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Desde las primeras semanas de enero, empezó a circular un panfleto amenazante en el Bajo Cauca en el que eran amenazados varios líderes mineros de la Asociación Mesa Minera Segovia y Remedios y firmado por el grupo armado organizado Los Caparros. “No se hagan matar”, es el mensaje enviado por el grupo sucesor del paramilitarismo a líderes del movimiento minero como Yarley Marín, Eliober Castañeda, Vladímir Roldan y Jaime Gallego, quienes han contribuido para que los reclamos de las comunidades lleguen a distintas autoridades del Estado colombiano.
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Incluso, el movimiento minero logró en octubre pasado ganarse un lugar como parte no interviniente en pleito internacional que enfrenta la Nación y una multinacional minera. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con sede en Washington D.C., admitió a la Asociación Mutual de Mineros El Cogote (Asomutualco) como parte no contendiente en la demanda presentada por la empresa Gran Colombia Gold contra el Estado Colombiano en este escenario arbitral.
“Desde inicios del 2021, a través de la página en Facebook Mesa Minera Criminal se nos acusa de incurrir en actos violentos, deforestación y contaminación ambiental, atentando así a nuestro buen nombre y prácticas de minería ancestral y tradicional que se realizan desde la época de la colonia (…) Rechazamos vehementemente estos actos y hacemos un llamado respetuoso al Gobierno para que garantice la protección de nuestra vida y el derecho a la verdad y la justicia, así como a dar las garantías de no repetición de actos violentos en la minería ancestral y tradicional”, señaló la mesa minera.
El panfleto amenazante, que ya fue denunciado ante la Policía por la Mesa Minera, menciona que uno de los motivos para ser amenazados es “entorpecer el desarrollo de las grandes empresas, denunciándolas internacionalmente para que las multen”. Aunque el ministro de Defensa , Diego Molano ha dicho que los Caparros desaparecieron con la muerte de su máximo líder, alias Flechas, en mayo de 2021. Sin embargo, lo que denuncian las comunidades en el Bajo Cauca, es que su estructura sigue operando.
¿Cuál es el pleito?
Se trata de un pleito jurídico iniciado en 2018 por el cual Colombia podría perder más 800 millones de dólares que son alegados por la multinacional como indemnización por un supuesto incumplimiento al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia. Como parte no contendiente en el caso los mineros artesanales tienen derecho a presentar un documento no superior a 20 páginas, el cual ya fue radicado el 23 de septiembre de 2021 y en el que tratan temas relacionados al centro de la disputa entre la multinacional minera y la Nación: la propiedad de la mina El Cogote de 2.800 hectáreas, ubicada entre los municipios de Remedios y Segovia.
La Asociación Mutual dice que ellos hicieron posesión de la mina desde 1970 y que tienen derecho a usufructuar de ella. Sin embargo, en 2010, la empresa canadiense recibió la titulación de la mina de oro y las dos partes entraron en discordia La situación se escaló a tal punto que en 2017, entraron a paro cerca de 7.000 mineros de esos municipios porque, según los mineros, tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como la Gran Colombia Gold estaban desconociendo de tajo la presencia de su labor, la cual llevaban practicando desde hace décadas en la mina el Cogote y otras de esa zona de Antioquia.
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En el documento presentado al CIADI los mineros describieron el contexto socioeconómico y cultural en donde está la mina El Cogote, municipios que han sido escenarios claves del conflicto armado colombiano. Por ejemplo, allí se perpetraron masacres paramilitares y también hicieron presencia la extinta guerrilla de las Farc durante los años ochenta.
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Todo este contexto de amenazas contra el movimiento minero, que también será parte del documento, generó en noviembre de 2016 una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que el organismo interamericano pide que se proteja la vida de varios integrantes de Asomutualco, quienes empezaron a ser amenazados de muerte cuando empezaron a ser voceros de las comunidades mineras en medio del conflicto con las autoridades del Estado colombiano y la Gran Colombia Gold.
Incluso, en septiembre de ese año, fue asesinado el abogado y defensor de derechos humanos, William García Cartagena, cerca a su casa en el suroccidente de Medellín. El defensor público era asesor jurídico de la Mesa Minera de las comunidades de Remedios y Segovia, y había denunciado ante el Gobierno Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) los panfletos amenazantes en una zona del país en la que los grupos sucesores del paramilitarismo se reencaucharon y hoy siguen delinquiendo.
En ese momento los mineros le dijeron a la CIDH que existía un contexto en donde conviven “grupos armados al margen de la ley con intereses económicos y políticas de Estado poco coherentes con el territorio; cuya consecuencia es la re-victimización Estatal”. Además, aseguaron que desde el año 2000, son víctimas de actos de violencia, incluyendo masacres de gran magnitud en la región de Magdalena Medio, Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño. Incluso, un año antes, en 2015, el Secretario de Gobierno de Antioquia calificó la situación como de “estado crítico” afirmando que la tasa de homicidios en Segovia “por cada 100 mil habitantes es de 116 durante el 2015″.
Por David Escobar Moreno
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