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Suponga usted que un terremoto gigantesco arrasa con una buena parte de las edificaciones que existen a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchos pierden su vivienda, algunos incluso pierden sus mansiones o sus edificios. Pero los que más sufren son los pobres, porque viven en las edificaciones más frágiles y, al perder su casa, pierden todo lo que tienen. Pues bien, la pandemia del coronavirus es un fenómeno similar, solo que mucho menos visible; primero, porque lo que se destruye no es la vivienda sino el trabajo y, segundo, porque los muertos no quedan bajo los escombros, sino que fallecen en los hospitales o en sus casas.
En Colombia el empleo informal es cercano al 50 %. Solo en Bogotá, se calcula que 1’600.000 personas trabajan en la informalidad y unas 100.000 salen cada día a las calles para vender algo o prestar algún servicio. Es lo que se conoce como el “rebusque”, una especie de sinónimo popular de “supervivencia”. Pero hoy en día, cuando la gente se encierra en sus casas y las calles quedan vacías, quienes viven del rebusque terminan el día aguantando hambre. Para los pobres (no solo para ellos, pero especialmente para ellos) esta tragedia empieza mucho antes de contagiarse con el coronavirus.
Cualquier analista atento puede ver en esta situación el germen de una eventual explosión social. Una persona individualmente puede soportar con abnegación una tragedia familiar causada por un fenómeno natural, pero nada garantiza que eso ocurra cuando se trata de decenas de miles de familias en la misma situación. La sociedad entera debe ser consciente de que hay que hacer todo lo posible para atenuar el sufrimiento de los más vulnerables.
Cuando estoy escribiendo esto el presidente Duque decretó el estado de emergencia económica, una medida que le permite tomar decisiones extraordinarias para enfrentar la crisis. El miércoles por la noche, justo antes de mandar esta columna, el Gobierno expidió el decreto 418 del 2020, por medio del cual se toman medidas de orden público. El decreto tiene muchos considerandos y solo cinco artículos. En síntesis, lo que ordena es que la dirección del orden público está en cabeza del presidente y que lo que él disponga se “aplica de manera preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes”. Luego agrega que, en materia de orden público, las decisiones que “expidan las autoridades departamentales, distritales y municipales deberán ser previamente coordinadas y estar en concordancia con las instrucciones dadas por el presidente de la República”.
Esta no es una medida social, sino una decisión sobre la unificación del mando en materia de orden público. Estoy de acuerdo en que eso es necesario y me imagino que en los días siguientes vendrán otras medidas para aliviar la situación de los más pobres. Pero, conociendo los antecedentes del partido de gobierno, me preocupa que el presidente quiera enfrentar este problema como un asunto de orden público y no como lo que es, una tragedia social causada por un fenómeno natural. Mejor dicho, que en lugar de prevenir la explosión social se disponga a reprimirla. Ojalá no sea así.
No hay que olvidar, por último, que las consecuencias más devastadoras de la pandemia se verán en los grandes centros urbanos y sobre todo en Bogotá, que es la ciudad con más infectados. La alcaldesa, Claudia López, a diferencia del presidente, goza de una popularidad merecida y está tomando las medidas que se requieren. Esperemos que este decreto 418, con la idea de unificar el mando en el alto Gobierno, no le ate las manos.
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