Los pobres «calumniados»

Por supuesto, no acepto su sugerencia, esta sí “perversa”. Y la reto —sin más armas que las de ley y sin más pretensión que la de conservar la honra— a que individualice mi supuesta responsabilidad y me denuncie si tiene indicios, aunque sean levísimos, de que concerté con ciertos investigados mis comentarios para obstruir la justicia. No obstante lo anterior, reitero que no estoy feliz con su ida.

En vez de cantar el himno nacional por el cambio en la Fiscalía General, me siento tremendamente decepcionada. Primero, de Morales, a la que a pesar de su mala compañía, le atribuía mayor claridad ética. Por simple coherencia se pensaría que quien se enamora hasta la exhibición impúdica, del que ha tratado con delincuentes durante 20 años o más, no tiene autoridad para investigar si el resto de los ciudadanos ha cometido delitos o no. Pero la exfiscal, tan templada de carácter para otros asuntos importantes que se le reconocen, resultó débil en uno que fue fatal para su gestión, así las formas jurídicas indiquen que su elección fue declarada nula por otra razón.

Y aquí está mi segundo motivo de decepción: el país, que ha despreciado a sus personajes públicos por hipócritas y chanchulleros, simultáneamente aplaude la doble moral de uno de ellos, o de una, sólo porque ésta cumplió con sus deberes primarios de no robar, no matar, no permitir que se corrompieran los procesos investigativos. Así estamos de jodidos. Corremos las fronteras con facilidad y dejamos de aspirar, por desesperanza, a los estándares que se les exigen a los funcionarios en cualquier lugar del mundo. Hace un año tuvo que retirarse el ministro de Defensa de Ángela Merkel, Karl Guttenberg, el más prestigioso de su gabinete, por haber plagiado su tesis doctoral. El ministro de Defensa de David Cameron, Liam Fox, dimitió hace 4 meses por el trato especial que le dio a su padrino de bodas. Los caídos eran estrellas de sus gobiernos y sus fallas se relacionan con indelicadezas. Ninguno fue despedido con manifestaciones de apoyo. Hubo unas, sí, de repudio.

Volvamos a Colombia: el senador Carlos Alonso Lucio fue condenado por la Corte Suprema a 30 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por un período igual, el 14 de agosto del año 2000, por falsa denuncia agravada contra persona determinada. Fue investigado también por estafar a la misma víctima, pero sus argucias dilatorias permitieron que prescribiera la acción penal que se le iba a imponer. La Corte, compuesta entre otros por Fernando Arboleda Ripoll, quien irónicamente podría reemplazar en la Fiscalía a la esposa del antiguo reo, le negó la condena de ejecución condicional porque se fugó cuando lo iban a capturar. A Lucio se le conminó, además, a pagarle las sumas que había intentado birlarle a un conocido suyo con quien fingió hacer un negocio de venta de un inmueble y unos equipos para que un banco le prestara plata para sus campañas políticas. Después de firmar el contrato simulado, el esposo dilecto que tumbó a media humanidad en esa época, intentó eludir sus deudas bancarias con los bienes de su amigo. Éste defendió sus propiedades, y adivinen qué: el excongresista lo denunció. Tras de ladrón, bufón, dijo la Suprema con su sentencia. La Corte Constitucional lo regañó cuando quiso evadir, mediante tutela, su pena. Él es el pobre “calumniado” que menciona su señora, la que despedimos como la gran fiscal. Válgame Dios.