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En medio de la expectativa de que el padre del futbolista Luis Díaz sea liberado en las próximas horas por parte del Frente de Guerra Norte del ELN, otra facción del grupo guerrillero tiene confinado a cerca de 3.000 personas en el Alto Baudó, Chocó. El grupo ilegal, que se encuentra en medio de una negociación de paz con el gobierno de Gustavo Petro, decretó desde el pasado lunes 6 de noviembre un paro armado de 72 horas (tres días) en la zona norte y rural del municipio del Alto Baudó.
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De acuerdo con funcionarios que están en la zona, son 19 comunidades las que se vieron en la obligación de confinarse: Puerto Palacios, Puerto Tomás, Puerto Indio, Villa Nueva, Peña Alta, Puerto Ángel, Tambo, Pureza, Santa Rita, Jangadó, San Francisco de Cugucho, entre otros centros poblados; y una comunidad, la de Mojaudó (154 personas que integran 39 núcleos familiares), tuvo que desplazarse hasta el sitio conocido como Chachajó debido a la confrontación armada entre el ELN y el Clan del Golfo, grupo sucesor del paramilitarismo en Colombia.
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El municipio de Alto Baudó está ubicado en el centro y sur del departamento del Chocó. Limita al norte con los municipios de Quibdó, Bojayá y Bahía Solano; al oriente con Quibdó, Río Quito y Cantón del San Pablo; al occidente con Nuquí, y al sur con los municipios de Medio y Bajo Baudó. Su posición geoestratégica está determinada por la cercanía con la costa Pacífica y con los principales centros políticos, económicos y administrativos del Chocó. Todo ello le ha conferido a su territorio un alto valor para el desarrollo de distintas actividades ilegales por parte de actores armados al margen de la ley.
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Por eso, durante varios años, y en los últimos meses, el municipio ha sido escenario de guerra entre el ELN y el Clan del Golfo, que se disputan rutas de narcotráfico. De acuerdo con entidades como la Defensoría del Pueblo existe un alto interés del Clan del Golfo y el ELN de obtener el control del corredor Salvijo – La Victoria – Pie de Pató, la cual permitirá el transporte por vía terrestre desde Pie de Pató, Alto Baudó, hacia Quibdó y hacia el centro del país, y los municipios de Unión Panamericana, Río Quito y Alto Baudó.
“El desarrollo de esta vía puede potenciar el cobro de extorsiones y el afianzamiento de los corredores para la distribución y comercialización de drogas hacia el interior del país desde el municipio del Alto Baudó, donde en los últimos tres años han crecido de manera importante los cultivos ilícitos de coca. Así mismo, resulta de interés para el Clan del Golfo y el ELN tener el control territorial y poblacional del municipio del Medio Baudó, en donde se encuentra el puerto fluvial más importante de la región y se abastece de bienes y servicios a los municipios de la región”, señala una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2022.
Este municipio, dice el documento de 36 páginas, se constituye también en el centro de acopio y comercialización de productos agrícolas, maderables y pesqueros de los municipios del Bajo y Alto Baudó, lo cual permite captar recursos al Clan del Golfo y el ELN, producto de la extorsión, al igual que para la comercialización de todo tipo de economía ilegal. Finalmente, la subregión del Pacífico Sur ha sido históricamente un territorio rico en especies forestales, y su aprovechamiento se constituye en la actividad más importante en términos de generación de ingresos.
Ante la gravedad del escenario la Defensoría del Pueblo solicitó la realización de un comité extraordinario de justicia transicional. Necesitamos que los entes competentes implementen con carácter urgente planes para atender a las comunidades afectadas no solo por el paro armado del ELN, sino por combates entre ese grupo guerrillero y el Clan del Golfo. No pueden utilizar el río Baudó ni los acostumbrados afluentes para llegar hasta sus cultivos, prácticamente su único medio de sustento, es una situación humanitaria, lo cual agrava y vulnera sus derechos fundamentales”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El nuevo paro armado del ELN, impulsado por el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, sexto del año que ‘decreta’ en el departamento, además de las afectaciones originadas por otros grupos armados ilegales, incluido el Clan del Golfo, ha desencadenado en lo que va de este 2023 cuatro eventos de confinamientos masivos, además de algunos desplazamientos, también colectivos, en el Pacífico Sur, una de las cinco subregiones del Chocó.
“Lo que está sucediendo en el Alto Baudó, lo advertimos con nuestras alertas tempranas de 2019, 2020 y 2022. Además, este año hemos emitido 25 oficios de prevención, protección y asistencia para esa amplia zona, en el sur del departamento. Necesitamos que las autoridades nacionales, departamentales y locales atiendan lo que ahora mismo está sucediendo. Las comunidades no pueden seguir viendo vulnerados sus derechos por la no atención y respuestas tardías de las instituciones públicas”, enfatizó el Defensor del Pueblo. Por ahora, las Fuerzas Militares y de Policía, como el Gobierno, no se han pronunciado sobre estos hechos que vuelven a poner en discusión.
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