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Colombia se sigue rajando, como cada cinco años, en la presentación del Examen Periódico Universal (EPU), que evalúa la protección de los derechos humanos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aunque en esta ocasión la comunidad internacional se mostró optimista ante el enfoque que ha profesado el gobierno de Gustavo Petro, no pudo dejar de lado los puntos lánguidos que sigue teniendo el país, sobre todo, en temas como la implementación del Acuerdo de Paz que se firmó con la otrora guerrilla de las FARC en 2016, la protección de líderes y lideresas sociales, y la mitigación de la violencia contra mujeres y poblaciones LGBTIQ.
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Para entender por qué Colombia siempre queda corta en los mismos puntos, El Espectador habló con distintos expertos de la sociedad civil, la comunidad académica y la comunidad internacional. En concreto, son cuatro aspectos en los que el Estado tiene falencias: sistema de justicia, protección de líderes y lideresas sociales, violencia contra mujeres y comunidad LGBTI, y la implementación del Acuerdo de Paz.
Impunidad en el sistema de justicia colombiano
Dentro de los 82 países que hicieron recomendaciones a Colombia en el EPU, una de las más repetidas fue la reforma al sistema judicial colombiano. De acuerdo con la comunidad internacional, el modelo actual deja la puerta abierta para que exista impunidad para quienes vulneren los derechos humanos. Para Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una de las 588 organizaciones de la sociedad civil que hicieron seguimiento a las más de 200 recomendaciones que hizo la comunidad internacional a Colombia en 2018, la reforma es algo que se viene pidiendo hace décadas.
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De acuerdo con la directora de la CCJ, las recomendaciones hechas a Colombia demuestran “la necesidad de que se adelanten investigaciones efectivas, oportunas, transparentes, que permitan esclarecer varios crímenes relacionados con violaciones a derechos humanos. Así que, esto es complementario con los llamados al fortalecimiento de la administración de justicia, a garantizar el acceso a la justicia para las personas, aumentar la presencia de la administración de justicia en zonas rurales y apartadas del conflicto, y a que la justicia se aplique teniendo en cuenta enfoques diferenciales, facilitando que mujeres, indígenas, personas afrocolombianas, incluso niñas y niños, personas LGBTI, entre otros sectores que han sido particularmente victimizados, puedan conseguir una respuesta dentro del aparato judicial”.
Protección a los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales
Juliette De Rivero, la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, sostiene que, dentro de todo lo mencionado, en este punto, y tal como fue recomendado por la comunidad internacional, debería pensarse en una reforma para la Unidad Nacional de Protección (UNP). A los ojos de De Rivero, “la reforma que puede implementar la UNP en el sistema de protección de defensores de derechos humanos, tiene que ser una reforma en la que los defensores y defensoras participen en la construcción de un nuevo modelo. Es decir, tiene que ser con la sociedad civil, para poder responder realmente a las necesidades.
Según la representante, el modelo actual de protección que se maneja no es el adecuado, porque, dice ella, no es consecuente con las necesidades y problemáticas que atraviesan los distintos protegidos en las distintas regiones del país.
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Mitigación de la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ
Una de las problemáticas señaladas, y que se repitió, en el EPU del 2023 fue la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ. Sobre este tema en particular, la decana de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Laura García Matamoros, dijo que aunque es visto con buenos ojos que el gobierno de Gustavo Petro tenga enfoques en su programa de Gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo para mitigar esta violencia, aún falta ver materializadas las intenciones de la nueva administración.
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De acuerdo con la decana García, en las presentaciones de las recomendaciones que hizo cada país a Colombia “hay una esperanza, un lenguaje positivo hacia lo que quiere hacer el Estado colombiano, pero claramente se vio que hay muchas cosas que reorientar, sobre todo en los buenos propósitos”. Para la experta, en esta y las demás problemáticas resaltadas por la comunidad internacional “pueden existir políticas y acciones para defender los derechos humanos, pero el desafío siempre serán los recursos. Recursos para implementar reformas a la salud, a la educación, al trabajo, que realmente lleguen a todos”…“las recomendaciones de este EPU generan al Gobierno un gran desafío en términos de recursos para cumplir muchas cosas que seguramente tiene la intención de hacer, pero a la hora de ejecutarlas va a ser complicado”.
Implementación del Acuerdo de Paz
Ante los ojos de la comunidad internacional, durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC trató de ser deslegitimado directamente desde el Ejecutivo, y aunque Gustavo Petro se haya comprometido a que le dará cabal cumplimiento, esto podría no materializarse completamente a los ojos de docente Mauricio Jaramillo. Para él, aunque esa es una apuesta por la paz en el país, Petro viene con una completamente nueva que podría hacer que un acuerdo del paso pase a un segundo plano, debido a que es mucho más ambiciosa que hacer la paz solo con un grupo armado.
Para el profesor de la Universidad del Rosario, también resulta complejo que se haga el monitoreo a las falencias que pueda tener el país en materia de derechos humanos, debido a que históricamente, señala él, se ha interpretado que “cualquier crítica, cualquier sugerencia en materia de derechos humanos es entendida como debilidad”. Según Jaramillo, actualmente sigue siendo mayor la preocupación por la imagen que se dé a nivel internacional, a atender los problemas desde adentro. “Lo grave no es la imagen, los grave es la degradación de los derechos humanos en el país”, resalta el docente.
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