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La Fiscalía General desarrolló una investigación para poner en evidencia el patrimonio ilícito del Clan del Golfo, la organización criminal sucesora del paramilitarismo en Colombia. Por medio de esta pesquisa se identificaron 40 bienes, avaluados en $15.000 millones de pesos, que estarían a nombre de testaferros del grupo que está metido en el narcotráfico, minería ilegal, entre otras rentas ilegales. Al parecer, habrían conformado una compañía con un presupuesto inicial bajo, que en cuestión de meses pagó varias propiedades en efectivo. La sociedad por medio de la que se movían las ganancias ilícitas cuenta con seis hoteles en Antioquia
La Fiscalía ocupó los bienes con fines de extinción de dominio, los cuales son 22 inmuebles, siete vehículos, tres propiedades comerciales y ocho establecimientos de comercio, por medio de un procedimiento realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la DIJIN de la Policía Nacional en Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.
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Según el ente investigador, la estructura criminal habría creado una compañía con un patrimonio inicial de seis millones de pesos, pero tan solo un mes después esta compró varias propiedades en efectivo por las que pago 1.080 millones de pesos. Un año después se crearía otra sociedad por medio de la cual se movía dinero de ganancias ilícitas del Clan del Golfo y de la que hacen parte seis hoteles ubicados en Antioquia, de los que aún no se conoce el nombre.
Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo, sería el cabecilla de esta organización que se encargaba de comprar y vender inmuebles con recursos ilícitos, además de crear empresas que sirvieran de fachada para ocultar los dineros ilegales, según señala la investigación de una fiscal del Grupo Especial para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico-Financieros de la Delegada contra las Finanzas Criminales.
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Este ya había sido judicializado por la Fiscalía en 2019 junto con algunos de sus colaboradores por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, entre otros delitos. Las propiedades que ahora están en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se ubican en Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.
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