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Once días de cierre, 16.000 indígenas en protesta, pérdidas económicas por cerca de 10.000 millones de pesos, 10 personas heridas entre policías, militares y comuneros y un patrullero del Esmad muerto. Ese es el panorama que hasta el momento deja el bloqueo de la vía Panamericana por parte de indígenas y campesinos que lideran la Minga Nacional y que protestan por el incumplimiento de acuerdos ya pactados con el Gobierno en temas tan espinosos como asignación presupuestal, asesinato de líderes, implementación del Acuerdo de Paz e incluso consulta popular.
Aunque los manifestantes culpan a la fuerza pública de reprimir con violencia la protesta y hacer uso indiscriminado de armas de fuego en contra de las comunidades que se movilizan, las autoridades aseguran que la misma está infiltrada por grupos ilegales y exigen explicaciones a la Minga. Mientras siguen las acusaciones de parte y parte, la situación en el Cauca se complica y los indígenas y campesinos insisten que no levantarán el bloqueo hasta que el presidente Iván Duque dialogue con ellos en su territorio.
En entrevista con El Espectador el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, asegura que la urgencia es establecer un diálogo abierto para que el Gobierno escuche los reclamos de las comunidades y se logre levantar el bloqueo de la vía Panamericana.
¿Cómo está la situación tras los enfrentamientos que ocasionaron la muerte del policía del Esmad?
Lo primero es repudiar este tipo de actos criminales. Esto debe tener pronunciamientos claros no solo de toda la sociedad, sino también de los integrantes de la minga indígena y campesina, porque todos estos hechos enrarecen el ambiente y no permiten que el diálogo social pueda avanzar. El proceso de investigación está avanzando y ya tiene fiscal asignada. Lo que nosotros no podemos hacer es aseverar que la movilización está infiltrada, son las investigaciones las que tienen que esclarecer los hechos y desde ahí hacer esos señalamientos.
Y mientras avanzan las indagaciones sigue el bloqueo y el cruce de mensajes entre manifestantes y Gobierno. ¿Habrá un punto de acuerdo pronto?
En honor a la población movilizada, pero también a la que no se ha movilizado, a la que no está protestando y hoy siente las afectaciones de esta minga, creo que en este caso no deberían existir inamovibles. Los manifestantes no pueden poner como inamovible la presencia del presidente en un escenario de vía de hecho, pero eso tampoco quiere decir que el presidente, después de una discusión con su equipo de atender los distintos puntos de la agenda y de tener ya levantadas las vías de hecho, no pueda ir al territorio. Acá debe primar el diálogo social efectivo.
Pero el tema va más allá de que el presidente Iván Duque vaya al departamento…
Sí, no solo depende de la presencia del jefe de Estado en el Cauca, sino que tiene que ver, por ejemplo, con la discusión de los recursos para las comunidades campesinas e indígenas, la posibilidad de estudio no solo desde el Plan de Desarrollo, sino también desde el decreto 1811 —con el que se conjuró en 2017 otro paro indígena y que planteaba mecanismos especiales para el cumplimiento de los compromisos adquiridos tanto por el Gobierno como por las comunidades—, que planteaba la creación de una comisión mixta para el desarrollo integral de la política pública.
Desde el Gobierno y varios sectores han insistido en que sí ha habido recursos para esta población. ¿Qué ha pasado entonces?
Hay que hacer un análisis de los problemas de fondo del departamento del Cauca, que el año pasado llegó a tener 27 mesas de negociación entre el Gobierno Nacional y distintas organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y de derechos humanos. En estas mesas siempre hay un derrotero que tiene que ver con los planes de acción y una serie de proyectos que piden que el Gobierno concrete. En este tema, cuando se habla de que los recursos no han llegado o que los incumplimientos están, lo que hay que revisar es esa matriz, de cuántos proyectos se está hablando y en cuáles hay incumplimientos. Eso debe estar en la agenda del diálogo, que es lo que nosotros desde las gobernaciones de varios departamentos estamos proponiendo y, desde luego, haciendo. Pero tiene que ser un diálogo nacional no solo para levantar el paro, sino permanente, que no tenga solo implicaciones por temas de orden público.
¿Cómo están trabajando con las gobernaciones de los departamentos aledaños para conjurar la crisis?
Nosotros nos comunicamos de forma permanente, pero además le hemos presentado al presidente Iván Duque el contexto de lo que está sucediendo y las afectaciones que tienen los departamentos no solo en materia económica, sino en temas de movilidad y libre desplazamiento. No solo son los bloqueos en la vía Panamericana, vemos también que en el departamento del Huila hay taponamientos que tienen otro tipo de implicaciones directas en términos de solidaridad a la manifestación que hacen los indígenas. Lo que no queremos es que vaya a tener un efecto dominó en otras organizaciones indígenas; por el contrario, queremos que la movilización siga en el marco de una protesta social, sin vías de hecho, sin taponamiento de vías y sin confrontación con la Fuerza Pública, para que se pueda seguir trabajando en los reclamos de las comunidades.
Los manifestantes también han dicho qué les preocupa.
Los manifestantes hablan de una relación vinculante de una serie de compromisos que se han firmado en paros anteriores y el Gobierno Nacional dice que hay que revisar esos acuerdos, porque no se puede refrendar lo que no se puede cumplir. Lo que nosotros creemos es que se puede encontrar una salida más allá de la vinculación legal y que se pueden generar posibilidades reales al territorio en el marco fiscal. A través del Plan de Desarrollo, que tiene capítulo especial para las comunidades indígenas, se pueden instrumentalizar muchos de los proyectos que hacen parte de esos planes de acción y las peticiones que tienen las comunidades campesinas.