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Solo 36 horas bastaron para que un trabajo de investigación criminal, que tardó ocho meses, se fuera al prácticamente al traste. Ni siquiera el empeño con el cual la Fiscalía y la Policía reunieron el material probatorio para capturarlos, pudo impedir que dos jueces de Bogotá otorgaran la libertad por vencimiento de términos a 25 personas señaladas de extorsión, asesinato y fleteo.
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De manera inexplicable para la ciudadanía, pero razonable para los expertos en derecho procesal, los 24 individuos que fueron capturados en octubre, como resultado de una operación contra la extorsión, ya están, mientras usted lee esta línea, caminando por la ciudad como si nada. A todos los dejaron libres, debido a que no fue posible legalizar su captura ante un juez de garantías, trámite que se debe realizar en menos de 36 horas tras la aprehensión. La explicación llana, que se deduce de lo enunciado por el juez que tomó la decisión y la Fiscalía, apuntan a una falla administrativa simple, pero imperdonable.
No fue posible conseguir un juez
Entre el 19 y el 23 de octubre, momento en que los Policías capturaron a 10 presuntos miembros de la banda extorsiva “Los Lanister” y otros 14, de la organización criminal “Los Aquila”, no había jueces disponibles para llevar a cabo la legalización de las capturas. A pesar de encontrarse en horario de trabajo, los funcionarios aptos para presidir la diligencia estaban en una capacitación sobre su rol en las elecciones del pasado 29 de octubre. Así lo explicó la Fiscalía General de la Nación, luego de que el juez de garantías que ordenó la libertad señaló al ente acusador de fallar en los tiempos establecidos para adelantar el procedimiento.
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Según Nicolás Guillén, docente de la Universidad del Bosque y experto en derecho penal procesal, el Código de Procedimiento Penal es claro en estos casos. Una vez se realiza el operativo de captura o de allanamiento, la policía judicial tiene 12 horas para radicar el informe ante la Fiscalía que, basada en la información, debe solicitar, en menos de 24 horas, la audiencia de legalización de captura, ante un juez de control de garantías. Si cumplidas estas 36 horas no se concreta la diligencia, se aplica la figura de vencimiento de términos.
Esto fue lo que ocurrió con los 24 detenidos. No hubo manera de encontrar un juez disponible para legalizar las capturas. La dilación de este eslabón burocrático produjo entonces que las 36 horas se vencieran y el juez 36 penal del circuito no tuviera más opción que otorgar la libertad a los detenidos, quienes recibieron la noticia en audiencia virtual y aplaudieron y se rieron, en festejo por la decisión judicial.
El Rey del Fleteo, otro de los beneficiados
Al mismo tiempo, mientras los 24 detenidos recobraban su libertad, a pesar de lo extenso del sumario de pruebas en su contra, se daba otro caso indignante: la libertad de Edwin Cárdenas, alias “El Rey del Fleteo”, quien luego de 16 meses detenido volvió a las calles. A Cárdenas se le señala de participar en más de una docena de casos de fleteo, en los que está incluido el mediático robo de $34 millones, al conductor de una camioneta blanca, que acababa de retirar el dinero en el barrio Santa Isabel, al sur de la ciudad.
Al ser recurrente su actuar delictivo, la Policía lo ubicó como unos de los delincuentes más buscados por hurto de la capital y desplegó un operativo de búsqueda, que termino con su captura en julio del año pasado. De la misma manera que el incidente anterior, se esfumaron en segundos los esfuerzos de varios meses para localizar a este sujeto, ponerlo tras las rejas y alejarlo de las calles, por ser un peligro para los ciudadanos.
Un juez también ordenó su libertad, debido a que en el proceso de Cárdenas se sobrepasaron los 90 días que tiene la Fiscalia para formular pleigo de cargos. La violación de este principio implicó la activación del vencimiento de los términos. ,
Una garantía que expone los vicios del sistema
“Un proceso judicial es adversarial: o gana la Fiscalía o gana la defensa del acusado. En este caso fui yo quien obtuvo la razón al defender la garantía de un derecho, como es la vigencia de los términos para un detenido”, explica Armando Camacho, el abogado defensor, de una fracción de los 24 detenidos por extorsión. A este litigante se le ve en los videos de la audiencia virtual en la que se liberó a los detenidos, aplaudiendo y hasta persignándose, tras conocer que sus clientes quedarían en libertad.
En defensa de sus clientes, y de su accionar profesional, Camacho dice qu
e él solo defendió el derecho de su cliente, y añade “los abogados tenemos que ser como los médicos, sin corazón”. Pese a que ha recibido llamadas toda la mañana para criticarlo, él dice que solo defendió el derecho a la libertad que todos tienen, bajo la línea filosófica que tiene el Código Penal Colombiano.
Otra visión del tema la dio Edwin Manuel Chaves, el abogado penalista y docente de la Universidad de la Sabana. En contra vía de los que cree un sector de la ciudadanía, de que el vencimiento de términos es un punto débil del sistema, que aprovechan algunos para salirse con la suya, el abogado insiste en que esta figura es una garantía para todos, a la cual los detenidos tienen derecho.
“No me adhiero a la premisa de que las personas lo aprovechen o no. Son garantías y derechos para cualquier procesado. Si hay cuestionamientos, en todo caso, deberían dirigirse a la forma cómo se administra justicia”. Este punto, aclara el experto, parte de la buena fe de los funcionarios en los juzgados y resalta las limitaciones que tienen para ejercer su función.
El eje axiomático que compone esta red de restricciones para los funcionarios, en opinión de Chaves, es la congestión en los juzgados. El jurista menciona que la agenda de disponibilidad para efectuar audiencias de cualquier tipo suele estar apretada y es altamente sensible a cualquier tipo de aplazamiento. “En lo personal supe de una disponibilidad de hasta 4 meses después de la solicitud, para solicitar una audiencia. Esto lo presencié en un juzgado municipal, ahora imagínese uno de una ciudad de como Bogotá “comenta el experto.
No obstante, Chaves resalta que en periodos como los que concedieron la libertad al Rey del Fleteo, en el cual los términos a 90 días están tan claros, también pudo existir un error de funcionamiento o de diligencia por parte de los jueces y la Fiscalía.
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La discusión está en los detalles
La libertad de los 24 detenidos y el Rey del Fleteo trajo de nuevo a la discusión la aparente lejanía entre los tribunales y la función de los Policías que, en el día a día, capturan personas que luego salen libres sin más. La administración distrital actual, al mando de Claudia López, ha puesto sobre la mesa una reforma a la justicia que lo impida.
“Estamos maniatados. No administramos a los jueces, pero tiene que ser la Rama de la Justicia y no la rama de la impunidad”, dijo en su momento la mandataria López. A lo dicho por López, el subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, manifestó, tras los recientes casos que, “esto requiere un debate nacional urgente sobre justicia. No podemos seguir así: de cada 10 capturas que se realizan en este país, 8 quedan en libertad, ya sea por vencimiento de términos; por vicios en el proceso, o por cualquier otra eventualidad. Entre tanto, el mensaje que se le está dando a los delincuentes es que pueden hacer lo que quieran y que en este país no va a pasar absolutamente nada”.
A pesar de que lo anterior sea cierto y que cada caso (como los dos actuales) afecte la imagen de la justicia, la solución no corre por los lados de una reforma. Hay otras líneas en el horizonte en las que hay que trabajar. Además de resolver la congestión, el experto en reconstrucción de la seguridad, Roberto García, apunta a correcciones puntuales en el sistema. “No hay suficiente personal y tampoco una agencia nacional que regule fallos de procedimiento en los funcionarios e impedir que estos casos se sigan repitiendo”.
De ahí que, contrario a los estándares internacionales, en Colombia hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando lo recomendando son 86. A este punto se suma el profesor Nicolás Guillen, quien aboga “por una mayor inversión en la Rama Judicial y en la Fiscalía, que permita ampliar la infraestructura y mejorar la formación que tienen los funcionarios”.
Mientras no se corrija este problema, la confianza ciudadana en las instituciones disminuirá y con ello las herramientas para juzgar a los maleantes. Según un estudio reciente de la Universidad Central, 7 de cada 10 ciudadanos desconfía del sistema judicial. Esta erosión en la percepción de las personas sobre lo que ocurre en los tribunales, hace que las denuncias —que a la larga permiten avanzar en los procesos— se reduzcan y, de esta manera, se alimente una cadena de impunidad que se alimenta a sí misma.
De momento, una reforma al código penal queda lejos de los tomadores de decisiones en la ciudad, y mucho menos de las autoridades que a diario le hacen frente al crimen. No obstante, García opina que un cambio en el enfoque de la política criminal en el Distrito ayudaría parcialmente al solucionar este problema. “La actual política de seguridad es un fracaso, la dinámica de los cuadrantes debe cambiar para desplegar pie de fuerza más cercano a la ciudadanía y con un mayor margen de acción. Esto solo se logra con el incremento en la fuerza y la redirección de las estrategias”, apunta el experto.
En teoría, si se corta el caudal del crimen, y su alimentación a la congestión existente en el problema judicial, la ciudad podría tomar cierto tipo de iniciativa mientras en el Congreso se tiran los hilos necesarios para mejorar lo estructural. Por el momento, tanto los 24 sindicados por pertenecer a peligrosas bandas criminales, como el “Rey del Fleteo”, tendrán la posibilidad de defender su “inocencia” desde la libertad. Los expertos consultados por este diario señalan que, pese a recobrar la libertad, los 25 que ahora están en la calle seguirán implicados en el proceso. “El proceso sigue”, señaló el abogado defensor, Armando Camacho.
Aunque el juez solo haya dado un veredicto apegado a la ley, y sus decisiones sean resultado de los múltiples vicios del sistema, solo quedará esperar que en los titulares de los próximos días no figuren nuevas víctimas de individuos que, en vista de las circunstancias en las que fueron detenidos, deberían estar encerrados en una cárcel.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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