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A comienzos de los años noventa había terminado la era de los dictadores militares en América Latina. Parecía que comenzaba, por fin, la vigencia plena de la democracia.
Muy rápido, infortunadamente, volvieron los caudillos y autócratas, ahora como presidentes elegidos y reelegidos por las mayorías electorales. Gobernantes populistas, de derecha y de izquierda, se las ingeniaron para usar los recursos del presupuesto para mantenerse en el poder.
Alberto Fujimori fue el creador del modelo. En lugar de tratar de seducir al electorado con servicios proporcionados por escuelas y puestos de salud, creó un masivo sistema de cheques girados directamente a las personas escogidas por el gobierno. Estos pagos pronto establecieron un estrecho vínculo personal entre el gobernante y los beneficiarios. Programas como Foncodes fueron fundamentales para el debilitamiento de los rivales y la reelección del gobernante peruano.
Lo paradójico es que este mecanismo había sido propuesto por economistas ortodoxos, quienes habían planteado el subsidio a la demanda, focalizado en los más pobres, como una alternativa a los tradicionales subsidios a la oferta, o sea, aquellas actividades provistas por entidades estatales ineficientes, controladas por sindicatos, incapaces de llegar eficazmente a la población necesitada (antes de Fujimori, el gobierno de Carlos Salinas, integrado por funcionarios bien entrenados en economía, había creado Pronasol, un programa dirigido a recobrar la legitimidad de un gobierno acusado de ganar unas elecciones fraudulentas).
Después de Fujimori, el modelo se extendió a los demás países de América Latina. En medio de la crisis de finales de los 90, las entidades multilaterales y los tecnócratas locales propusieron las transferencias monetarias directas a los pobres. Recomendaron que debían ser focalizadas (de acuerdo con mecanismos como el Sisbén), transitorias (debían desmontarse cuando terminara la emergencia) y condicionadas al cumplimiento de ciertas actividades (que se enviaran los niños al colegio, por ejemplo).
Los casos más interesantes de estas transferencias han sido Bolsa Familia en Brasil, Progresa en México, Familias en Acción en Colombia y Bono Solidario en Ecuador.
Las evaluaciones de la fase inicial de estos programas muestran que en realidad sí llegaron a los más pobres, los indujeron a tomar decisiones apropiadas (en materia de nutrición y educación) y contribuyeron a la reducción de la pobreza y la desigualdad (en el caso brasileño).
Era natural, después de Fujimori, que estos programas cautivaran a los políticos. En casi todos los países se ha comprobado, por medio de evaluaciones académicas, su hábil aprovechamiento electoral en las reelecciones de la región. Un empresario brasileño comentaba que Bolsa Familia era uno de los ejemplos de mecanismos legales para comprar votos a plena luz del día.
Además del daño a la democracia, otros costos de la politización de estos programas han sido su crecimiento exagerado e ineficiente; su conversión de transitorios a gastos permanentes e inflexibles; la filtración de personas de las clases medias entre sus beneficiarios y, peor aún, el descuido del Estado, concentrado en repartir cheques, de indispensables programas sociales no asistenciales, como los de la educación básica y la nutrición infantil.
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