Marcha en Ecuador

Iban uno detrás de otro, sin hablarse, mirando el suelo, como castigados. La Revolución Cultural de los sesenta implantó una disciplina que ahora usufructúa la expansión comercial china. Las inversiones en Ecuador —pero también en Perú, Venezuela, Argentina, Colombia— son millonarias. Los chinos se meten por cualquier hendija para meter la mano y por ese hueco sacar la plata. Sobre todo en minería y petróleo, pero, si los dejan, también en tierra y agua. Con Ecuador han firmado un contrato con la empresa Ecuacorriente para la explotación de cobre en la región de Zamora Chinchipe, en el sureste de Ecuador. Se estima que sólo la mina de El Mirador llegaría a producir 60.000 toneladas diarias a cielo abierto, única manera de sacar el mineral para ser embarcado en un puerto que se construirá a propósito y que, claro está, supone una gran carretera que atravesaría la cordillera hasta la costa. El brinco no se hizo esperar. Los ambientalistas primero, el movimiento indígena después, y, por último, la derecha política han puesto el grito en el cielo. El problema del agua y el de la minería están íntimamente ligados: para producir una onza troy de oro se necesitan 12.000 litros de agua, que equivale al consumo de un pueblo como Nemocón, Cundinamarca o Angelópolis, Antioquia.

El Gobierno se defiende diciendo que la explotación dejará a las comunidades, “tanto en regalías como en la participación de utilidades, 1.140 millones de dólares durante los 25 años del contrato”. Alberto Acosta, el hombre de Correa en la constituyente y exministro de Minas, se burla del Gobierno diciendo que los adelantos que hará la empresa son “chucherías y espejitos para romper la resistencia de las comunidades”. El 8 de marzo pasado la poderosa Confederación Nacional Indígena del Ecuador, Conaie, inició una marcha de rechazo que recorrió el país desde los cuatro puntos cardinales hacia Quito, a donde llegaron el pasado 22 de marzo. Para Rafael Correa la cuestión es delicada porque el movimiento indígena, que lo llevó a la presidencia, se le viene ahora encima. Y no sólo protesta contra el negocio de El Mirador, sino contra la política de explotación minera y petrolera del Gobierno, que con China ha firmado —por ahora— contratos por 7.000 millones de dólares. Desde que Correa fue elegido los indígenas vienen peleando la ley de tierras y la ley del agua, cuyos trámites legislativos el Gobierno ha dilatado. La de tierras autorizaría la expropiación por vía administrativa de aquellos predios que no cumplan su función social y ambiental y que excedan las 500 hectáreas. Serían pagados —como debe ser, digo yo—, por el valor catastral. Meterse con los terratenientes es peligroso, entre otras cosas porque los militares suelen guardar sus ahorros en tierra. La ley del agua es más complicada aún. Pachakutik, brazo político de la Conaie, pide que los páramos sean declarados patrimonio de las comunidades indígenas que los habitan; el Gobierno considera antidemocrática la demanda porque el agua, por constitución, es un bien público.

El enfrentamiento en calles y plazas en Quito al término de la marcha parecía inevitable porque las posiciones no eran —ni son— fácilmente conciliables. A la marcha por el agua, la vida y la dignidad, el gobierno movilizó su gente al grito de “No pasarán”. La derecha —los pelucones— medra del conflicto con la esperanza de sacar a Correa de cualquier manera, inclusive haciéndole la segunda a sus enemigos históricos, los indígenas. Al final, la cosa se resolvió con inteligencia: la policía, sin armas, escoltó a los marchistas hasta la plaza de El Arbolito, y de ahí salieron en orden los gobiernistas hacia otras plazas donde Correa los recibió. Los indígenas discutirán con diferentes instancias del Estado sus demandas. Por ahora, el problema ha sido resuelto democráticamente, sin sangre.

Las manifestaciones contra la minería y en defensa del agua crecen en el continente, donde hay 120 conflictos creados por la explotación minera y el uso empresarial del agua. En Panamá, los indígenas ngabe buglé salen a la calle; en el Perú se suspendió la explotación del proyecto Conga; en Argentina explotó la gente de Alumbrera y Famatima, y en Colombia, para no quedarnos atrás: El Quimbo, Santurbán, La Colosa, Ranchería se suman a la pelea. América Latina se va a llenar de chifas, restaurantes de comida china.