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Alejandro Gaviria, en una columna titulada “Ciudades”, referida al destino de las regalías (El Espectador, 11 de febrero de 2012), criticó a los analistas que dicen que “el futuro de Colombia pasa por el campo” y afirmó que el futuro está en las ciudades y que parte de las regalías debe ir a las grandes ciudades.
También dice que la Ley de Restitución de Tierras, es una forma de saldar cuentas con el pasado, pero que nuestro futuro está en saber lidiar con los crecientes problemas urbanos. Coincido con Gaviria en algunos aspectos y difiero en otros.
Coincido en que el futuro no está en la restitución de la propiedad rural como espacio para la producción agropecuaria. Ni el futuro del desarrollo socioeconómico, ni el futuro de la ruralidad, están en el sector agropecuario. Esto lo demuestran las cifras. Mientras en Colombia el valor del producto agropecuario en 2010 era el 7% del PIB, para el mismo período este indicador en Ghana (África) era del 30% y en Tanzania el 28%; por el contrario, en Francia fue el 2% y en Estados Unidos el 1%. La tendencia es que entre mayor es el desarrollo y el ingreso per cápita de un país, menor es la participación del sector agropecuario en el PIB y por lo tanto el futuro no puede estar en solucionar el problema de inequidad en la propiedad del suelo agrícola. Pensar en la construcción de futuro significa considerar la relación entre ciudad y campo; entre el uso del territorio y la protección de la infraestructura; en la calidad de vida y el acceso del ciudadano urbano a los espacios naturales, que son el lugar donde se produce el aire que respiramos y el agua que bebemos. Para que los servicios ambientales asociados a todas estas tareas se recuperen, es necesaria la transferencia como pago de servicios ambientales de las ciudades al campo, y no girar transferencias del campo a las grandes ciudades como la propone Gaviria.
El futuro de las ciudades tiene una alta dependencia del espacio rural, pero no del sector agropecuario. La Ley de Restitución de Tierras y la Ley de Desarrollo Rural deben saldar la deuda que el país tiene con la población desplazada en el campo, pero este no es su enfoque futurista. Que la legislación retome los antecedentes históricos y proponga superar la inequidad y las injusticias, es importante, esta es su relación con el pasado. En cuanto a su función de construir futuro, los énfasis deben ser otros.
Como se afirma en la frase introductoria de una reciente publicación del Banco Mundial (“Enhancing carbon stocks and reducing CO2 emissions in agriculture and natural resource management projects”, de febrero de 2012), referida a la manera de enriquecer los sumideros de carbón y reducir las emisiones de CO2 en la agricultura y en el manejo de los recursos naturales, el principal reto que enfrenta la humanidad para el desarrollo es el cambio climático. La legislación que articula la relación campo-ciudad debe girar en torno a los servicios ambientales y el cambio climático, y no en torno a la propiedad de la tierra y su uso según su potencial agropecuario. Entonces, más recursos deben ser transferidos de las grandes ciudades a los espacios rurales para hacer efectivo y justo el ordenamiento ambiental territorial y asegurar la calidad de vida tanto en los centros urbanos como en los espacios rurales y así gestar un desarrollo económico y social sostenible.