El viejo hábito de la impunidad

El presidente Santos acaba de demostrarlo sin pudor alguno, a la luz del día: ni más faltaba que los soldados de la República, y un expresidente ya anciano, tuvieran que someterse a un fallo “desproporcionado” de la justicia, ese de condenar a un oficial del ejército a 30 años de prisión por cumplir su misión de defender la patria, ese de obligar al brazo armado de las instituciones a pedir perdón por repeler el ataque de un grupo de fanáticos que buscaba un imposible “juicio popular” a la primera autoridad de la nación, ese de pedir que la Corte Penal Internacional evalúe las acciones del exmandatario Belisario Betancur en un momento en el que el sistema político fue puesto contra la pared a sangre y fuego.

Insólito. Escandaloso. Ridículo. La justicia no puede estar por encima o al margen de las necesidades y exigencias de la política o, mejor, de las estrategias del poder. No se puede derrotar al terrorismo con jueces que, en lugar de contribuir a la causa, parecen sabotearla y, lo peor, darle armas valiosas al enemigo. Por eso, los directos (posibles) afectados buscan reformar la justicia para que este “delírium trémens” de la Cortes y Tribunales sea cortado de raíz. Para que los soldados de tierra, mar y aire puedan cumplir a cabalidad su tarea de exterminio, sin la interferencia perniciosa de los civiles, que nada saben ni entienden cuando se trata de actuar en el campo de batalla. La moral de la tropa no se puede vulnerar con la amenaza, siempre latente, de la acción de los jueces ante una conducta ilegal. Hay que blindar al soldado, hacerlo inmune a la acción de los códigos. La justicia es un lujo que Colombia no se puede dar. Ya vendrán mejores tiempos.

La toma y retoma del Palacio de Justicia es una herida que sangra. No es asunto de fantasmas, sino de realidades de carne y hueso. Cuando culminó la destrucción del edificio (con sus 95 muertos y 10 desaparecidos) y se dio la operación de “limpieza” de los escombros, que, de paso, destruyó pruebas y evidencias, se reflejó como nunca la entraña misma de nuestras miserias: la búsqueda permanente del triunfo de la barbarie. Sin embargo, nunca se imaginaron que al pretender borrar las huellas del crimen, abrían, al mismo tiempo, la necesidad imperiosa de esclarecerlo. En esas llevamos más de cinco lustros. Y aún nos enfrentamos como si la tragedia hubiera ocurrido ayer.
Hace poco, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, pidió perdón por la masacre de El Mozote, en la que murieron cerca de mil personas (la mayoría niños), perpetrada por el Batallón Contrainsurgente Atlacatl. Hubo desaparecidos y violencia sin límite. Fueron días de terror, entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981. El momento más tenebroso de la guerra civil en ese país. El presidente, que llegó al poder a nombre de la guerrilla desmovilizada del FMLN, lloró al recordar los hechos y nombró a los militares que provocaron la matanza.

Pero los salvadoreños firmaron la paz hace veinte años. Ahí está la clave: que el Tribunal Superior de Bogotá, en su sentencia contra el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, haya ordenado que las Fuerzas Armadas pidan perdón por el “holocausto” del Palacio de Justicia, es un gesto que llega demasiado temprano, cuando aún no se ve con claridad su valor. Hacen falta aún muchos muertos, mucha ignominia, para que por fin, un día, en plena plaza de Bolívar, todos los involucrados en estas sucesivas olas de violencia pidan perdón por sus desafueros y crímenes. Ese será el momento en que podremos mirar hacia adelante sin olvidar el pasado. Mientras tanto, vencer al enemigo histórico es la prioridad. No hay tregua.