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En reciente columna (El Espectador, marzo 4/12), Alejandro Gaviria pone el dedo en la llaga sobre la peligrosidad de la justicia espectáculo, en donde los reporteros «ahora disertan frente a las cámaras acerca de los procesos en curso con la misma grandilocuencia vana que hiciera famosos a varios comentaristas deportivos: especulan, hacen apuestas y entrevistan a los protagonistas del espectáculo».
Para Gaviria “algunos abogados penalistas, Jaime Lombana, Jaime Granados y Abelardo de la Espriella, se han convertido en personajes de la farándula. Son entrevistados diariamente por los medios nacionales. Pontifican por la mañana en la radio, por la tarde en los juzgados (con señal en vivo) y por la noche en televisión. Son protagonistas de primera plana de un reality que parece no tener fin… la justicia espectáculo acaba por erosionar algo que no forma parte de nuestra naturaleza, que la humanidad tardó mucho tiempo en construir, ese gran legado de la ilustración: las libertades individuales, la presunción de inocencia, la defensa del individuo ante la coerción de las mayorías, ante nuestro deseo instintivo de castigo. En la justicia espectáculo los derechos humanos terminan subordinados a los deseos revanchistas de la audiencia o de los mismos jueces”.
En esencia, la justicia espectáculo es un circo en donde los ganadores son los noticieros radiales y televisivos que se prestan, sin beneficio de juicio imparcial, al linchamiento y escarnio por parte de los periodistas. Igualmente ganadores son los abogados que, precisamente con base en los “shows” mediáticos que montan, cobran jugosos honorarios. Los grandes perdedores: la justicia y la verdad.
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Apostilla 1: La contralora Sandra Morelli no se ha dejado intimidar por el cerco que algunos magistrados le están montando para impedir que sea la Contraloría la que investigue el “Carrusel de la Toga”. ¿Y qué es lo que se discute? Nada menos que la competencia para indagar a los magistrados. Como es obvio, los principales responsables del carrusel insisten en que sea exclusivamente la Comisión de Acusación de la Cámara la que los investigue. ¿Será por el profesionalismo y la imparcialidad de dicha Comisión? ¡No seamos tan ilusos ni tan pendejos! Dado que la Comisión de Acusación en toda su historia prácticamente a nadie ha encontrado culpable, los magistrados tienen garantizada su absolución.
Apostilla 2: No tiene sentido alguno pretender que los abogados, especialmente los penalistas, se limiten es a defender a las Hermanas de la Caridad. Pero una cosa es defender y otra cosa es ser el asesor jurídico que diseña y estructura mecanismos que permitan a los empresarios navegar en aguas turbias o blindar sus operaciones para delinquir con absoluta impunidad. El doctor Eduardo Montealegre, miembro de la terna para la Fiscalía, tiene la obligación de explicarle al país exactamente cuál era su papel (y naturalmente los honorarios que devengaba) como abogado de SaludCoop y su anterior presidente, Carlos Palacino. La contralora Morelli afirma que se siguen robando los recursos de la salud y asegura que “las investigaciones fiscales para detectar responsabilidades en la billonaria fuga de recursos en este sector se dificultan debido a que hay personas especializadas en llegar a las altas esferas del Estado para influir en su capacidad de decisión”. El próximo fiscal, como la mujer del César, no sólo tiene que ser honesto, sino también parecerlo.
Apostilla 3: El alcalde Petro acusa al senador Robledo de desestabilizador. Petro igualmente afirma que el Moir terminó rodeado de ladrones que roban las cajas de las estaciones de Transmilenio. A su vez Robledo acusa a Petro de macartista y mitómano. Creo, sin el menor temor a equivocarme, que tanto Petro como Robledo tienen razón.