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Moisés Wasserman, rector de la Nacional, lleva dos artículos en El Tiempo sobre “temas generales y centrales” para la futura ley de educación superior.
El “dilema de si nos satisface el sistema actual, suma de dos subsistemas, uno de instituciones públicas y otro de privadas” y “¿Qué eso de autonomía universitaria?”. Muy inteligente, al establecer los contornos o principios de los temas de la reforma, en realidad está ganando la discusión sustantiva de antemano. Pero como él llamó a una “verdadera reflexión desprevenida y constructiva” antes de meterse con articulados, aquí va un poco de eso respecto al primer tema.
En sus palabras: “Esa estructura del sistema me parece positiva. (…) La privatización de las públicas es impensable, como lo es que el Estado asuma el financiamiento de las privadas. El sistema dual, además, es conveniente en la consolidación de una democracia pluralista”. Si se está de acuerdo con el rector Wasserman, ya tenemos un marco para la reforma: no hay que repensar el “sistema” como tal. Está dado. Sin embargo, la idea del “sistema dual” —como lo conocemos— se puede controvertir desde, al menos, tres puntos de vista. Al hacerlo, es posible que tengamos el doble de opciones de política.
Uno, desde la apreciación de la naturaleza de lo público y lo privado en la búsqueda de objetivos de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia intrínseca entre una universidad estatal y una privada sin ánimo de lucro para efectos de formar ciudadanos con competencias y hacer investigación? Ninguna. La universidad pública no es mejor per se (la privada tampoco). Ambas prestan un servicio público (sin entrar en el debate de la educación terciaria como derecho), y pocos dicen que la universidad privada sea un “mal necesario” o que apenas se tolera. La consecuencia de esta discusión es si el “sistema dual” tiene o no fundamento en la diferente “naturaleza” de las instituciones que componen los dos “subsistemas”. Creo que bajo determinadas regulaciones, públicas y privadas pueden conformar un “sistema” integrado o coordinado.
Dos, desde la planeación de la educación superior, que no está respondiendo bien a las necesidades del desarrollo económico y la equidad social. Con el “sistema dual”, el Estado renuncia —en la práctica— a “orientar” el “subsistema privado”, que hoy provee casi la mitad de la matrícula y cuenta con la mayoría de las instituciones y que, seamos francos, no es ningún “subsistema” (es un desorden). Para que la intervención (los incentivos, las reglas) conduzca a la educación superior que se necesita, hay que tratar a las públicas y a las privadas reconociéndoles igual legitimidad, descontadas aquellas que raje el aseguramiento de la calidad (reformado). Ganancia concomitante: la eficiencia global.
Tres, desde el impulso a la movilidad social. Si los egresados de universidades públicas que pueden prefieren enviar a sus hijos a las privadas de calidad, ¿por qué no producir esto desde la primera generación de profesionales en una familia para aquellos que, milagrosamente, tengan o adquieran la competencia académica, sin endeudar al joven ante el Icetex, sino mediante becas? (Brasil, Lula, 2005). Hay cosas “impensables” que están haciendo falta, ciertamente no la privatización.
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