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En la mañana del jueves 29 de enero de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad desplegaron una operación a gran escala en los barrios María Paz y El Amparo, en la localidad de Kennedy. Más de 1.000 uniformados se tomaron calles, establecimientos y puntos considerados críticos, en sectores que desde hace más de una década concentran denuncias por economías ilegales, violencia urbana y una disputa permanente por el control territorial.
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Según el balance del general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, en la intervención se realizaron registros a personas, controles a vehículos y motocicletas, y visitas a establecimientos comerciales. Como resultado, sellaron de manera temporal dos inmuebles que operaban como pagadiarios por no cumplir con la documentación exigida; capturaron a una persona por tráfico y porte de estupefacientes, incautaron de cerca de dos kilogramos de marihuana, y adelantaron verificaciones técnicas a motocicletas, para detectar posibles alteraciones asociadas al hurto.
César Restrepo, secretario de Seguridad, señaló que estas acciones son parte de una estrategia de control territorial recurrente en zonas de alto riesgo, con apoyo de distintas entidades del Distrito y autoridades migratorias. Para la administración, el fortalecimiento del pie de fuerza, que se concretó a finales de 2025, ha permitido intensificar estas acciones. Sin embargo, la intervención de este jueves no es un hecho aislado, sino un nuevo episodio en una larga cadena de respuestas fragmentadas frente a un problema estructural que arrastra decisiones judiciales incumplidas.
Acción popular, ¿un saludo a la bandera?
En 2009, habitantes de El Amparo y María Paz interpusieron una acción popular para exigir la protección de sus derechos colectivos ante el deterioro progresivo de la seguridad, la ocupación indebida del espacio público y la degradación del entorno urbano. El proceso lo resolvió el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, que el 6 de octubre de 2011 emitió un fallo que ordenó a las autoridades adoptar medidas para la recuperación del espacio público, garantizar un ambiente sano y restablecer el orden público en un plazo no mayor a un año. Van 15 años, y los resultados siguen siendo parciales.
En 2017 se adelantó una intervención institucional transversal, que logró reducir la criminalidad y recuperar el espacio público tan solo unos meses. Una vez se retiró el refuerzo de la Fuerza Pública de la zona, las dinámicas ilegales reaparecieron.
Para 2024, según el concejal Óscar Ramírez Vahos, en el sector persistían —y se habían agravado— fenómenos como el tráfico y consumo de estupefacientes, la extorsión, la ocupación indebida del espacio público, el posicionamiento de bandas delincuenciales, el bloqueo de vías y escenarios recurrentes de violencia, incluidos homicidios relacionados con las disputas por las rentas criminales.
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De enclave barrial a nodo criminal
Comprender lo que ocurre hoy en los barrios El Amparo y María Paz exige mirar hacia atrás. El Observatorio de Seguridad de la Universidad Central ha documentado la evolución del poder criminal en la zona desde 2010, un punto de quiebre sin el cual, advierte el analista Andrés Nieto, “no se puede entender la complejidad actual del sector”.
A comienzos de esa década, los barrios se convirtieron en escenario de enfrentamientos entre estructuras conocidas como los Boyacos y los Paisas, que disputaban el control del microtráfico, especialmente en los alrededores de Corabastos. La adopción de esquemas de distribución tipo “mano blanca” (distribución de estupefacientes cuidadosamente ocultos en el espacio público) fragmentó aún más estas bandas y terminó dividiendo el territorio: unos se asentaron en El Amparo y otros, en María Paz.
Las capturas asociadas a alias “el Boyaco” en 2012 no debilitaron de forma definitiva la estructura. Por el contrario, detonaron nuevos enfrentamientos y una ola de amedrentamientos contra la comunidad, presionada por tomar partido.
Extorsiones, cobros de vacunas, amenazas y ataques armados se volvieron parte de la cotidianidad. En ese contexto, la acción popular cobró fuerza como mecanismo de defensa frente a una violencia que confinaba a los habitantes en sus viviendas.
Entre 2015 y 2017, tras la intervención del Bronx, varias facciones criminales se desplazaron hacia el suroccidente de Bogotá. Aunque algunos de los antiguos cabecillas intentaron asentarse en la zona, las disputas internas impidieron que consolidaran el control. Paralelamente, surgieron nuevas bandas —como los Gordos y las Gordas— que ampliaron las rentas ilegales hacia la explotación sexual, la extorsión y el secuestro exprés.
Su desarticulación en 2017 dejó un vacío que fue rápidamente ocupado por actores residuales.
De esa fragmentación emergió una estructura conocida como La 38, que logró articular distintas economías ilegales y ejercer un control más amplio, incluso sobre comerciantes y dinámicas cotidianas del barrio. Aunque esta banda recibió golpes importantes entre 2019 y 2020, su debilitamiento dio paso a una nueva fase de reconfiguración, marcada por la expansión de los pagadiarios y la instrumentalización de población migrante, especialmente venezolana y haitiana.
Así surgió lo que empezó a llamarse el Tren de la 38, una denominación que generó confusión con el Tren de Aragua. Según Nieto, no se trató de una subordinación directa, sino de un esquema de tercerización criminal, que permitió operar bajo un nombre con alto poder intimidatorio. La situación se complejizó con la irrupción de alias “Camilo”, un actor con control sobre expendios de droga en varias localidades, quien estableció alianzas criminales, entre ellas con alias “Satanás”. Tras la captura de “Camilo” en 2021, “Satanás” asumió el control y desplazó violentamente los restos de La 38.
Cuando el Tren de Aragua infiltró la Policía
En 2022 quedaron en evidencia los vínculos entre el poder criminal y miembros de la Fuerza Pública, que facilitaban la expansión de estas estructuras. Ese año fue capturado el comandante del CAI Caldas, cercano a El Amparo. El uniformado fue detenido por sus presuntos nexos con el Tren de Aragua, luego de ser delatado por integrantes de esa misma organización. Según las investigaciones, el uniformado habría recibido dinero a cambio de permitir el tráfico de drogas sin control y estaría vinculado a casos de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.
El episodio no solo evidenció la capacidad de las bandas para cooptar instituciones, sino que profundizó la desconfianza de la comunidad frente a las autoridades. Aunque operaciones posteriores, como Satanás 1 y Satanás 2, debilitaron parcialmente estas estructuras, hoy al menos tres bandas se disputan el control del territorio.
En ese contexto, operativos como el realizado el 29 de enero de 2026 aparecen como respuestas necesarias, pero insuficientes. La acción popular sigue vigente y obliga a varias entidades del Distrito a intervenir en frentes sociales, urbanos y comunitarios, que van más allá del control policial. Para los habitantes de El Amparo y María Paz, mientras esas obligaciones sigan sin materializarse, el sector corre el riesgo de dejar de ser un relicto de lo que alguna vez fue el Bronx, para convertirse en una nueva expresión del crimen organizado y de la incapacidad institucional para transformar un territorio donde, desde hace años, todo ocurre a la vista de todos.
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