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A partir del próximo primero de marzo, Colombia sancionaría la venta de cualquier licor que contenga más de 20 grados de alcohol y sea fabricado en el extranjero.
La medida, planteada por 31 gobernadores del país y presentada este miércoles a través de la Federación Nacional de Departamentos, busca un giro radical en la lucha contra el contrabando de licor, la cual alcanzó gran notoriedad en 2004, cuando los mandatarios departamentales demandaron en una corte de Nueva York a las distribuidoras Diageo, Seagram y Pernod Ricard.
“Hoy, del total de 28 millones de unidades importadas que se venden en Colombia, sólo 6 millones pagan impuestos. Esto quiere decir que el 75% del licor que entra al país es de contrabando”, asegura Luis Jorge Sánchez, gobernador del Huila, quien agrega que la iniciativa ha recibido el visto bueno de Presidencia y la promesa de colaboración de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal Aduanera (Polfa). Sin embargo, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre este asunto.
Las consecuencias de la evasión de impuestos son incalculables: mientras la DIAN y la industria calculan que el país deja de recibir US$200 millones anuales por esta práctica, Mario Aristizábal, gobernador de Caldas, cree que supera el billón de pesos.
Un fenómeno que no afecta únicamente las finanzas nacional, pues, por ejemplo, las ventas de licores en Nariño han sufrido una caída del 20% por cuenta del contrabando. Otros gobernadores se quejan de que no existe un trabajo coordinado con las autoridades, lo que aumenta las posibilidades de pérdidas en las licoreras departamentales (que por Constitución ostentan el monopolio de la producción, introducción y venta de licores).
“La Fiscalía no sabe qué hacer con los culpables. A pesar de que al año capturamos en flagrancia a 25 personas por este delito, no pasan más de dos días en la cárcel”, denuncia Mauricio Villegas, secretario de Hacienda de Antioquia.
Sin embargo, los mandatarios departamentales confían en que el trabajo en conjunto con la DIAN y la Polfa permita no sólo hacerle frente al contrabando de licor, sino también a su adulteración; asimismo, trabajan en un acuerdo con Phillip Morris para extender la vigilancia a los cigarrillos.
Esta propuesta, que promete generar una airada respuesta de parte de los distribuidores, trae consigo recuerdos del Acta Volstead, la ley de 1920 que prohibió la producción, transporte y venta de licor en EE.UU. Paradójicamente, esto significó uno de los más lucrativos negocios para la mafia italoamericana (más de US$25.000 millones, según historiadores) y cerca de 10.000 muertes violentas.
Sin embargo, Sánchez confía en que esa historia no se repetirá: “Tenemos que hacer uso de la potestad constitucional que tienen los departamentos sobre el monopolio de licores. Y ello implica suspender los permisos de importación”.
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