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Tener una opinión en la esfera pública se ha convertido en una actividad arriesgada, debido a la posibilidad de cancelación por parte de un determinado colectivo que no comparta los valores y principios que soportan dicha opinión, todo esto en el contexto de sociedades cada vez más fragmentadas y de extremo relativismo cultural, donde todo vale.
Esta cultura de la cancelación se ha extendido a la academia —especialmente la estadounidense—, donde un profesor puede ser cancelado por incluir en sus clases autores que han tenido puntos de vista controversiales sobre algún tema, como puede ser el discutir la idea de los derechos de los animales. Colectivos animalistas se sienten con el derecho de impedirle a ese profesor debatir un tema complejo, tanto desde el punto de vista filosófico como jurídico, sobre el cual no está dicha la última palabra. Cuando los temas se refieren a asuntos de género, raza o especificidades culturales, el terreno se pone aún más movedizo.
Estamos en tiempos de sensibilidad identitaria, un momento político y cultural que surge ante la incapacidad de las democracias liberales de integrar la diferencia en esa ficción del contrato social; en ese sentido, los reclamos identitarios tienen plena legitimidad y pertinencia, una advertencia que habían hecho autores como Nancy Fraser, Will Kymlicka o la teoría feminista al llamado consenso liberal que han defendido autores como John Rawls, en el sentido de no ser suficientemente igualitario ni integrador de la diferencia.
En este punto hay que andarse con cuidado porque el rechazo al reclamo identitario se ha convertido en el discurso preferido de la extrema derecha, que habla de una batalla cultural (Laje) o de una cruzada de la izquierda populista que busca atacar los valores de Occidente (Kaiser).
El tema es más de fondo que esta lectura panfletaria de la realidad que nos propone la extrema derecha en su versión libertaria, se trata de la incapacidad de reconocimiento y de integración a la sociedad del diferente, de las minorías, de la mujer y de los grupos vulnerables; una deuda que se inscribe en el corazón de ese llamado consenso liberal, cuya ficción de integración y tratamiento en condiciones de igualdad —en la diferencia— es insuficiente y está en el origen de lo que podríamos llamar el malestar de los tiempos. Así que compartimos lo esencial del reclamo identitario, pero no necesariamente la forma como se está desarrollando el debate público en torno a ello.
Volvamos al tema de los derechos de los animales para explicar el punto. La idea es problemática porque surgen muchas preguntas: ¿cuáles animales? ¿Cuáles derechos? ¿Cómo se garantizan judicialmente esos derechos? ¿Quién es el titular? ¿Qué pasa ante un conflicto entre derechos de los animales y derechos de las personas? La contracara de los derechos es el deber de cuidado del hombre hacia los animales y hacia la naturaleza como entorno vital del ser humano, obligaciones que pueden tener connotación jurídica. Defiendo el punto de vista del deber de cuidado con los animales, que implica el no maltrato y otras conductas reprochables, pero discuto la idea de los derechos de los animales y de la naturaleza, un concepto ambiguo que causa furor en los tribunales constitucionales.
En un entorno animalista, lo más seguro es que al no defender la idea de los derechos de los animales sería cancelado y se me impediría plantear ese debate en la esfera pública; sería señalado de reaccionario y de legitimar el maltrato. Algo parecido sucede cuando alguien quiere plantear discusiones sobre otros temas controversiales, como sucedió con Carolina Sanín por su reclamo de invisibilización de la identidad femenina ante el avance de los derechos de identidad de las personas trans, un debate mal planteado que llevó a un escenario de cancelación de la escritora, con censura incluida, por parte de una editorial mexicana para no tener que enfrentar la ira identitaria.
Ante el desafío antidemocrático y antipluralista de la cultura de la cancelación, más deliberación y mejores argumentos.
¡Feliz año!
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