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El Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, falló en primera instancia, a favor del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la demanda de nulidad interpuesta por Petrocolombia en la cual la empresa se niega a invertir el 1% del total de las obras que realiza en recuperación de recursos hídricos.
La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, explicó que la ley 99 de 1993 contempla el cuidado del recurso hídrico como un bien de uso público que requiere un manejo sostenible, por ello el artículo 43 ordena destinar 1% de la inversión total del proyecto para la recuperación, preservación y vigilancia de las cuencas hidrográficas que brindan el agua que abastece al proyecto licenciado, precisa comunicado de la entidad estatal.
Desde el año 2004 el Ministerio venía siendo objeto de demandas por parte de diferentes empresas licenciadas ambientalmente para adelantar obras y actividades de diferente índole. A la fecha se adeuda al sector ambiental más de 150.000 millones de pesos, en inversión de 1% del valor total de cada proyecto para recuperación de fuentes hídricas, explica el informe.
Recuerda el Ministerio que ha recibido más de 40 demandas para dejar sin piso las resoluciones expedidas por este ente gubernamental, imponiendo multas a las empresas que no cumplen con la inversión del 1%.
En este primer caso demandado por Petrocolombia, el Juzgado acaba de fallar a favor del Ministerio dejando en firme, tanto la multa por incumplimiento, como la inversión del porcentaje citado.
La titular de la Cartera Ambiental señaló que "la inversión debe realizarse específicamente en actividades como protección de cuencas, reforestación, dragados, adquisición de predios y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales, entre otras".
"Siendo Colombia uno de los países con mayor riqueza hídrica en el mundo, busca a través de políticas formuladas en el Ministerio la destinación de recursos para elevar la conciencia en torno a que el agua es recurso finito" agregó la funcionaria según el informe de prensa.
De esta manera y de surtir favorablemente una segunda instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Estado colombiano empezaría a recuperar más de 150.000 millones de pesos destinados a la protección de las cuencas hidrográficas, sin contar las multas impuestas por el incumplimiento de la disposición ambiental.
¿Por qué las demandas?
Así como la BP exploration y Ocensa, Petrocolombia demandó al Ministerio, pues considera que el impacto y eventual afectación ambiental de sus proyectos se compensa con obras y actividades contempladas en el plan de manejo ambiental y en el pago de las tasas por uso de agua (lo que se paga por usar el recurso hídrico en desarrollo del proyecto).
Por su parte el Ministerio con base en la legislación ambiental, define que adicionalmente las empresas deben invertir en protección del recurso hídrico, el 1% del total de la obra.
Petrocolombia cuenta desde 2005 con licencia para un bloque de perforación exploratoria en inmediaciones de varios municipios del departamento de Casanare, actividades que comprometen recursos hídricos de tres afluentes de la región.
La Ministra Uribe Botero, aseguró que empresas públicas como Ecopetrol e Invías, realizan para sus diferentes proyectos licenciados, obras que representan este 1%.
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