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Si hace un año muchos colombianos observábamos con admiración cómo el Congreso de la República aprobaba leyes de gran importancia para el país, como por ejemplo la Ley de Tierras y de Víctimas o el llamado Estatuto Anticorrupción. Hoy debemos mirar con preocupación los proyectos que se están estudiando y otros que fueron aprobados.
Entre los primeros se encuentran la reforma a la justicia y entre los segundos, leyes conducentes a satisfacer los requerimientos del gobierno norteamericano para formalizar y poner en vigencia el Tratado de Libre Comercio con ese país.
El proceso que ha sufrido la reforma a la justicia nos recuerda a los avisos que solían poner los sastres de pueblo en sus negocios: “Se arreglan trajes sobre medidas”. La diferencia es que en esta ocasión el sastre es quien decide qué cambios se hacen, cuánta tela se corta, qué arandelas se le agregan, para que éstos se ajusten a sus propios caprichos y medidas.
Una reforma que supuestamente tenía el propósito de fortalecer a la justicia y de combatir la ineficiencia y la impunidad, va a terminar sirviendo a los intereses de sectores políticos y parlamentarios que quieren a toda costa evitar ser investigados y sancionados. Figuras como la pérdida de investidura, que en el pasado reciente afectó a varias decenas de congresistas por diferentes delitos, se van a debilitar de tal manera que va a ser casi imposible que el Consejo de Estado la aplique en el futuro. De otra parte, se circunscriben los hechos por los cuales podrán ser investigados, a aquellos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Y como si fuera poco, la reforma contiene un artículo que elimina el conflicto de interés para participar en el debate y votación de proyectos que desarrollen la reforma en curso, con lo cual estarían legislando en beneficio propio. Es decir, contribuyendo a que el traje les quede a la medida.
En cuanto a las leyes que fueron aprobadas para darle vía libre al TLC con los Estados Unidos, sobresalen la de Derechos de Autor y las que se refieren a temas fitosanitarios. Sin pretender ahondar en temas que competen a los especialistas en estas materias, sí llaman la atención el sigilo y la celeridad con que se agotaron los debates. Incluso, se ha dicho que se hizo siguiendo de cerca las órdenes provenientes del alto gobierno, y desconociendo las opiniones de expertos y de funcionarios, que pretendían garantizarles algunas medidas de protección a la industria y a los productores y usuarios de materiales impresos y audiovisuales colombianos.
El problema no son los tratados de libre comercio, que sin duda le traen beneficios al país. El problema es que, tal como sucedió con la ley que reglamenta la distribución de las regalías, en unos meses los congresistas van a darse cuenta de que lo que aprobaron no es tan bueno como se lo pintaron. Hubiera sido muy importante que los ciudadanos conocieran los contenidos de estas leyes antes de su promulgación y que sus opiniones hubieran sido tenidas en cuenta. De eso se trata el gobierno abierto y para esto es la transparencia.
* Directora ejecutiva de Transparencia por Colombia.
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