La Fiscalía muestra dientes políticos

La Fiscalía General no puede actuar como un agente de presión política. Pese a las promesas del fiscal Francisco Barbosa sobre la independencia y autonomía de la entidad que dirige, algunas de sus decisiones han levantado justas sospechas y no se leen bien en medio del contexto complicado que vive el país. Hoy está programado el interrogatorio al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por la violencia que ha ocurrido en la ciudad. Esto sucede mientras desde el Gobierno Nacional han hecho saber su inconformidad con el alcalde del Partido Verde y cuando está andando una agresiva campaña de revocatoria de su mandato. No se lee bien, entonces, la intervención de la Fiscalía.

Los detalles aún no son claros. Sin embargo, lo que sabemos es que la Fiscalía interrogará a Ospina para que explique su actuar en los últimos 50 días de paro nacional. Desde ahí ya hay un problema: ¿por qué el líder electo de una entidad territorial debe rendir cuentas ante el ente investigador sobre su manera de ejercer la política pública? No se trata, hay que decirlo, de argumentar que los alcaldes y gobernadores sean intocables, pero llamarlos a rendir cuentas a la justicia debe hacerse bajo estrictas condiciones y con claras evidencias. ¿Acaso hay sospechas de que cometió algún delito?

Aquí es cuando la situación se complica. Ospina molestó al Gobierno Nacional por haber decidido sentarse a dialogar con miembros de la “Primera Línea” que tenían bloqueos en la ciudad. También expidió un decreto para esas conversaciones que en este momento se encuentra suspendido. Pero esa actitud funcionó. En un momento de mucha crisis, Ospina logró desbloquear buena parte de la ciudad. Como el mismo alcalde lo dijo, “solo el diálogo ha posibilitado lo que hoy poco a poco tenemos, ninguno de los procesos de bloqueo superados (100 %) ha estado ausente de una conversación que lleva a desescalar”.

Sin embargo, esas conversaciones han sido utilizadas para estigmatizar al mandatario y culparlo de la violencia y de los mismos bloqueos. En un audio enviado a varios habitantes de Cali, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo: “Queridos empresarios, les ruego un favor: no se dejen enredar con ese decreto que sacó el alcalde, por favor, no se dejen engañar, vamos a actuar como tiene que ser”. Críticos de la Alcaldía han dicho que al reconocer a la “Primera Línea” se está ubicando del lado de ellos y eso ha fomentado más los bloqueos.

Apostarle al diálogo no es legitimar la violencia ni mucho menos abandonar los deberes constitucionales y democráticos. Que al Gobierno Nacional y a varias personas no les haya gustado la aproximación de Ospina no justifica que haya presiones judiciales.

El alcalde tomó el llamado a interrogatorio en una luz positiva. Hablando con El Tiempo, dijo que “hay que acudir, estar atento, revisar qué tipo de delito proponen tipificar y evaluarlo. En situaciones como esta es apenas lógico que las autoridades nos investiguen y que se investigue a todo el mundo. Eso es lo que hay que hacer”. Sin embargo, una interpretación menos amable llevaría a sentir la cita a interrogatorio como una presión indebida y la antesala para una decisión aún más lesiva.

La Fiscalía no puede prestarse para juegos políticos. Su actuar debe ser precavido y, ante todo, transparente. Interrogar a un alcalde elegido democráticamente por haber entablado conversaciones con manifestantes es un pésimo indicio.

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