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Todos los gobiernos colombianos en su campaña y el día de la posesión se jactan en anunciar una campaña para acabar con la pobreza; desafortunadamente, cuando terminan su mandato, ésta aumenta 20 o 30%.
La solución debe iniciarse dando cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Nacional. A las familias de estratos uno y dos, que carezcan de vivienda propia, debe suministrárseles gratuitamente casas prefabricadas que son de excelente calidad y precios bajísimos; a las familias de estratos cuatro y cinco, carentes también de vivienda propia, debe financiárseles casas sin cuota inicial, largos plazos y cuotas e intereses bajos de acuerdo con su salario o pensión que devenguen. El Banco Agrario u otros deben facilitar los créditos y las empresas constructoras de las viviendas deben ser solventes, responsabilizarse de su construcción e impedírseles subcontratos y con veeduría permanente para evitar fallas en su construcción. Todos sabemos que el presidente de Chile, doctor Sebastián Piñera, en cuatro meses solucionó el problema a los damnificados por el terremoto que azotó ese país en los primeros meses del pasado año, con casas prefabricadas adquiridas en Brasil y Argentina. El resultado fue magnífico.
El Gobierno debe revisar el salario mínimo vigente, que es una vergüenza para un país que se jacta de ser uno de los más ricos y solventes de América Latina. Los pensionados que sólo devengan un salario mínimo, escasamente alcanzan a pagar el arriendo. Hemos comprobado que muchas de estas familias pasan hambre y muchas necesidades. El cumplimiento del artículo 67 de la Constitución, aunque tardío, es un acierto del presidente Santos. Parece que su ministra de Educación lo desconocía, ya que para el segundo semestre del pasado año autorizó un alza del 4 al 5,5% en las matrículas y parece que ni el Gobierno ni los parlamentarios se dieron cuenta. El subsidio de transporte para los pensionados que sólo reciben un salario mínimo sería una buena ayuda.
Carlos Arturo Vallejo Ossa. Medellín.