Procesos contra la Nación ascienden a $1.003 billones

Para conocer la realidad jurídica de los procesos en contra de la Nación, el Gobierno considera que se debe “diseñar una estrategia eficiente de recolección de información”, de manera que permita saber el estado actual de las demandas y actos judiciales que se siguen adversos para la Nación.

El Plan Nacional de Desarrollo presentado recientemente a consideración del Congreso, admite que Gestión jurídica pública de Hacienda y Crédito Público, considera que actualmente cursan en contra de la Nación proceso con pretensiones por 1.003 billones de pesos y cuya contingencia se estima en 431,3 billones de pesos.

Dice el informe que “la estrategia de gestión jurídica debe considerar un plan de acción para los procesos en curso y una política para la prevención del daño antijurídico”.

Para conseguir este propósito “se propone el levantamiento de mapas de riesgo que identifiquen posibles debilidades en la defensa, ámbitos de conciliación necesaria, tipo de procesos y entidades en las que se concentran las mayores cuantías”.

La propuesta se encamina a identificar “puntos críticos en la gestión de los documentos que pueden llegar a ser tenidos como pruebas en el proceso o las copias de los expedientes que tienen en su poder las diferentes entidades”.

“Es necesaria una política de Estado que vincule a la Rama Judicial para generar políticas de prevención conjuntas y para evitar los incentivos perversos que generan decisiones aisladas”, precisa el informe contenido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Se propone trabajar en la identificación de aspectos concretos para determinar las fallas que dan lugar a la acción litigiosa, para ser solucionadas a través de la capacitación, pero no se descarta “que sea necesario realizar modificaciones normativas”.

Dice el informe que la estrategia iniciaría con acciones de corto plazo enfocada en la recolección de información, la elaboración de mapas de riesgo, la gestión de casos activos privilegiando la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Las acciones de “se encaminarían a la redefinición de la institucionalidad en la materia, la reingeniería del ciclo de gestión y la consolidación de un sistema de información”.

Concluye el informe que el modelo institucional que se logre establecer “deberá trabajar en la prevención del daño antijurídico y en garantizar la generación de verdaderos lineamientos para la administración de recursos y el replanteamiento de la estructura de defensa judicial al interior de las entidades”.

Los organismos de control han advertido de las demandas en contra de las entidades del Estado que podrían poner en peligro las finanzas públicas, si en un caso extremo los fallos fueran adversos a los intereses estatales.