América Latina, suelta de la baranda

Cuatro décadas de combate frontal cuyos resultados no dan para cantar victoria: la prohibición no ha frenado el consumo ni en Europa ni en los Estados Unidos, el principal mercado mundial, y sus consecuencias han sido nefastas. Por seguir la cartilla de Washington, Colombia ha pagado costos enormes en vidas, inseguridad, corrupción, debilitamiento institucional y prolongación del conflicto interno. En México ha dejado más de 50.000 muertos en los últimos cinco años, y los países de Centroamérica, por donde pasa entre el 80 y 90% de la cocaína hacia a los Estados Unidos, se han convertido en uno de los más violentos del mundo debido a una actividad ilícita que mueve US$35.000 millones al año.

La guerra contra las drogas ha fracasado en su conjunto, pues no ha logrado controlar ni el consumo ni la producción. Sus victorias son apenas parciales, por no decir pírricas: la presión, represión y persecución producen el desplazamiento de los cultivos de una región a otra y el cambio de rutas, nada más. Los narcotraficantes se adaptan con éxito a las medidas y sofistican sus actividades, pero el fenómeno y sus secuelas no desaparecen. ¿Vale la pena, entonces, gastar miles de millones de dólares cada año en esa guerra, cuando podrían destinarse a inversión social y a programas de prevención, educación y tratamiento, que no matan, ni destruyen, ni empobrecen?

Es inmoral, por decir lo menos, persistir en una estrategia que ha probado ser ineficaz y que tiene tan altos costos sociales, políticos e institucionales. Así lo han entendido los presidentes de América Latina, quienes hoy parecen dispuestos a soltarse de la baranda de Washington para abordar el problema con mirada propia. Pese a que sus gobiernos no comparten el mismo modelo económico y político, han empezado a dar los primeros pasos por el camino que les abrieron los expresidentes Gaviria, Zedillo y Cardoso —integrantes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia—, que en 2009 plantearon la necesidad de revisar la política antidrogas para darle un enfoque de derechos humanos, diferenciar consumidores de traficantes, tratar el consumo como un problema de salud pública y buscar alternativas orientadas a la disminución del daño.

Los presidentes han logrado un consenso mínimo en este sentido —como buena parte de los países de Europa—, pero en contravía de los Estados Unidos. El presidente Obama, que ayer mostraba cierta disposición al debate, hizo saber por medio del vicepresidente, Joe Biden, de visita en México y Honduras, que la administración no cambiará su política antidrogas. La campaña republicana lo tiene contra las cuerdas, pero como el consenso sobre el prohibicionismo también se está debilitando en su país, declaraciones de otros funcionarios indican que ha dejado abierta una ventana para que América Latina plantee alternativas. El asunto estará en la agenda de la Cumbre de las Américas en Cartagena y será central en la Cumbre de Defensa y Justicia de Unasur en los primeros días de mayo, también en La Heroica.

Suelta de la baranda, América Latina se dispone a abrir el debate sobre la necesidad de modificar la política antidrogas. El camino del cambio es largo y culebrero, pues existen tres convenciones de la ONU que lo dificultan. No obstante, por algo hay que empezar. El presidente Santos tiene la autoridad para hablar en voz alta ante la comunidad internacional, ya que Colombia ha liderado en la región la guerra contra el narcotráfico y lo ha pagado con sangre. Otra cosa es que no quiera hacerlo.