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Estadísticas, mentiras, mentiritas

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Cuando la inflación de Argentina comenzó a trepar en forma alarmante a finales de 2006, el gobierno de los Kirchner decidió enfrentar el problema, claro, a su manera.

En lugar de propiciar los necesarios correctivos macroeconómicos y monetarios, destituyeron al director del Indec, el Dane de ese país, y nombraron a una persona de su confianza que se dedicó a falsificar las cifras.

The Economist reporta que, según varios organismos independientes, think tanks y universidades, la inflación de Argentina es del 24,4% anual y que los precios han subido un 137% desde 2007. Por su parte, el Indec insiste en que la inflación de este año es de únicamente el 9,7% y que los incrementos acumulados desde 2007 ascienden a sólo el 44%.

No pasa inadvertido que los sindicatos oficiales, aliados del régimen, utilizan las cifras de los organismos independientes, no las del gobierno, para negociar sus incrementos de salarios.

Aunque nunca se llegó a los extremos de Argentina, en Colombia se tomaron en los años pasados algunas medidas que debilitaron la calidad de las estadísticas oficiales. El caso más notable fue el de las cifras agropecuarias. Como los resultados del crecimiento de ese sector mortificaban a los funcionarios, en lugar de replantear la orientación de las políticas, decidieron que el Dane suspendiera la producción de las cifras del PIB agropecuario. Esta función se trasladó a una entidad cercana al Ministerio de Agricultura.

Como las estadísticas de pobreza suscitaban grandes discusiones, después de alegar que el Dane no tenía la capacidad técnica necesaria para su cálculo, el DNP comenzó a producir esas estadísticas.

Como se consideraba que el Dane no tenía el mejor acceso a algunas de las fuentes de los datos sobre violencia, su cálculo pasó a manos de la Policía Nacional.

Por razones parecidas, las estadísticas sobre la eficiencia de la justicia dejaron de ser una responsabilidad del Dane y pasaron a la órbita del Consejo de la Judicatura.

En la mayoría de los casos mencionados, las entidades responsables de la ejecución de las políticas pasaron a producir las cifras con las cuales se mide su eficacia como ejecutores. Pasaron a ser, al tiempo, jueces y partes; medidores y medidos. Se configuró un conflicto de interés.

La consecuencia de estas decisiones, que incluso pudieron ser bien intencionadas, fue la pérdida de confianza de la ciudadanía en las estadísticas oficiales. Por ello, un malévolo chiste popular decía que Colombia tuvo que cambiar a dos directores del Dane para que las cifras de empleo comenzaran a mejorar.

El Gobierno, por fortuna, está corrigiendo estos problemas. El Dane se ha fortalecido y, de nuevo, está produciendo algunas de las cifras que habían salido de su órbita.

Hacia el futuro se deben redoblar los esfuerzos para elevar la capacidad técnica y mejorar la calidad del trabajo de ese organismo. Se debe asegurar que la medición de los distintos fenómenos esté alejada de la injerencia de los funcionarios que ejecutan las políticas, quienes, naturalmente, aspiran a tener un impacto sobre los hechos que mide el Dane. Para conseguir una mayor independencia del Ejecutivo, su director debería tener un período fijo que no coincida con el del Gobierno.
 

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El ingreso de Álvaro Tirado Mejía a la Academia Colombiana de Historia enaltece a esta institución.
 

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