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Apenas habían transcurrido quince días de este año y dos denuncias de abuso y agresión policial en Bogotá ya se robaban la atención en redes sociales. Ad portas de cumplirse un mes de los hechos y la noticia parcial de las autoridades fue la apertura de una investigación, que pareciera no tener mayor impacto.
La primera fue de dos mujeres trans, quienes relataron cómo en la estación de Policía de Antonio Nariño les habrían propinado golpes, electrochoques con una pistola táser y las habrían obligado a desnudarse y arrodillarse para “pedirles perdón” a unos uniformados. La segunda fue la de Jhean Carlo Acevedo, golpeado por un patrullero en un procedimiento policial en Teusaquillo. Tras la denuncia, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, respondió que el uniformado actuó “para proteger su integridad”.
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Estas situaciones parecieran parte del paisaje no solo de la capital sino del resto del país. Según la Policía, entre enero y septiembre de 2021 abrieron 231 investigaciones internas, en el marco del paro nacional. A la fecha, 111 siguen activas, mientras que 120 se cerraron por ausencia de responsabilidad de los uniformados. Entre los hechos investigados hay trece homicidios y diez por lesiones personales.
A pesar de la contundencia de los casos, el único resultado es de cuatro uniformados sancionados, dos destituidos y siete suspendidos. No obstante, revisando el histórico de la Policía, las cifras muestran que el abuso de autoridad no es novedad. De las investigaciones abiertas entre 2016 y 2021, 1.446 siguen activas y 1.643 uniformados siguen vinculados a las investigaciones por procesos por uso excesivo de la fuerza y abuso de poder.
La problemática sería más amplia. Según Medicina Legal, del 2017 al 2019 se registraron 639 homicidios que involucran a la fuerza pública, de los cuales 328 se le atribuyen a militares. Aunque son casos aislados, no es un dato menor que 192 se hayan dado en vía pública, lo que evidencia que estarían mediados por acciones represivas.
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La violencia sexual tampoco ha sido ajena a la institución. Medicina Legal también reportó que en esos mismos tres años denunciaron 241 abusos sexuales que involucrarían a integrantes de la fuerza pública. De estos, 139 se les atribuyen a militares y 102 a policías.
El malestar general de la ciudadanía radica en que los casos resueltos son menos que los activos, por lo que hay una sensación de impunidad. Aunque los resultados no son los mejores y muchas veces la presión social acelera las investigaciones, hay hechos en los que la justicia tarda, pero llega.
Como el caso que desató las protestas del 9S, tras el asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordóñez a manos de dos policías. Al expolicía Juan Camilo Lloreda lo condenaron a veinte años de cárcel y Harby Rodríguez está en detención preventiva. La violenta ola de manifestaciones posteriores a ese homicidio también dejó varias acciones disciplinarias, por exceso de fuerza. Cifras oficiales establecen que entre finales de 2019 y todo el 2020, cerca de trece personas perdieron la vida a manos de la reacción armada de la Policía. Por estos casos, a diciembre pasado, solo estaban en juicio tres patrulleros señalados de comandar acciones violentas en las manifestaciones.
El último escándalo corrió por cuenta de la denuncia que señala a policías de retener ilegalmente y torturar manifestantes en los portales Américas y Suba el año pasado. En los últimos tres años se ha cuestionado con vehemencia el proceder de la fuerza pública. No obstante, en eso no está de acuerdo Javier Niño Cubillos, decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la U. Sergio Arboleda, quien dice que la forma de operar de la Policía y el Ejército se debe mirar en el contexto actual del país, donde ha crecido la delincuencia y persisten las bandas criminales.
“En este escenario, en el que la fuerza pública responde a nivel general de manera adecuada, necesita más respaldo de la ciudadanía y más efectivos. El voluntariado ciudadano en apoyo a medidas de prevención del delito es clave, así como la identificación de las causas de nuevas violencias para impedir su crecimiento”, señala Javier. Por otra parte, con relación a la confianza que se ha roto entre ciudadanos y Policía, Niño señala que no se puede generalizar y que los abusos nos son cotidianos. “Por las responsabilidades individuales, aún en investigación, no se puede estigmatizar a la institución. Se debe surtir un debido proceso y si se comprueban delitos, juzgar a los responsables, sin estigmatizar al conjunto de la Policía”, agrega.
La actuación de las autoridades ha sido cuestionada también por algunos sectores políticos, que solicitan una reforma policial. Frente a esta intención, que busca la protección de derechos en espacios como la protesta social, el decano no está de acuerdo, al señalar que la labor de la Policía tal como está ha permitido “constantes labores de inteligencia, que han permitido la captura de criminales que le hacen un daño a la sociedad”.
Por supuesto, su afirmación tiene detractores. César Niño, profesor de la U. de La Salle, asegura que sí existe desconfianza entre la ciudadanía y las autoridades, por hechos como los de los últimos años, por lo que sería válido replantear su accionar. “La violencia ha sido apaciguada por más violencia y eso solo termina generando el efecto contrario, una agudización en aspectos como la protesta”. Precisamente ante esa ruptura, plantea que la figura de autoridad se debe construir con mayor legitimidad y cercanía, para que no se perciba al policía como “un opresor”, sino como un aliado de la gente para hacerle frente al crimen. “Esto repercute con qué tipo de formación les están dando a los miembros de la fuerza pública, para enfrentar al delincuente y cómo tener una relación armónica con la ciudad”.
La protesta social y las recientes denuncias de abuso de autoridad ponen en evidencia, además de una falta de resultados en las investigaciones disciplinarias, la necesidad de fortalecer la fuerza pública no en cantidad de uniformados, sino en calidad en la ejecución de sus funciones y forma de relacionarse con la ciudadanía.
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