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Resistencia de todo tipo ha generado la decisión de la Dimayor de vender los derechos televisivos a un canal privado que sólo emitirá los partidos para quienes se suscriban a él.
El lema en contra de la Dimayor y del canal privado con el que se ha hecho oposición a esta decisión es «Lo pagará su madre», aludiendo al hecho de que no tiene mucho sentido cobrar una suscripción para ver un torneo que, aunque es el propio, presenta serias limitaciones y en un tiempo en el que se pueden ver partidos de las mejores ligas del mundo con relativa facilidad.
Se aduce que transmitir los partidos por un canal cerrado redundará en mayores beneficios para los equipos por los derechos económicos que recibirán (hasta la fecha no se ha hecho el primer pago) y que ello permitirá subir, poco a poco, el nivel de todo el torneo.
Sea como fuere, lo cierto es que en este empeño van de la mano la Dimayor y Win Sports, el canal que adquirió los derechos televisivos. Y de la mano han trabajado desde hace tiempo, como cuando, por ejemplo, Win no transmitía, el semestre pasado, los primeros segundos de los partidos en los que los jugadores se limitaban a pelotear el balón –en operación tortuga, digamos– por la huelga que estaban adelantando.
Esa misma colaboración se vio el sábado pasado en el estadio El Campín cuando mandaron a un funcionario, debidamente escoltado por la policía, a retirar un cartel que replicaba el lema que se ha hecho popular para enfrentar la privatización de los partidos, con el logo de la empresa tachado por una equis.
No es nuevo que los grandes conglomerados económicos empleen todos los medios –legales y los que rozan la ilegalidad– para favorecer su empresa y sus finanzas. El caso que más ha llamado la atención, que ha generado mayor debate y, también, mayor oposición es el de las bebidas azucaradas, buena parte de cuyo mercado se centra en niños y en adolescentes que a causa del alto consumo de azúcar y de una vida cada vez más sedentaria han venido presentando mayores índices de obesidad en los últimos tiempos.
La cuestión que se debate (o que debiera debatirse) en estos casos es dónde se traza el límite. ¿Dónde comienzan las prácticas a ser ilegales? (¿en qué medida es lícito el cabildeo o lobby?), ¿en qué momento la resistencia a la aprobación de la ley al veto o a la restricción de un producto o a una campaña se convierte en censura?
Hasta donde alcanza mi entender, la pancarta no incitaba al odio ni discriminaba a ninguno y, en cambio, hacía uso del derecho a la libre expresión… Sobra decir que ese gesto de censura generó descontento en toda la tribuna oriental y hasta en todo el estadio. Pero, pese a todo, pudo más la voluntad del mercado que el derecho a la libre expresión. Y creo que ahí está el debate. Habría que librarlo en vez de censurarlo.
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