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Registrador, se avecinan elecciones presidenciales y legislativas, jornadas atípicas, consultas internas y la consulta popular que propuso el Gobierno. ¿La entidad y el país están preparados para esos retos?
Así es, el país entra desde ya en tres años muy intensos en lo político y electoral. Este año tendremos consultas internas de los partidos el 26 de octubre, elecciones de consejos municipales y locales de juventud el 19 de octubre y ya llevamos cerca de 19 elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores a quienes se les ha anulado la elección. Eso es inédito, incluso creemos que fácilmente serán 30 las elecciones atípicas. Y si a eso le agregamos la idea del gobierno de convocar una consulta popular, pues se trata de mucho. El año entrante, Congreso y Presidencia y el subsiguiente, elecciones regionales.
Detengámonos en esa cifra de 30 elecciones atípicas, ¿qué está fallando para tener que repetir tantos procesos? ¿Esto tiene un impacto negativo?
Cada proceso electoral que se debe convocar cuesta y cuesta mucho dinero. Estas elecciones derivan de decisiones de los tribunales contenciosos administrativos o del Consejo de Estado, por diferentes circunstancias. Frente a ese tipo de medidas, la mayoría de ellas por doble militancia, la Registraduría no tiene sino una tarea: realizar nuevamente los calendarios y proceder.
Hablemos de la consulta popular que planteó el presidente Petro por su reforma laboral, ¿cómo será el proceso?
La consulta popular debe ir primero al Senado de la República y luego el presidente procede a la convocatoria y a definir la fecha. A la Registraduría lo único que le corresponde es, una vez convocada la consulta, construir el calendario electoral y garantizar toda la logística para los ciudadanos que quieran participar. Estamos esperando que se surtan esos pasos, en especial el que tiene que ver con el Senado de la República, para ir verificando los presupuestos y cómo será la logística.
Hay muchas versiones y críticas sobre el costo de esa consulta, pero la Registraduría, que tiene claras las cifras, ¿en cuánto estima el valor de ese proceso?
Aún no la hemos terminado de presupuestar, porque dependerá del número de preguntas, del papel que se requiera para imprimir. Una cosa es una pregunta, 20 o 50; el procesamiento no es el mismo si se trata de una única pregunta o de un número plural de ellas. Todo tiene unos ajustes, pero fácilmente puede costar entre $600 y $700 mil millones, porque se trata de un día que no es electoral y prácticamente la Registraduría tiene que desplegar su fuerza en todos los rincones de Colombia en los que la ciudadanía puede votar. Es prácticamente convocar y organizar logísticamente unas elecciones ordinarias.
Si esa consulta se hiciera con otras elecciones, se podrían tener economías de escala, pero no es posible, no por voluntad de la Registraduría, sino porque la ley y la Constitución, en su artículo 104, lo prohíben.
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Es decir, ¿no hay riesgo de que se corra el calendario electoral por cuenta de la consulta, porque en octubre hay consultas internas?
No hay riesgo porque habrá consultas internas si así lo solicitan los partidos, pero el mismo día no puede hacerse la consulta popular. El calendario de las elecciones legislativas y presidenciales está garantizado, es inamovible; es la Constitución la que determina esas fechas: las elecciones de Congreso serán el 8 de marzo, las elecciones de Presidencia, en su primera vuelta, serán el 31 de mayo.
Todas esas elecciones implican garantizar seguridad y recursos. Sobre el primer punto, ¿la violencia en las regiones podría afectar el proceso?
Hace un par de semanas me reuní con el señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y revisamos lo que se conoce como la Operación Democracia, que es una herramienta que tienen las fuerzas militares y de Policía para que haya elecciones íntegras en todo el país. Sin duda, hay lugares que hoy son focos de violencia, en especial porque hay enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley; por ejemplo, en Putumayo salimos de elecciones hace tres semanas y evidenciamos enfrentamientos entre lo que se conoce como los Comandos de la Frontera, confinamientos y desplazamientos en Puerto Guzmán.
Esos temas nos inquietan porque hay ciertos lugares del territorio nacional a los que hay que prestarles mayor atención; toda la ciudadanía los conoce: Catatumbo, Cauca, Chocó, el mismo Putumayo. En esos lugares hay que estar muy atentos, se necesitan garantías para que no solamente haya derecho al voto, sino que haya derecho al voto libre. No es todo el territorio nacional, pero son unos lugares focales que estamos revisando, que yo se los he advertido al ministro de Defensa y a las Fuerzas Militares. Esperamos que se tomen todas las acciones para garantizar la integridad del proceso electoral en cada uno de esos puntos.
Por otra parte, el país atraviesa una crisis fiscal y recortes en diferentes sectores; de hecho, el Consejo Nacional Electoral alertó sobre el aplazamiento de $600 mil millones de su presupuesto, ¿eso se reflejará en las elecciones?
En la Registraduría no hemos tenido recorte alguno ni aplazamiento; estamos cumpliendo los plazos y pasos para conseguir los recursos que permitan llevar a cabo la logística de las elecciones del 2026. Esas etapas se han surtido sin ninguna dificultad del Ministerio de Hacienda. El previo concepto, que es una figura jurídica que hay que soportar en Hacienda, y el traslado presupuestal ya se aprobaron en esa cartera; estamos a la espera de vigencias futuras, porque la logística electoral tiene presupuestos del 2025 y 2026.
En relación con los otros procesos, los atípicos, la Registraduría actúa por demanda; cuando se anula la elección de un alcalde, la entidad presupuesta y solicita a Hacienda el recurso. No hemos tenido mayores dificultades, igual ocurrirá con la consulta popular, una vez tengamos certeza de que se va a llevar a cabo. Los costos son muy altos, sin duda, pero será el Ministerio de Hacienda el que tenga que determinar si esos recursos existen o no.
Entonces, ¿por qué el CNE insiste en que ese aplazamiento afecta directamente las elecciones?
El Consejo Nacional Electoral, para sus actividades misionales, como la inspección, vigilancia y control de los partidos políticos, señala que su presupuesto no es suficiente. Ellos tienen que hacer tareas como luchar contra la publicidad irregular, publicidad extemporánea, cuentas de campaña y otras tareas que deben llevar a cabo. El tema de logística y organización electoral es de la Registraduría y sobre esos recursos hasta ahora no hemos tenido mayores dificultades.
La pela con Petro por contratos de Thomas Greg & Sons
El presidente ha cuestionado los contratos de logística electoral, particularmente los firmados con la multinacional Thomas Greg & Sons. Él habla de riesgos para la democracia, ¿qué ocurre con esa empresa y cómo será la contratación en 2026?
Hay que explicar el proceso. Una vez aprobadas las vigencias futuras, la Registraduría hará el estudio financiero del costo y después llevará a cabo una convocatoria pública, nacional y, en esta oportunidad, también internacional. Todo proveedor, colombiano o extranjero, que tenga la experiencia requerida, podrá presentarse para prestar los servicios de logística electoral. Esa convocatoria pública, en la que inclusive vamos a escribirles a las embajadas para que nos informen sobre empresas interesadas, tendrá un plazo de cerca de dos meses.
Los proveedores no hacen elecciones en Colombia, prestan logística electoral; las elecciones las hacen los jurados, los jueces y todo el equipo interno y funcional de la Registraduría. Los proveedores prestan logística, distribución del material, producción, tecnología, consolidación, divulgación, etcétera, pero no hacen elecciones.
El presidente Petro insinuó que Thomas Greg “monopoliza” los datos de los colombianos, ¿eso es así? ¿Quién maneja esa información?
Los datos del registro civil y del Archivo Nacional de Identificación no los administran esas empresas, lo hacen los funcionarios de la Registraduría y tecnológicamente lo hace Idemia, una empresa propiedad del gobierno francés que lleva poco más de 20 años prestando el soporte tecnológico de la administración de esa información, pero quienes la controlan son funcionarios de la Registraduría.
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Entonces, ¿descarta cualquier posibilidad de fraude en las elecciones de 2026?
No hay posibilidad. La Registraduría puede garantizar elecciones íntegras y transparentes porque se trata de procesos que están distribuidos entre diferentes actores. Por un lado, están los jurados, que son 700 mil ciudadanos y ciudadanas; por el otro, están los jueces y notarios que hacen el escrutinio, que son aquellos que declaran los resultados en cada pueblo de Colombia. Pero además de eso, la Registraduría va a utilizar la biometría facial para evitar cualquier riesgo de suplantación.
En el caso de las actas electorales, cada una va a ser publicada y digitalizada, cualquier persona podrá acceder a esa información y compararla con los datos que le divulgue la entidad. Vamos a publicar más de 720 mil actas en el caso de Congreso y, en el caso de Presidencia, más de 360 mil. Recuerde lo que ocurrió en Venezuela, que esas actas no las publicó el CNE, pues acá se conocerán las de todas las mesas en todos los pueblos.
¿Cómo está su relación con el gobierno? ¿Ha hablado con el presidente o con el ministro del Interior, Armando Benedetti?
Aún no he hablado con ellos, por lo menos en el último año no, pero he tenido diálogo con el ministro de Defensa y estamos trabajando en la Operación Democracia, así que no tengo mucho que decir al respecto.
Pero tiene diferencias con el secretario de Transparencia del presidente y con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ordenó una inspección a la entidad por el tema de Thomas Greg. ¿Qué ha pasado en ambos casos?
El proceso sigue en trámite, no ha pasado más desde que el año pasado la SIC le imputó cargos a los funcionarios. Yo lo he dicho permanentemente: la Superintendencia no tiene competencia para investigar a la Registraduría, solo lo pueden hacer la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Los funcionarios están explicando que si hay alguna investigación, con gusto le den traslado a la Procuraduría o la Fiscalía, la SIC no tiene esa competencia, entre otras razones, porque es un órgano del gobierno y los órganos del gobierno no investigan autoridades autónomas independientes, es como plantear que puede investigar a la Corte o la Procuraduría.
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Entonces, si las investigaciones continúan, ¿usted cree que se está poniendo en riesgo el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho?
Si esas investigaciones se mantienen, nosotros lo que haremos es presentar las acciones jurídicas del caso, para que la Corte Constitucional o a quien le corresponda ratifique que a la Registraduría la investigan únicamente la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Las entidades deben actuar jurídicamente y nosotros, si es el caso, lo haremos.
En el Congreso se habla mucho de reformas políticas y electorales, ¿qué cree que necesita el país en la materia y que incluso faltaría en 2026?
En las próximas elecciones no ocurrirá nada nuevo; ya estamos jugados y no es conveniente hacer modificaciones al sistema electoral un año antes de elecciones. Ahora bien, al país le hacen falta muchos ajustes institucionales, especialmente una reforma política de fondo, de la que tanto se ha hablado.
Se hace necesario porque ya tenemos una serie de circunstancias que están golpeando el sistema político; de hecho, que existan hoy 31 partidos políticos es un tema que va desgastando esa institucionalidad. En el año 2002 había cerca de 70 partidos y fue necesaria una reforma a la Constitución, porque había lo que llamaron microempresas electorales y eso es muy malo para el sistema político colombiano. Se dio una reforma, se redujo a unos 15 o 18 partidos, pero hoy estamos otra vez en más de 30. Es una circunstancia de la que tiene que ocuparse el Congreso tarde o temprano. Además, no es lo mismo organizar elecciones con tal cantidad de partidos, porque eso implica, obviamente, una logística más alta.
Como lo dijo, se vienen unos meses llenos de elecciones, pero el reto sigue siendo que los colombianos participen. ¿Qué va a hacer para reducir el abstencionismo?
Ese es el principal reto. Colombia es uno de los países de la región donde menos se participa, más de la mitad de los colombianos habilitados no votan para elegir Congreso y el 45 % tampoco votó en las pasadas elecciones de primera vuelta presidencial. El mensaje a los ciudadanos es que actualicen su lugar de votación; si queremos fortalecer la democracia, tenemos que mejorar la participación. En la Registraduría vamos a crear equipos móviles que van a estar por las iglesias, estadios, zonas industriales y parques acercándose a la ciudadanía para que actualicen su lugar de votación.
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Por David Efrén Ortega
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