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Temas tributarios

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Se viene una reforma tributaria integral y es necesario que la opinión pública conozca lo que se está jugando para el futuro de la economía colombiana y para una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo.

Debemos estar alerta de lo que proponga el Gobierno y de lo que se cocine en el Congreso frente a ella.

El recaudo tributario en 2011 fue de $86,6 billones (millones de millones de pesos), que representa sólo el 14,4% del PIB, a pesar de haberse dado una recuperación notable frente a los incentivos a evadir y las numerosas deducciones que el anterior gobierno carrileó por decreto. Esto de por sí ya fue una afrenta a la Constitución, que manda que toda modificación a los impuestos sea discutida y aprobada por el Congreso. La tributación con representación es el fundamento de la democracia económica.

Países como Chile y Brasil más que duplican nuestro recaudo y ambos han reducido la desigualdad de ingresos después de impuestos y de gasto público. En el caso colombiano, el índice de desigualdad Gini no cambia nada el ingreso antes y después de impuestos, porque las personas más pobres pagan al Gobierno una parte mayor de sus ingresos que los más ricos.

Hay un gran número de exenciones en renta de las empresas que en 2010 tuvieron un costo fiscal de 13 billones de pesos a favor de mineras, constructores y empresas localizadas en zonas francas. Las personas naturales casi no pagan impuestos porque alguien se inventó que había doble tributación y que los dueños de las empresas no tenían que pagar nada sobre los dividendos que éstas generan. También hay generosas deducciones para las inversiones financieras y fondos pensionales. El costo fiscal de éstas fue de $1,8 billones. Los dos rubros sumados dan casi $15 billones, que es dos veces el presupuesto de educación del país.

En el impuesto al patrimonio, el sector agropecuario y el de la construcción aportan $380.000 y $500.000 millones; de acuerdo con su participación en el PIB, debían pagar $1,4 y $1,6 billones, respectivamente. Hay además mucha corrupción: con la ayuda de unos funcionarios corruptos de la DIAN, se devolvieron $7,3 billones en IVA y renta, rubro que crecía 3 veces el del PIB.

La administración Uribe se inventó ardides para que la gente más rica del país no pagara ningún impuesto: 72% de las empresas que declararon renta el año pasado no pagaron nada al fisco. Se instauraron las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), que pueden ser unipersonales y que permiten la deducción del carro (que pudo ser un Ferrari), de la casa en conjunto con cancha de golf y todo el tren de vida de lujo de un alto ejecutivo. Esta fue una modalidad muy utilizada por las EPS. Se permitió que las empresas mineras y de hidrocarburos —óigase bien— amortizaran el valor del activo que estaban explotando y que supuestamente es de la Nación. La DIAN permitió deducir buena parte de las regalías que se pagaban a los municipios y departamentos del impuesto a la renta, lo que empobreció el recaudo nacional. Todas estas medidas, por el contrario, enriquecieron mucho, mucho a los inversionistas extranjeros, aunque los nacionales tampoco se pueden quejar.

Tantos vicios que arrastra la actual legislación pueden ser neutralizados con una reforma tributaria que sea efectiva en promover la equidad, que reduzca la corrupción tributaria y que elimine tantas exenciones que envilecen la distribución de la renta en el país y además debilitan el Estado.

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