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La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una amplia revisión de la legislación que rige la industria petrolera, otorgándoles a las empresas petroleras extranjeras un mayor control sobre las operaciones y reduciendo potencialmente las regalías que pagan al gobierno.
Según los expertos, esta medida muestra cómo el gobierno de Donald Trump ha vuelto a la era de la diplomacia de las cañoneras, en la que Estados Unidos ha esgrimido su superioridad militar para forzar a los países latinoamericanos a ceder a las prioridades de Washington.
El ejército estadounidense capturó este mes a Nicolás Maduro, el líder autoritario de Venezuela, y lo sustituyó por Delcy Rodríguez, su vicepresidenta. Ante las amenazas estadounidenses de que podría correr la misma suerte, Rodríguez se ha apresurado a cumplir las exigencias de abrir la industria petrolera a una mayor participación estadounidense.
La nueva legislación otorga a las empresas extranjeras un claro control operativo sobre las empresas de producción, relegando de hecho a la empresa petrolera nacional, Petróleos de Venezuela, a un segundo plano.
También abre el camino para que las autoridades reduzcan drásticamente los cánones e impuestos pagados al gobierno de Venezuela y permite a las empresas resolver los conflictos en instancias internacionales en lugar de hacerlo en el sistema judicial venezolano. Sin embargo, los cambios no fueron tan lejos como algunos inversores deseaban, ya que dejaron a Petróleos de Venezuela bajo control estatal en lugar de disolverla o privatizarla.
La revisión revierte en la práctica gran parte de la nacionalización de los proyectos petroleros de Venezuela en 2007, lo que hizo que gigantes petroleros estadounidenses como Exxon Mobil y ConocoPhillips abandonaran el país que posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Esa toma de control fue un pilar central del chavismo, el movimiento político que ha dominado Venezuela durante casi 30 años.
Alejandro Grisanti, un destacado economista venezolano que dirige la consultora Ecoanalítica en Caracas, afirmó que la reforma suponía un gran avance. Dijo que la nueva legislación podría ayudar a aumentar la producción de petróleo entre 200.000 y 300.000 barriles diarios, frente al nivel actual de aproximadamente un millón.
Grisanti añadió que la ley era muy pragmática en cuanto a la mejora de las condiciones para las grandes empresas que ya operan en el país, como Chevron, Repsol y ENI, así como para los operadores más pequeños con un mayor apetito de riesgo.
Pero Grisanti también trató de moderar las expectativas de que la ley pudiera desencadenar una oleada de inversiones por parte de grandes empresas como Exxon Mobil, cuyo director ejecutivo ha expresado su escepticismo sobre la posibilidad de regresar a Venezuela.
“Muchas de las gigantes del mundo no van a invertir en Venezuela, independientemente del marco legal, por la historia de expropiaciones y nacionalizaciones que ya hubo”, dijo Grisanti.
Aun así, se espera que la legislación petrolera inyecte una vitalidad muy necesaria a la economía de Venezuela, que depende excepcionalmente del petróleo y se ha visto devastada en la última década por el desplome de los ingresos petroleros, las expropiaciones y las sanciones estadounidenses.
La infraestructura energética de Venezuela, parte de la cual se encuentra en un estado decrépito, también tiene prevista una mejora.
El crecimiento económico podría alcanzar el 15 por ciento este año si las inversiones petroleras se materializan como resultado de la revisión, dijo Grisanti. Aunque eso pueda parecer un auge en cualquier lugar, se produciría a partir de niveles deprimidos de actividad económica.
Poco después de que los legisladores de Caracas aprobaran la legislación, el gobierno de Trump anunció que reduciría las sanciones impuestas a la industria petrolera de Venezuela. Se espera que la medida elimine las restricciones al transporte, almacenamiento, exportación y compra de petróleo venezolano a entidades estadounidenses.
La revisión no está exenta de críticas.
“Esto borra de un zarpazo nuestras conquistas nacionales de casi 70 años y pretende cancelar el pensamiento nacionalista petrolero del país”, afirmó en redes sociales Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y Minería de Venezuela.
Como reflejo de los mayores esfuerzos por aliviar la preocupación por la inestabilidad en Venezuela, la nueva ley permitiría a las empresas energéticas extranjeras resolver sus disputas en instancias de arbitraje fuera del país, en lugar de depender de un sistema jurídico caracterizado por la falta de independencia judicial.
“Aflojar las garras del control estatal, creando mucha más autonomía operativa, es un paso positivo para los inversores del sector privado”, dijo Norma Mozeé, exdiplomática de la embajada estadounidense en Caracas, quien ahora es consultora de energía con sede en Denver.
Sin embargo, Mozée, quien dirigió la redacción de un plan de recuperación de Estados Unidos para la industria petrolera venezolana durante el primer mandato de Trump, también expresó su cautela ante la nueva legislación.
Dijo que podrían surgir desafíos legales en Venezuela en relación con los acuerdos de reparto de la producción de la nueva legislación, que supuestamente permitirán a los operadores privados recuperar más del 50 por ciento del petróleo que produzcan.
“Los inversores buscan estabilidad política, así como estabilidad legislativa y jurídica, y este régimen actual, que son los restos del régimen de Maduro, no tiene un historial de protección de los intereses exteriores”, dijo. “Esa reconstrucción de la confianza va a llevar tiempo”.
Los cambios introducidos en la legislación pretenden atraer inversiones de empresas establecidas y de wildcatters, buscadores que perforan pozos petrolíferos exploratorios. En un esfuerzo por conseguir apoyo para la reforma, el gobierno de Rodríguez convocó a un gran número de trabajadores del petróleo y simpatizantes políticos a marchar el jueves en Caracas en apoyo de los cambios.
Alex Cranberg, quien se describe como un wildcatter que asistió a la reunión que Trump convocó este mes con ejecutivos petroleros estadounidenses, dijo que le intrigaba la gran variedad de oportunidades a corto y largo plazo que ofrece Venezuela.
Pero Cranberg dijo que le preocupaba el historial de cambios bruscos en las leyes petroleras de Venezuela, así como el hecho de que se esté incitando a Venezuela a realizar cambios bajo la amenaza de la fuerza militar estadounidense.
“Las leyes que dependen solo del poder militar estadounidense no serán suficientes”, dijo. “El gobierno y los inversionistas venezolanos deben convencerse mutuamente de que somos socios valiosos y fiables para construir la prosperidad”.
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