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Justo este viernes, cuando empezó a regir la restricción para los motociclistas de transportar a un acompañante hombre mayor de 14 años, la Red de Veedurías Ciudadanas (Redver) envió un oficio al Fiscal General de la Nación en el que le solicita adelantar una indagación preliminar contra el alcalde Enrique Peñalosa; el secretario de movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y el secretario de seguridad, Daniel Mejía, por el posible delito de prevaricato por acción, a raíz de la expedición del decreto que establece la medida.
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El remitente del oficio se identificó como William Marmolejo Ramírez, quien en el documento hace un recuento del decreto distrital 068 de 2018 que prohíbe la circulación de motos con parrilleros y, a renglón seguido hace referencia al Código Nacional de Tránsito, para recalcar que la figura del parrillero no existe dentro de las definiciones de la norma que regula el tránsito en el país; que las motos tienen autorización para transportar dos pasajeros sin restricción de edad ni sexo, por lo tanto la restricción y la multa que fijaron desde la Alcaldía son contrarias a la ley.
Recalca que el Código de Tránsito establece como uno de los principios rectores la libre circulación, “razón por la cual no le está permitido al alcalde de Bogotá restringir vía decreto la circulación de motos y menos implementarla con la inexistente figura del parrillero…. Cabe la pregunta, ¿puede un decreto distrital modificar una norma superior o estar por encima de la ley?”.
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La denuncia la complementa señalando que la Policía de Tránsito en Bogotá no estarían facultados para imponer comparendos en el perímetro urbano de Bogotá, pues según el denunciante existe una ley que obliga a la capital a tener agentes de tránsito distritales y no de policía nacional. “Ahora bien teniendo en cuenta que el señor alcalde mayor de Bogotá, fue alertado o mejor advertido para que no implementara la restricción, solicito se me llame a ampliar, ratificar y aportar las pruebas de lo aquí referido por esta veeduría”, concluye Marmolejo Ramírez.
Por esta razón, el ciudadano insiste que tanto el alcalde como sus secretarios se tomaron atribuciones que no le están permitidas, modificando una ley que sólo puede cambiar el Congreso, cometiendo el presunto delito de prevaricato. Esta solicitud se convierte en la primera acción jurídica que anunciaron los líderes de los motociclistas, a raíz de la restricción que aplica desde el viernes en la ciudad.
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