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La Corte Suprema no encontró méritos para investigar formalmente al senador conservador y precandidato presidencial David Barguil. El caso tiene que ver con las 25 incapacidades médicas que presentó en el Congreso para justificar su ausencia a ese mismo número de plenarias cuando era representante a la cámara, entre 2014 y 2018. La Sala de Instrucción, encargada de las pesquisas contra congresistas y otros altos funcionarios, desestimó una denuncia que aseguraba que Barguil había falsificado las excusas médicas, pues se basaba en fuentes que no quiso revelar y en un supuesto peritaje grafológico que no fue riguroso.
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La denuncia la interpuso Catherine Juvinao, hoy candidata al Congreso y entonces vocera del colectivo Trabajen Vagos, el cual rastreó quiénes fueron los legisladores que más se ausentaron a plenarias durante el periodo 2014-2018. Barguil fue quien más faltó y, en casos así, el Consejo de Estado podría decretar la pérdida de investidura. Con seis ausencias injustificadas a plenarias, el máximo tribunal administrativo puede imponerle la muerte política a un congresista. Pero cuando fue demandado ante esa corte, Barguil mostró las 25 incapacidades médicas y el fallo fue a su favor.
Juvinao, entonces, denunció a David Barguil ante la Sala de Instrucción por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Pero la corporación concluyó, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda: “a partir de los elementos cognoscitivos recaudados en esta investigación previa, apreciados de manera conjunta, las conductas punibles denunciadas son, a todas veras, inexistentes”. Para llegar a esa conclusión, la Corte Suprema ordenó su propio análisis grafológico, escuchó en declaraciones juradas a una decena de congresistas, entre ellos Barguil, y hasta revisó la historia clínica del hoy precandidato.
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En primer lugar, tras revisar el historial médico de David Barguil, la Corte corroboró que, “los padecimientos o quebrantos de salud a los que aluden las incapacidades referidas son ciertos, de manera que desde esa otra arista se excluye también la especulación de la denunciante sobre la motivación que habría tenido el indiciado Barguil Assis”, según se lee en el documento que se inhibió de abrir investigación. Aquí se refiere a que la denuncia afirmaba que las incapacidades habían sido falsificadas, con la venia del médico de la Cámara de Representantes, Juan Alonso Saab.
El médico Saab no solo negó tajantemente la existencia del supuesto acuerdo criminal con Barguil, sino que declaró bajo juramento que el congresista, en efecto, estuvo enfermo en esas fechas. Si bien Juvinao cuestionaba que en los días en los que el senador estaba incapacitado se mostraba en sus redes sociales en eventos sociales, David Barguil le explicó así a la Corte Suprema la situación: “aseveró que no toda publicación en las redes sociales se realiza en tiempo real. Es más, expuso que, de hecho, en algunas circunstancias las fotos divulgadas por esos medios son de archivo”.
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El análisis grafológico sin rigor
Además, en la denuncia se aseguraba que David Barguil había falsificado firmas de miembros de la mesa directiva del Congreso que revisaron sus excusas médicas. Tanto de presidentes como vicepresidentes de la Cámara de Representantes. Sin embargo, la Corte desvirtuó esa afirmación por dos lados. En primer lugar, “los congresistas que tuvieron esa calidad, en sus respectivos testimonios reconocieron la autoría de los vistos buenos o aprobatorios; autorizaciones que estuvieron soportadas en las certificaciones médicas que debían presentárseles en ese momento”.
Y, por otro lado, si bien la denunciante adjuntó un análisis grafológico, para la Corte Suprema la experticia del perito que lo realizó deja mucho que desear. Por ejemplo, el peritaje de la denuncia decía que había falsificación porque el congresista que le dio el visto bueno a Barguil había firmado con sus iniciales y no con su firma completa. “En términos sencillos, no es lo mismo una firma abreviada que una completa, por ende, un análisis somero y sencillo estriba en que se trata de objetos heterogéneos en sus características esenciales”, reprochó la Sala de Instrucción.
Para el alto tribunal, las conclusiones del grafólogo que contrató Juvinao “se fundamentan en un estudio superficial y orientador”. La Corte, entonces, ordenó su propio análisis y le pidió a investigadores del CTI que estudiaran si los documentos que David Barguil contenían las verdaderas firmas de los miembros de las mesas directivas del Congreso. “La pericia del CTI expone de forma conclusiva que los documentos no han sido alterados desde su creación”, señaló el alto tribunal. Así las cosas, mientras se define en segunda instancia en el Consejo de Estado si Barguil mantiene o no su investidura, en la Corte Suprema ya le lanzaron el primer salvavidas.
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