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El inconformismo entre los empresarios y exportadores colombianos sigue presente a dos semanas de la nueva reunión entre los gobiernos de Caracas y Bogotá dentro del proceso para el pago de los más de US$600 millones en deudas atrasadas.
La principal queja sigue siendo la falta de transparencia: los dineros aprobados por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a empresarios del vecino país, para la cancelación de facturas, aún no llegan a este lado de la frontera.
Según datos oficiales del Cadivi, hasta el 27 de enero pasado se habían autorizado desembolsos por US$563 millones; sin embargo, los exportadores colombianos alegan haber recibido solamente alrededor de US$300 millones. “No sabe uno dónde está el corto circuito en este tema de las cifras”, le dijo Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, a Caracol Radio.
Pero más allá de los atrasos en los pagos, existe una preocupación mayor: ¿qué pasará con los intercambios comerciales a partir de abril, cuando Venezuela oficialice su salida de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y los productos colombianos dejen de entrar a ese mercado con preferencias arancelarias?
Desde agosto de 2010, cuando los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos declararon en Santa Marta sus intenciones de retomar el diálogo político, comercial y de cooperación, ambos gobiernos vienen negociando un acuerdo de complementación económica. Al día de hoy es poca la información sobre su alcance que ha trascendido a la opinión pública.
“La intención de Venezuela es mantener un comercio fluido y creciente por la vía de acuerdos de complementación industrial. En esa área, Colombia puede ser aún más creativa”, comenta Magdalena Pardo, presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana, entidad que ha elevado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo varias propuestas para sellar la cooperación sectorial.
El resultado de esta negociación es un asunto vital para los exportadores colombianos, que desde el bloqueo comercial impuesto por Caracas en el segundo semestre de 2009, han visto cómo sus envíos al vecino país se han estancado. De hecho, el DANE registra que las ventas a ese mercado pasaron de US$6.000 millones en 2008 a US$1.500 millones durante el año pasado, una reducción del 70%.
Todo indica que el principal enemigo de las buenas intenciones presidenciales es su visión política. “Venezuela quiere proteger su industria y busca un convenio de cooperación parecido al de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Pero Colombia busca una relación parecida a la época anterior al bloqueo”, comenta Germán Umaña Mendoza, catedrático de Economía de la Universidad Nacional.
En su concepto, los flujos que el país ha dejado de percibir en el intercambio binacional serán un factor importante para el equipo negociador colombiano: “Probablemente nos quedaremos con un acuerdo de excepciones: algunos productos quedarán con libre arancel, habrá restricciones para otros y los demás, sensibles para Venezuela, quedarán excluidos. Pero eso es preferible a no tener acuerdo alguno”.
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