“El conflicto no da licencia para cometer atropellos”: José Miguel Vivanco

Es difícil hacer un ranquin, pero quizás un aspecto poco conocido son las restricciones generalizadas al movimiento que imponen los grupos armados en la zona, ya sea como consecuencia de la violenta inseguridad que generan o a través de amenazas verbales explícitas. Prohíben que los habitantes circulen por el río y los montes, y muchas familias quedan confinadas sin poder acceder a sus medios de subsistencia, como la pesca.

¿Cómo cree que ha sido la respuesta del Estado ante esa situación?

La presencia del Estado es sumamente limitada, lo que permite, por ejemplo, que los grupos armados establezcan puntos de control sobre el río San Juan a plena luz del día. Afortunadamente el proceso de paz con el Eln sirve para que el Estado tome medidas serias para prevenir estos abusos. Los negociadores de paz en Quito deberían exigirle al Eln que demuestren un compromiso genuino con la paz y cesen los abusos.

A propósito, ¿cómo ve esos diálogos de paz?

Me parece completamente hipócrita que mientras los negociadores del Eln hablan de paz en Quito, sus combatientes en Chocó sometan a las comunidades a todo tipo de abusos. Desde que comenzaron los diálogos, el Eln ha continuado reclutando menores, imponiendo restricciones a los pobladores y todo indica que estarían implicados en la masacre de cinco miembros de una comunidad afro cometida a fines de marzo. El conflicto armado no es una licencia para cometer atropellos.

¿Cómo ha sido la participación de la Fuerza Pública en los abusos en Chocó?

No encontramos abusos graves por parte de la Fuerza Pública. Sin embargo, un aspecto que nos preocupa es la estigmatización de las comunidades. Por ejemplo, en algunas situaciones la Fuerza Pública contaba a viva voz quién había ayudado a identificar a miembros del Eln o de las AGC. Ello no hace más que exponer a las comunidades a graves violaciones de derechos humanos.

¿Qué tanto poder de coerción tienen sobre la población las AGC? En Colombia, el Estado parte de que el paramilitarismo no existe…

Lo principal no son los rótulos que usemos para llamar a estos grupos. Lo importante es que son una amenaza seria para los civiles y el Gobierno tiene el deber de tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar los abusos que cometen. Las AGC ejercen un control férreo sobre comunidades ribereñas del sur de Chocó, amenazan a pobladores, obligan a comunidades enteras a acudir a reuniones donde les dan instrucciones sobre cómo deben cooperar con ellos y reclutan a menores. Incluso, hemos recibido denuncias de que miembros habrían presionado a niñas de apenas 12 años para que sean sus parejas sexuales.

Hace unas horas se conoció una situación similar en pleno proceso de desarme de las Farc, dentro de una zona veredal. ¿Cómo analiza este episodio?

Esperamos que el fiscal Néstor Humberto Martínez abra una investigación para que este caso sea sancionado con todas las de la ley en la justicia ordinaria de Colombia.