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Con cajas destempladas respondió el presidente Santos a la propuesta que hizo el Eln de cese bilateral del fuego para explorar posibilidades de diálogos de paz: «El Gobierno Nacional no está interesado en ceses del fuego, ni en circos públicos temporales».
No era para menos. La iniciativa no pudo llegar en peor momento, en el más inoportuno, precisamente cuando se cumplen 10 años de la ruptura de las conversaciones del Caguán y los colombianos recuerdan cómo las Farc abusaron de la mano tendida del gobierno de Andrés Pastrana (elegido, entre otras razones, por su compromiso con las exigencias del Mandato Nacional por la Paz de adelantar una negociación política con la guerrilla), y convirtieron la negociación en instrumento estratégico de su proyecto de fortalecimiento militar con miras a la toma del poder.
Por otra parte, la reciente ofensiva de la guerrilla en el sur del país y los ataques permanentes de la derecha uribista contra el gobierno al que acusa de haber bajado la guardia y de no proteger el “huevito” de la seguridad con el celo suficiente, también indican que el palo no está para cucharas. Y no por la advertencia presidencial de que “al perro no lo capan dos veces”, sino porque al gozque colombiano ya lo han capado más de dos y prevalecen el animus belli y el ambiente de confrontación que dejaron los dos gobiernos de Álvaro Uribe, que interpretó y capitalizó el cansancio de la sociedad con un conflicto violento de más de 40 años, con procesos de paz sin resultados, y rompió la tradición de dos décadas de diálogos y negociaciones.
Desde los años 80 han sido muchos los intentos frustrados de negociar con la guerrilla y varias las fórmulas que han ensayado los distintos gobiernos: con cese del fuego unilateral y zona de concentración de la guerrilla en proceso de negociación y desmovilización; sin cese de hostilidades, en el exterior y sin perspectiva de desmovilización inmediata; en medio del conflicto y en el país; con y sin participación de la comunidad internacional…
La experiencia con el Eln —lo mismo que las Farc—, ha sido larga e infructuosa. Ha demostrado una y otra vez su falta de voluntad y decisión para cumplir compromisos pactados en las diferentes mesas de diálogo: Caracas y Tlaxcala en 1991 y 1992, como parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; preacuerdo del Palacio de Viana en Madrid y Acuerdo de Puerta del Cielo en Maguncia (Alemania) en 1998; ocho rondas de conversaciones en Cuba entre 2005 y 2008, y acuer do de “zona de encuentro”. El Eln ha perdido la capacidad de imponer condiciones, y si de verdad quiere explorar posibilidades para volver a una mesa de diálogo, lo primero que debería hacer es recuperar con actos concretos la credibilidad de la sociedad, cuya necesaria participación en un proceso de paz —vaya paradoja—, es parte de su libreto desde 1998.
La negociación se ha ido desnaturalizando y deslegitimando porque la guerrilla la ha utilizado como una estrategia al servicio de la guerra y para ganar terreno político y militar, y no como medio para acordar un agenda de paz y reconciliación. Independientemente de que el presidente Santos haya reconocido la existencia del conflicto interno y de que asegure que tiene la llave de la paz en el bolsillo y que está dispuesto a negociar si hay hechos concret os de paz, o de que seamos más los que creemos que la solución pasa por la negociación política que los que apuestan por la guerra, o de que la experiencia internacional indique que la mayoría de los conflictos armados se resuelven por medio de negociaciones y no a punta de bala, la realidad es que hoy por hoy no hay un clima propicio para abrir espacios de diálogo con la guerrilla.