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Ante los derechos humanos, la Constitución y la Biblia, todas las vidas valen lo mismo. En Colombia, sin embargo, eso hoy por hoy no es así. Y rara vez lo ha sido.
La ministra del Interior pide que, así como chillamos (el término lo puso ella) por los asesinatos de líderes sociales, lo hagamos por las personas que pierden la vida durante los atracos en los que les roban sus celulares. Es que son más y nadie los defiende. Vale.
La comparación carece de presentación alguna, pero eso no es nuevo en la ministra. En esta oportunidad, para empeorarlo todo, su soberbia actitud fue asumida en Putumayo, durante un evento para la defensa de la vida de los líderes sociales (no me malinterpreten, todas las vidas valen lo mismo, pero sus muertos vengo a ofender).
Olvida la humanitaria funcionaria que detrás de las muertes de líderes sociales hay una larga historia que no se puede equiparar con la del crimen común. Hasta donde sabemos, el Estado no roba y mata a los que cargan con prendas valiosas. En el caso de los asesinatos de líderes sociales, por el contrario, su complicidad es diferente.
Por omisión, pues no protege lo suficiente y de manera efectiva a las personas amenazadas. Y por activa participación, cuando sus propias fuerzas armadas se alinearon con grupos paramilitares. O cuando su policía actuó en connivencia con narcotraficantes y grupos irregulares.
Precisiones históricas aparte, hay que tomar las palabras de la ministra como lo que son: confirma el gobierno de Duque a través suyo (y si no es así que la desmienta) que no es prioritario garantizar el ejercicio de actividades políticas contrarias a su pensamiento. O como mínimo alternativas.
Para ponerlo en los términos de la derecha, el uribismo y sectores afines cuando los amenazados han sido sus políticos profesionales: peligra la democracia. Por mucho menos, harto se dijo que íbamos hacia Venezuela.
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