grupo de dirigentes políticos y particulares de la región. El segundo lo vincularía con el bloque Norte de las Auc, así como con la banda criminal de Marcos Figueroa, alias Marquitos. Un año después de demandar al Estado, fue condenado por cuatro asesinatos: del concejal Luis Gregorio López, de la exalcaldesa Yandra Brito, del esposo de ella y del escolta de ambos. Está sentenciado a 55 años de prisión.

Valor por el que demandó: $183 millones.

Jesús Amado Sarria

El viudo de la Monita retrechera fue capturado en junio de 2017, tras una década de estar en fuga, la mayoría en territorio venezolano. Había sido condenado por la Corte Suprema en 2010, por haber ordenado el asesinato del esmeraldero Elkin Yesid Barajas, quien sobrevivió al atentado y pudo señalar a su posible verdugo. Por esa razón había circular roja de Interpol en su contra. Sarria siempre negó su responsabilidad en el crimen, pero para la justicia, las pruebas en su contra eran contundentes y quedó condenado a 10 años de prisión. 

Antes de tener este lío con la justicia, Chucho Sarria había estado investigado por sus presuntos nexos con el cartel del norte del Valle. Del tema penal salió bien librado, pero la Fiscalía igual ordenó en 1997 extinción de dominio sobre 82 propiedades a su nombre o de familiares suyos, incluidos hoteles en San Andrés. La respuesta de Sarria fue llevar su caso a la Comisión Interamericana, en donde pidió una astronómica suma alegando que si había un fallo absolutorio en su contra, el proceso de extinción de dominio era entonces ilegal; jueces colombianos le respondieron en su momento que la sentencia de absolución no era vinculante para el proceso de extinción.

Su petición, presentada en 2005, fue admitida en 2012 y se encuentra en análisis de fondo. El Estado, por su parte, argumentó que el Sistema Interamericano no podía convertirse en una cuarta instancia, pues en este caso habían llegado recursos hasta a la Corte Constitucional.

Valor por el que demandó: $200.000 millones.

Juan Carlos Abadía Campo

Fue el mandatario del Valle del Cauca entre 2008 y 2010, cuando fue destituido por la Procuraduría por participar en política cuando aún era gobernador. Fue, además, inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos. Desde entonces, poco se había sabido de Abadía, hasta que el año pasado resultó involucrado en el llamado cartel de la toga: según información que ha recolectado la Fiscalía, Abadía habría pagado para evitar que le imputaran cargos.

Este es uno de los casos por los que fue llamado a juicio el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte. De acuerdo con la investigación, a través de sobornos Abadía habría logrado esquivar imputaciones en su contra, pero en 2017 ese destino fue ya inevitable: la Fiscalía le abrió investigación formal por peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, en relación con un convenio para comprar y distribuir libros en la red de bibliotecas del Valle. 

Abadía también acudió al Consejo de Estado para tratar de reversar la sanción disciplinaria en su contra. El episodio que lo metió en problemas fue una reunión con los alcaldes del departamento, a la cual llegó también el entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias. “Durante el tiempo que Andrés Felipe Arias Leyva estuvo en la reunión, formuló preguntas sobre la problemática de la región, las cuales fueron respondidas por los alcaldes, y que su actuación se limitó a permitir que éste se informara respecto de estos asuntos, lo que de manera alguna constituye la comisión de la falta aludida”, dijo Abadía para defenderse.

Abadía es el hijo del exsenador Carlos Herney Abadía, condenado por enriquecimiento ilícito a raíz del Proceso 8.000. Llegó a la Gobernación con 28 años y de la mano de un aliado clave, el entonces congresista Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien en 2011 fue condenado por parapolítica y en 2016, por fraude electoral.

Valor por el que demandó: $1.145 millones.