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La primera concesión de las Farc

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La ‘Ley 002’ que proclamaron las Farc en marzo de 2000 decía que el proceso de paz no iba bien, que el gobierno Pastrana estaba ampliando ejército y armamento con los dineros del billonario Plan Colombia forjado por Estados Unidos.

Y que para defenderse de la ofensiva que se les venía encima, tenían que cobrar “un impuesto para la paz” a todo aquel que tuviera un patrimonio mayor a un millón de dólares y el que no lo hiciera sería “retenido” hasta que pagara.

Esta semana anunciaron que “proscriben la parte de la ley 002 que habla de las retenciones”. Sacando los eufemismos, se puede deducir que las Farc anunciaron el fin del secuestro como práctica de guerra.

El anuncio parece tacaño en comparación con la magnitud del daño que han hecho y del odio que han cosechado. Quisiéramos que las Farc dijeran que no vuelven a extorsionar, ni a poner bombas, ni a sembrar minas antipersonas, ni a reclutar niños, ni a emboscar soldados, ni a fusilar desertores. Y por eso, en lugar de alegría, este anuncio del Secretariado causa rabia: ¿cómo así que no dicen qué van a hacer con los secuestrados que aún tienen cautivos? ¿Y qué hay de los que nunca devolvieron?

Esas reacciones legítimamente airadas son alimentadas con gusto por quienes temen que finalice el conflicto interno. El gasto de Colombia en defensa y seguridad es el más alto de Latinoamérica como porcentaje de su PIB (está entre el 4 y 5%, dependiendo de la metodología con que se mida); esto es, unos 60 mil millones de pesos diarios en 2011. No todo este dinero se destina a combatir a las Farc, por supuesto, pero sí, una parte considerable.

Esas cifras indican cuántos viven hoy de la economía de la guerra. Civiles con jugosos contratos, sean para vender asesorías, botas o armas. Políticos que llevan decenios cultivando la bronca a las Farc, como si no fueran un trágico producto nacional, y esto les da votos, y además excusas para poner bajo sospecha de subversivo a todo aquel que promueva cambiarlos a ellos. Generales a quienes la guerra les ha dado estatus social, poder político y acceso privilegiado a recursos.

Por eso no hay que dejar que la neblina de intereses nos distorsione la visión, y valorar el anuncio como lo que es: un primer paso firme hacia la paz. A diferencia de sus tiempos soberbios del Cagúan, cuando decretaban “leyes”, las Farc arrancan esta oferta de negociación con una concesión. Es menor en términos económicos (el secuestro ya no pesa en sus ingresos), pero significativa en términos simbólicos. Los colombianos llevamos dos décadas marchando contra el secuestro, gritándoles a estas autistas guerrillas que es una práctica atroz. Ahora por fin escuchan y la prohíben. No es poca cosa.

Lo demás que esperamos de ellas, que no pongan minas, ni maten, es decir que no sigan en guerra, se puede conseguir precisamente con una negociación. Para eso es que se negocia con un enemigo debilitado, para evitar un largo y doloroso final que puede prolongarse quién sabe por cuánto tiempo. ¿Qué tal si conseguimos sacar a siete mil guerrilleros armados de este fangoso conflicto en unos meses de diálogo fructífero? Puede que fracasemos. Pero hay que intentarlo. Mientras otros países dedican su pensamiento y energía a crear igualdad y riqueza, nosotros tiramos billones de pesos de nuestro esfuerzo colectivo por el caño de la muerte y la miseria. No quisiera envejecer escribiendo otra vez sobre esta estúpida guerra obsoleta de la que los odios, los intereses y la miopía no nos dejan salir.

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