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Como algunos han dicho ya, el alcalde actual de Bogotá se ha ganado madera, de la dura, por cuenta de sí mismo. Improvisación, gobierno por trinos, globos al aire tipo corridas de toros, tranvías sin estudios, salida de Navarro, dejan dudas acerca de qué quiere realizar, cómo y con quién.
La última tanda de críticas tiene que ver con el proyecto de plan de desarrollo. Sin duda, le faltan hervores para convertirse en brújula de aquí a 2015.
Cualquiera sea la calidad de la gestión, le caerán detractores y examigos, y lo defenderán amigos y nuevos aliados.
Lo que sí sorprende es que, desde antes de completar los primeros 100 días, los apóstoles de la gestión pública en este país, caracterizada por pobres niveles de ejecución presupuestal y programática, salgan con veredictos condenatorios, aplicando criterios que mandarían a la hoguera a buena parte de las ejecutorias de varios gobiernos del orden nacional.
La mediocridad en la ejecución de programas públicos ha sido la regla, sin importar qué coalición sustente al gobernante de turno.
Se olvida, por ejemplo, que los gobiernos nacionales cuentan con seis meses para tramitar su plan de desarrollo y que ha habido períodos, como el de 1998 a 2002, en que se gobernó sin uno.
Un elemento perverso son los indicadores de medición, generalmente referidos a la apropiación de recursos y no al cumplimiento de metas físicas. Siempre, en enero, se conoce de la firma masiva de contratos durante la última semana de diciembre, “para no perder los recursos” y mejorar la ejecución.
Otro aspecto se refiere a la incorporación de algunos personajes de supuesta trayectoria en el sector privado. Verdaderos gerentes, se dice, que impulsarán la ejecución. Desconocedores de la administración pública, su gestión suele ser desastrosa. El síndrome más común es la creación de costosas estructuras paralelas de “gente que sí sabe”, que terminan estrellándose con las oficinas de ministerios y entidades adscritas, afectando la ejecución.
En este país de sabios se olvida que, cuando hay que apretar el cinturón presupuestal, los equipos de Hacienda mutilan inversión y funcionamiento donde se pueda. ¿A quién le va a importar si escuelas lejanas cuentan con servicio de internet? ¿O que persista el déficit en universidades públicas? Finalmente, la baja ejecución se presenta como sinónimo de austeridad y reducción del déficit fiscal.
A veces los libros de los planes quedan bien hechos, pero las carreteras no se hacen. O se modifica la Constitución para reformar el régimen de regalías y se diseñan procedimientos inaplicables en el campo de ciencia y tecnología, como ya ocurrió.
“A nadie se le niega un Conpes” es una frase que campea hace mucho en el DNP, aludiendo a la destreza de fabricar planes que no se realizan.
Los técnicos del DNP lo saben, pero los gobiernos de turno no suelen ser autocríticos.
El tema de Petro debería ser, más bien, cómo no caer en la tradicional mediocridad de ejecución. Como va, va para allá.
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