Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La captura el pasado fin de semana de tres hombres en zona rural de Tame (Arauca) y la incautación de un Mazda 323 gris acondicionado con 80 kilos de explosivo amonal con metralla en dos cilindros, cordón detonante, cables y detonadores eléctricos, fueron alertas contundentes para las autoridades del departamento que han llamado la atención varias veces sobre la difícil situación de orden público que se vive en la región.
El frustrado atentado terrorista dejó claro que los grupos ilegales que hacen presencia en la zona se están fortaleciendo y tienen por objetivo atacar, no solo a la Fuerza Pública, sino también la población civil. De hecho, los hombres detenidos con el carro bomba hacían parte de las disidencias del décimo frente de las Farc, que, según las autoridades, en los últimos seis meses ha aumentado considerablemente su pie de fuerza en el departamento.
Las autoridades tienen identificado a su principal cabecilla, Jorge Eliécer Jiménez Ramírez, alias Arturo o Gerónimo, quien ordenó la ejecución de un plan pistola contra integrantes de la Fuerza Pública en ese departamento, cuya primera víctima fue el patrullero Manuel Ignacio de la Rosa González, atacado hace tres semanas por desconocidos cuando se dirigía a su casa ubicada en Tame.
El fenómeno viene creciendo de forma continua y ha sido alertado desde distintos frentes. Un informe realizado a finales de 2018 por la Fundación Ideas para la Paz, por ejemplo, detalló cómo se ha dado el proceso de expansión y fortalecimiento de las dos estructuras ilegales que tienen presencia en Arauca y que incluso han logrado pactos de no agresión: las disidencias de las Farc y el Eln. En el caso de los primeros, señala el documento, se han consolidando en La Victoria (Venezuela) y se han expandido a sectores de Saravena, Fortul, Tame y Puerto Rondón. Su centro de operaciones, según una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, está en Arauquita, en las veredas Santander (Puerto Tubo), Guayacán, Fundación, San Miguel y la Chigüira1.
“Hoy contarían con cerca de 150 integrantes divididos en tres grupos y estarían buscando integrar a las redes de milicias que quedaron en el territorio, a los combatientes que salieron de las cárceles sin ser integrados al proceso de desmovilización, así como a excombatientes insatisfechos por el incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz”, reza el texto.
Una muestra de su poder de acción en el territorio fue el bloqueo que esta semana hicieron en los principales ejes viales del departamento, paralizando la comunicación entre los municipios de Saravena, Fortul y Tame, e incluso obstruyendo el corredor vial de La Soberanía, que comunica a Arauca con Boyacá y los Santanderes.
El Eln, por su parte, ha dedicado sus esfuerzos al control de la población en sus zonas de influencia y a la imposición de un nuevo orden que se ha visto reflejado en el incremento de los homicidios selectivos en municipios como Tame, Saravena, Arauquita y Fortul. “Se ha extendido hacia la frontera venezolana, del estado de Apure al de Amazonas y desde Arauca hacia el Cumaribo (Vichada), logrando el control de los pasos fronterizos y del contrabando. También ha reclutado y adoctrinado población venezolana, que utiliza como informantes, sicarios y combatientes”, documentó Ideas para la Paz.
Y aunque se trata de grupos y dinámicas violentas que vienen siendo identificadas desde hace más de un año, la arremetida de los últimos meses ha puesto en evidencia que las relaciones de poder en el territorio han cambiado, que la crisis institucional de Venezuela está afectando directamente la situación de orden público de los municipios fronterizos y que los ilegales están amparados por un fenómeno que viene creciendo: el narcotráfico.
Así lo asegura por lo menos el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, quien en entrevista con El Espectador explica por qué, a pesar de que el departamento no tiene grandes extensiones de cultivos ilícitos, la droga marca la agenda de los grupos de disidencia y guerrilla, y habla de cuál ha sido el papel del vecino país en el fortalecimiento de las estructuras ilegales.
¿A qué se debe el recrudecimiento de la violencia y la difícil situación de orden público que atraviesa el departamento?
El tema grande de fondo es el narcotráfico. Nosotros sabemos que el fenómeno viene del sur, específicamente del Guaviare, a través del río Guayabero. Han empezado a aparecer unos centros de transformación de coca en algunas partes entre Meta, Guaviare y Vichada, pero el paso es a través del territorio araucano. Es por eso que los grupos residuales, es decir, las disidencias de las Farc, se han fortalecido, están controlando este narcotráfico.
¿Cómo están funcionando en ese engranaje de economía ilegal?
Todo lo que se venda o lo que salga de coca es controlado por los grupos residuales. Esto ha generado un incremento en el pie de fuerza de esas organizaciones. Pasaron de tener 30 hombres a 120 para comienzos de este año y hoy sabemos por inteligencia que ya se acercan a los 170. Ese escalonamiento tan rápido implica necesariamente que existe un sustrato, y es el narcotráfico. También ha habido un incremento en las acciones terroristas, tanto por parte de las disidencias como por parte del Eln.
¿Cómo ha afectado al departamento, en términos de orden público, la crisis institucional que vive Venezuela?
Arauca, lamentablemente, a pesar de haber erradicado la totalidad de la coca, tiene un problema y es que la frontera con Venezuela es muy débil institucionalmente hablando. La tolerancia del gobierno venezolano ha hecho que, a pesar de todos los esfuerzos de la Fuerza Pública colombiana para controlar el territorio, los resultados no sean tan contundentes.
¿A qué se refiere con tolerancia por parte del vecino país?
La tolerancia en la permanencia de algunos jefes guerrilleros, tanto de unos como de otros grupos, facilita el hecho de que el control territorial al otro lado de la frontera lo tengan ellos, ya sea articuladamente con agentes del Estado o simplemente lo aprovechan para permitir que sea corredor del narcotráfico. No hay la menor duda de que Venezuela en este momento está permitiendo o está siendo el espacio para sacar la droga que va hacia Centroamérica y otras partes del Caribe. La hipótesis es que el control y la presión que vienen ejerciendo las autoridades en el Pacífico, específicamente en el sur de Colombia, les generó a estos grupos la necesidad de buscar otra ruta fácil para sacar la droga y es coger todo el piedemonte llanero y atravesar hacia el territorio venezolano, que es mucho más cerca a Europa y el Caribe que la vuelta que tenían que hacer por el Pacífico. Este corredor, que era inicialmente vejado, se ha fortalecido precisamente por acción de estos grupos residuales.
¿Y han identificado las macroestructuras que están detrás del negocio?
Uno no tiene nada que vender si no hay quien le compre. Y lo que sabemos específicamente es que quien compra en este momento los productos del narcotráfico es el cartel de Sinaloa, que finalmente penetró los mercados y está creando las condiciones que facilitan que esto se esté potenciando y esté creciendo exponencialmente, como lo estamos viendo.
¿Se puede decir que es una situación similar a la que se vive en el Catatumbo, que también comparte zona fronteriza con Venezuela?
En Arauca no hay coca. En los dos últimos años logramos mantener cero coca en el territorio mediante un proceso que asistimos y acompañamos sobre sustitución de cultivos. Pero lamentablemente el corredor se establece por el aumento de pistas clandestinas que están localizadas al otro lado del territorio y que les permiten a las estructuras armadas —a través el río Guayabero y el río Meta hacia arriba— sacar mucho de ese producto. En el caso del Catatumbo es diferente, porque lo que hay es una pelea entre los grupos guerrilleros por controlar la salida del narcotráfico. Aquí es claro que quien ejerce el control y la venta son los grupos residuales, las disidencias de las antiguas Farc.
Entonces, ¿qué papel juegan en Arauca el Eln y los otros grupos armados ilegales?
Tengo entendido que el Eln no participa en el negocio del narcotráfico; ellos tienen otros ejercicios en el territorio. Nosotros no tenemos evidencia clara de la presencia de otros grupos armados, bandas criminales u organizaciones ligadas al negocio del narcotráfico, pero en los últimos días hemos recibido denuncias y la aparición de panfletos que son objeto de estudio en este momento y que hablan de bandas criminales que amenazan a población civil y representantes del Estado.
¿Cuál es el llamado que hacen desde el gobierno local al nacional?
Hace unos días se cogieron 80 kilos de un explosivo en un carro Mazda. Ochenta kilos que equivalen más o menos a lo mismo que pasó en la Escuela General Santander de Bogotá. Eso hubiera ocasionado una catástrofe. Hace unos días también nos revelaron que están utilizando una serie de explosivos que no son detectados por nuestros perros antiexplosivos, lo que nos indica lamentablemente que están llegando explosivos que presumimos vienen de Venezuela. Por eso el llamado que estamos haciendo es a articular con los países de frontera, incluso la misma Guyana, para evitar que esto se vuelva el corredor de salida del narcotráfico. El narcotráfico es un problema muy serio porque supera a veces la capacidad o la respuesta de muchas de las acciones que nosotros podemos hacer en territorio. El Estado está haciendo presencia, el ministro de Defensa ha ido al territorio, pero aquí el llamado es de alerta, porque se avecina un nuevo elemento generador de violencia como lo es el narcotráfico.
¿Qué se está haciendo desde la Gobernación para tratar de contrarrestar o detener el avance de los ilegales?
Hemos creído que la única forma de pacificar la región es acompañando a fortalecer nuestro capital endógeno, que es el sector campesino. Fortalecer mediante proyectos productivos y seguir llegando con vías. Pero hay que fortalecer institucionalmente a los que representamos el territorio, porque la única forma de afrontar esto es con instituciones fuertes. La gente tiene angustia. Se está viviendo nuevamente un incremento de la inseguridad propia de la extorsión y por agentes guerrilleros que incluso lo hacen desde territorio venezolano.