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Human Rights Watch (HRW) publicó los resultados de su más reciente investigación sobre el infierno que viven los migrantes y solicitantes de asilo durante su paso por el Tapón del Darién. Se estima que en el último año alrededor de medio millón de personas, la mayoría de ellas venezolanas, ecuatorianas y haitianas, cruzaron uno de los territorios más hostiles del planeta en búsqueda, en su mayoría, del “sueño americano”. El organismo internacional encontró responsabilidad compartida de las autoridades nacionales y panameñas, que hace años dejaron el territorio selvático prácticamente bajo custodia de organizaciones criminales, las cuales hacen las veces de Estado, se enriquecen a costa de las necesidades y aprovechan su autoridad para cometer violencia sexual. Para Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de HRW, si bien se han adoptado algunas medidas en ambos países, estas no son suficientes para enfrentar la problemática.
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El Tapón del Darién es el único punto que interrumpe la vía Panamericana, que va desde Estados Unidos hasta Argentina. En el lado colombiano, el Clan del Golfo controla este territorio del Urabá antioqueño y, desde 2021, ha consolidado su participación en el flujo de migrantes. Según detalla HRW, el grupo armado define cuáles son las rutas que pueden usar los migrantes y decide quién puede prestar servicios en el camino, como los guías. Al respecto, el Ministerio de Defensa señaló a los investigadores que en promedio el Clan del Golfo obtiene US$125 por cada persona que atraviesa el Darién desde Colombia. Esto se traduce en ganancias por hasta US$57 millones en lo que va de este año.
El Clan del Golfo rastrea el pago de los migrantes y suelen entregarles manillas de colores o colocarles stickers en sus documentos si cumplieron con la cuota. Asimismo, el grupo criminal sostiene un sistema de extorsión sobre todos aquellos que se benefician del flujo migratorio, específicamente del lado colombiano. “Esto incluye a las personas que alquilan sus casas, venden viajes en barco o prestan servicios como ‘guías’ a través de la selva”, se lee en el informe. Además, las normas de comportamiento son dictadas por los criminales, quienes entre amenazas y asesinatos prohíben que se haga daño a los migrantes para no llamar la atención de las autoridades. “Hacen limpieza social”, indicó un entrevistado en el informe.
Hay varias dinámicas que se identifican, como el aumento de los niños que atraviesan la selva. “Hasta 2018, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzaban el Darién eran principalmente hombres adultos, pero desde 2019 esto ha cambiado. Actualmente, están cruzando familias con menores, así como mujeres -algunas embarazadas y en período de lactancia- solas con sus hijos, y también niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados”, indica Pappier. El aumento ha llegado a tal punto, que en lo corrido de este año el 22 % de quienes han atravesado la selva han sido menores de edad.
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Sumado a esto, la ruta que se inicia en Turbo, Antioquia, recobró la popularidad que tenía antes de la pandemia por covid-19. Según la Alcaldía de ese municipio, entre 500 y 1.000 personas parten hacia los albergues ubicados en Capurganá o Acandí, Chocó, donde pasar una noche en una carpa puede costar hasta US$100. Adentrarse en la selva del Darién es el siguiente paso en la migración, y solo es posible si se paga el peaje impuesto por el Clan.
Dentro de la selva, los migrantes se enfrentan a ríos caudalosos, enfermedades transmitidas por mosquitos y animales venenosos, pero también a ser víctimas de violencia sexual, robos y asesinatos por delincuentes en la selva panameña. “La mayoría de los casos ocurren cuando los migrantes están bajando la loma del lado panameño”, afirmó una fiscal panameña a los investigadores. Muchos de los atacantes llevan pistolas, rifles de asalto y hasta machete, los enfrentan en emboscada y les exigen dinero o se llevan las pertenencias de valor que encuentran en sus equipajes.
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De igual forma, Médicos Sin Fronteras ha identificado a víctimas de violencia sexual, cifras que en los últimos tres años han ido en aumento. En la mayoría de los casos separan a los hombres de las mujeres, las hacen quitarse la ropa con la excusa de buscar dinero y las agreden sexualmente. Mientras que con respecto a las muertes y los asesinatos, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM señala que entre enero de 2021 y septiembre de 2023 se registraron 229 desaparecidos en el Darién, pero por el subregistro de homicidios y decesos en la selva, así como la falta de una identificación de los migrantes del lado colombiano, no se pueden emplear mecanismos para seguirles la pista a los que desaparecen. “La Fiscalía realiza necropsias y recoge pruebas para notificarlas a embajadas o consulados, o para crear un perfil genético. No obstante, fiscales panameños reportaron desafíos para identificar los cuerpos y las causas de muerte debido a su descomposición”, se lee en el informe.
Ante todo lo anterior, y la complejidad de la migración, HRW indica que se requieren respuestas regionales coordinadas, pero además de “revertir leyes, políticas y prácticas existentes que impiden en la práctica el acceso al asilo” y que empujan a los migrantes a tomar rutas peligrosas como el Darién. A esto se suman acciones para integrar a migrantes y refugiados en campos laborales y a luchar contra la xenofobia y la discriminación, así como medidas que atiendan las causas subyacentes de la migración. Por último, se le pide a la ONU y a los donantes internacionales mejorar la respuesta humanitaria y apoyar los esfuerzos creíbles para aumentar las acciones gubernamentales.