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¿Empleados públicos ayudaban a los Nule?

Procesos de responsabilidad fiscal y actuaciones preliminares instauró el Ministerio Público contra el grupo.

30 de noviembre de 2010 – 06:50 p. m.

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Gracias al levantamiento del velo corporativo en distintas entidades estatales, la Contraloría General de la Nación abrió nueve procesos de responsabilidad fiscal y doce actuaciones preliminares para establecer la responsabilidad de los funcionarios y contratistas en la aprobación de contratos al Grupo Nule.

Si bien la contralora general, Sandra Morelli Rico, no reveló el nombre de ninguna entidad estatal relacionada con los Nule, por considerar que esa información forma parte de la reserva de la investigación, estas entidades podrían ser Invías, Inco y el IDU, aunque también se menciona a la Dirección Nacional de Estupefacientes.

“La acción no vincula a ninguna entidad del Estado, más sí los funcionarios que mediante sus acciones y omisiones propiciaron, toleraron o facilitaron la afectación del patrimonio público, para que respondan, si se establece su responsabilidad personal, con su patrimonio”, explica el comunicado de la Contraloría.

Frente a esta situación el ministro de Transporte, Germán Cardona, señaló que es respetuoso de la decisión de la Contraloría y que espera que se obtengan resultados que esclarezcan la actuación de los funcionarios.

Sin embargo, Cardona no ahondó en el tema para dejar esta investigación en manos de las autoridades competentes.

La funcionaria señaló que “lo que la entidad busca es establecer la responsabilidad fiscal patrimonial de los funcionarios y contratistas responsables de los presuntos daños que pudieron haberse causado como consecuencia de las vicisitudes anormales que se verificaron en la contratación por parte de varias entidades estatales y las empresas del Grupo Nule”.

Una posible respuesta al éxito en los negocios alcanzados en tan poco tiempo por el Grupo Nule, que los llevó a ser considerados como ‘el nuevo grupo de los cacaos’, podría estar en las declaraciones de los funcionarios a los que la Contraloría inició procesos.

De esta forma se podría establecer si se presentó corrupción en procesos licitatorios para la adjudicación de obras de infraestructura de transporte, de saneamiento básico y otros sectores.

Por ahora la decisión del Ministerio Público es ampliar los embargos a los bienes del Grupo Nule, los cuales fueron puestos a nombre de terceros.

Este miércoles  los representantes del Grupo Nule se encuentran fuera del país, a la espera de que se aclaren las cosas.

Antes de que se desatara el escándalo por el contrato de un tramo de Transmilenio de la calle 26, el grupo anunció en un escueto comunicado a la opinión pública, firmado por Alberto Hernández, director del fondo internacional Hansa Holdings, que en compañía de Invertotal y a través de la recién creada empresa Solutions & Infrastructure Technologies Colombia (SIT), manejará todos los bienes del Grupo Nule.

Esta decisión se tomó luego que un grupo de acreedores, y los abogados del grupo Nule buscaron una alternativa para dar una salida al problema que tiene en bancarrota a los jóvenes empresarios que tenían contratos de concesiones viales muy importantes para el desarrollo del país.

La Contralora señaló que en los próximos días anunciará los nombres de las entidades estatales y los funcionarios que serán investigados.

 Proyección

Con los escándalos de supuesta corrupción en la adjudicación de los procesos licitatorios de proyectos de infraestructura vial al Grupo Nule, el país conoció grandes fallas del Estado en la contratación. Hoy la Contraloría tiene en sus manos un tema que podría ser la salida a este tipo de interrogantes.

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El Grupo Nule era una red conformada por más de 70 consorcios, entre los que se encontraban empresas nacionales e internacionales, muchas de las cuales no tenían un respaldo financiero. Esta situación llevó al grupo a desfinanciarse y a incumplir con los trabajos, como ocurrió con la doble calzada Bogotá-Girardot y un tramo de Transmilenio en la calle 26.

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